Madrid, viernes 2 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El pleno del Congreso de los Diputados ha sido escenario este viernes de la muerte política en directo de un sanchismo agónico y de la derrota total de la soberbia de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. El bloque gubernamental del Partido Socialista (PSOE) y la ultraizquierda de Movimiento Sumar ha contemplado con impotencia cómo la Cámara baja derogaba de forma consecutiva sus dos reales decretos leyes liberticidas en materia de vivienda. El autócrata socialista, que pretendía instrumentalizar políticamente el desahucio de María del Carmen Abascal para justificar su asalto a la propiedad privada, ha chocado contra la realidad parlamentaria. La farsa del «Caso Maricarmen» ha quedado al descubierto ante la opinión pública: la afectada, lejos de ser una persona vulnerable, es una exfuncionaria del Estado con una pensión y ahorros consolidados que disfrutaba de un alquiler de renta antigua franquista inferior a 500 euros con todos los gastos incluidos (luz, gas y agua), y que llegó a rechazar de forma sistemática múltiples alternativas habitacionales, tanto públicas como privadas, por el simple capricho de querer vivir en el exclusivo y lujoso barrio de El Retiro de Madrid.
El primer documento fulminado por el pleno ha sido el «Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual». A través de cinco párrafos de coacción normativa, este texto de ley de alquileres pretendía dinamitar los cimientos del mercado inmobiliario imponiendo una prórroga forzosa e inamovible de dos años en todos los contratos de alquiler vigentes, expropiando temporalmente la capacidad de los propietarios legítimos para actualizar las rentas o disponer de sus bienes.
Asimismo, el decreto ley articulaba un blindaje jurídico absoluto para el movimiento delictivo de la okupación ilegal de inmuebles y la morosidad habitacional de los denominados «inquiokupas», prohibiendo de forma taxativa los lanzamientos judiciales y paralizando los desahucios de manera indefinida bajo una vaga cláusula de vulnerabilidad social que trasladaba la responsabilidad de la asistencia social del Estado hacia los pequeños ahorradores privados. La norma perseguía con saña policial las modalidades de arrendamiento de temporada y turísticas, asfixiando por completo la libre contratación en el Reino de España.
El segundo texto de ley de vivienda tumbado de inmediato en las Cortes ha sido el «Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible», el cual ha sido formalmente rechazado en el panel electrónico por 172 votos a favor y 178 en contra. Esta norma de corte puramente totalitario desplegaba un agresivo mecanismo de expolio fiscal que gravaba con subidas confiscatorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los inmuebles que la administración decidiera calificar de forma arbitraria como «viviendas desocupadas».
El decreto ley de función social de la vivienda imponía la obligación colectiva e ilegal de ceder de forma gratuita un 30 % de todo el suelo de nueva construcción para proyectos gestionados por la ultraizquierda, incrementando el precio final de los pisos para las familias de la clase trabajadora española. Finalmente, abría las puertas a la expropiación forzosa del uso de las viviendas de entidades jurídicas y particulares bajo el pretexto de la «función social», permitiendo que los ayuntamientos de los Zurdos confiscaran fincas privadas de forma clientelar.
El hachazo de Míriam Nogueras y las caras de poema de los Zurdos
La estocada definitiva al sanchismo ha venido de la mano de la portavoz del grupo parlamentario de la derechista cobarde y separatista de Junts per Catalunya (JxCat), Míriam Nogueras Camero. En una intervención de extrema dureza desde la tribuna del Congreso, la fiel escudera del prófugo de la Justicia española, Carles Puigdemide Casamajó, ha fulminado las pretensiones del bloque gubernamental acusando a los ministros socialistas de invadir de manera flagrante las competencias de la Generalitat y de intentar imponer leyes centralistas desde Madrid.
Nogueras ha dejado sentado que los separatistas no están dispuestos a ceder espacio político ni a humillarse ante el intervencionismo económico del PSOE, dinamitando de esta forma el bloque de la investidura. Con un mensaje desafiante y desprovisto de cualquier sentido de lealtad nacional, la portavoz de JxCat ha ratificado que el apoyo de su formación al Ejecutivo se vende caro cada semana, priorizando el blindaje de las estructuras del Procés sobre la estabilidad legislativa de la nación española.
Las innings de la votación presencial en el hemiciclo han reflejado un momento histórico de tensión y absoluto colapso en la bancada gubernamental. En el instante en que el panel electrónico ha confirmado los 178 votos en contra de la convalidación de los decretos, las caras de poema, el estupor y el pánico se han contagiado de forma inmediata entre los escaños de los Zurdos de Movimiento Sumar y del PSOE.
Frente al silencio sepulcral y la desolación de los ministros socialistas, la oposición soberana de Vox, el Partido Popular (PP) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha prorrumpido en aplausos unánimes celebrando la derogación de las normas liberticidas. Los incidentes verbales y los reproches cruzados se han sucedido en el salón de plenos, escenificando la pérdida absoluta del control parlamentario de un Pedro Sánchez que contemplaba la escena con una mueca de evidente crispación y soberbia herida.
Pánico en La Moncloa: El fracaso en el Congreso obliga a Sánchez a valorar elecciones
Esta febril obsesión legislativa de los Zurdos por intervenir el mercado privado contrasta de forma sangrienta con su total pasividad ante los dramas reales que asfixian a la soberanía nacional. El bloque gubernamental y sus terminales feministas no han movido ni un solo dedo por defender a los compatriotas ceutíes que sufren una cruenta invasión migratoria diaria, una crisis fronteriza reconocida oficialmente por el Parlamento Europeo que hasta ahora no ha merecido la aprobación de ningún Real Decreto Ley de emergencia para los ciudadanos de la ciudad autónoma. Todo lo contrario: el Ejecutivo gasta diariamente millones de euros públicos en la acogida, manutención y traslado de los asaltantes extranjeros ilegales, desafiando de forma contumaz el reciente aval de la Unión Europea, que faculta la expulsión inmediata de los inmigrantes de suelo europeo y determina que la tramitación de las solicitudes de asilo debe externalizarse fuera de las fronteras de la Unión Europea.
El chantaje de la reflexión: El precedente del ‘Caso Begoña’
Ante el abismo de encontrarse en minoría y sin capacidad legislativa, un derrotado y soberbio Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha vuelto a recurrir a su clásica estrategia de chantaje institucional, anunciando que se retira a un periodo de «análisis y reflexión» para decidir si convoca un adelanto electoral inmediato fijando las urnas para el 29 de noviembre de 2026. No es la primera vez que, al verse contra las cuerdas y desprovisto de poder, el autócrata socialista paraliza el país mediante su factoría de simulación. Al inicio de la presente legislatura, Sánchez ya protagonizó una espantada inédita al dejar de acudir a su puesto de trabajo durante cinco días de reflexión —manteniendo de forma íntegra el cobro de su sueldo público a costa de los contribuyentes— bajo el pretexto de reflexionar sobre la continuidad en su cargo tras la apertura de las diligencias judiciales contra su propia esposa por presunta corrupción.
Aquel primer periodo de supuesta meditación interna del líder del PSOE constituyó un burdo intento de presionar a la judicatura y desviar la atención pública de la verdadera causa que acechaba al entorno de La Moncloa. El tiempo y la firmeza del Estado de derecho han terminado desmontando la estrategia defensiva del socialismo: la esposa del presidente del Gobierno, María Begoña Gómez Fernández, ha sido finalmente procesada de forma oficial tras la rigurosa e histórica instrucción dirigida por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García.
La mujer del líder socialista se encuentra hoy sentada formalmente en el banquillo de los acusados frente a un Tribunal con jurado popular por delitos continuados de tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados, un hito judicial indiscutible que estrecha el cerco sobre el núcleo del sanchismo y que explica el pánico y el descontrol parlamentario vivido este viernes en las Cortes españolas.