Madrid, viernes 2 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- Batacazo parlamentario total del Gobierno de coalición socialcomunista. El Congreso de los Diputados ha derogado este viernes los dos polémicos Reales Decretos Leyes de vivienda y alquiler promovidos por el sanchismo tras el fracaso de su convalidación en el pleno. La líder de la ultraizquierda Podemos, Ione Belarra Urteaga, ha responsabilizado «totalmente» al Partido Popular (PP), a Vox y a Junts per Catalunya (JxCat) de todos los desahucios de delincuentes okupas e inquilinos morosos que se produzcan a partir de ahora. Belarra ha atacado con dureza a las formaciones que defienden la propiedad privada y el Estado de derecho, acusándolas de frustrar un limbo legal que permitía a quienes dejaban de abonar sus rentas residir gratis durante meses en propiedades ajenas aprovechando la lentitud de los procesos judiciales de expulsión.
Durante su intervención en el pleno, la dirigente de la formación antiisraelí ha expresado su respaldo incondicional a la «huelga general» de alquileres promovida por colectivos extremistas vinculados al Sindicato de Inquilinas. Belarra se ha dirigido de forma amenazante a los diputados de la oposición para advertirles de que la izquierda radical no olvidará la votación: «Cada vez que haya un desahucio serán ustedes quienes con sus propias manos estén echando a la gente de su casa».
Asimismo, ha defendido la continuidad de las movilizaciones callejeras y las acampadas ilegales de la Puerta del Sol, definiéndolas de forma provocadora como «lo mejor que nos ha pasado en este país» y sentenciando que «cuando la gente se organiza tiene más poder que el Congreso y el Gobierno». Belarra ha reprochado además la «enésima decepción» que le ha causado el PSOE y ha instado a Pedro Sánchez a volver a presentar las medidas de reclusión de la propiedad privada «mes a mes» ante la Cámara.
Por su parte, los socios minoritarios del bloque de investidura han encajado la derrota parlamentaria con insultos y llamamientos a la agitación social. La portavoz del partido separatista de ultraizquierda Compromís, Águeda Micó Micó, ha arremetido contra la bancada de la propiedad privada asegurando que PP, Vox y Junts «venderían hasta a su madre por una caricia de los poderosos», al tiempo que ha reconocido que votaban a favor por estricto «mandato del Sindicato de Inquilinas» y ha arengado a las masas al grito de «que continúe la lucha». En una línea similar, el diputado de la extrema izquierda separatista gallega del BNG, Néstor Rego Candamil, ha admitido que el apoyo de su grupo era puramente instrumental para intentar consolidar estas medidas de asfixia del mercado inmobiliario. Finalmente, la diputada de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido García, ha respaldado el primer texto criticando la presencia de fondos de inversión, aunque ha lanzado una advertencia directa al sanchismo ante la inoperancia legislativa: «Si no somos capaces de responder al primer problema que tiene la gente, disuelvan la cámara».
El rodillo que fracasó: El contenido de los decretos leyes de Sánchez
El primer Real Decreto Ley de vivienda derogado este viernes por el pleno de las Cortes constituía un paquete masivo de intervención de precios y restricciones al mercado del arrendamiento. El texto legal estipubulaba la prórroga forzosa y obligatoria de la prohibición de ejecutar desahucios a personas calificadas en situación de vulnerabilidad hasta el 31 de diciembre de 2030, traspasando a los pequeños propietarios particulares la responsabilidad social de dar cobertura residencial. Asimismo, la norma regulaba de forma coercitiva los contratos de alquiler temporal y por habitaciones, e imponía un incremento del IVA al 10 % para los pisos turísticos con el único fin de estrangular fiscalmente este sector productivo.
La normativa sanchista dinamitaba la libertad de pactos entre las partes al decretar una prórroga unilateral de dos años para todos los contratos de arrendamiento de larga duración que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028. De forma paralela, el texto fijaba topes obligatorios a la actualización anual de las rentas para el año 2027, imponiendo una congelación absoluta del 0 % en aquellas mensualidades que superaran los máximos del índice oficial de referencia de la Moncloa, y permitiendo un incremento residual de apenas el 2 % para los contratos que se situaran por debajo de dicho baremo.
El segundo Real Decreto Ley, considerado de forma unánime por el sector jurídico como un ataque frontal a la propiedad privada garantizada en el artículo 33 de la Constitución, constaba de un artículo único concebido para establecer la renovación automática e indefinida de todos los alquileres en territorio nacional. Con este blindaje, los arrendadores españoles se veían privados del derecho a disponer de sus bienes inmuebles al finalizar el contrato, viéndose obligados a litigar en los tribunales para demostrar una causa de necesidad familiar extrema si querían recuperar su propiedad. En caso de no poder cumplir con las exigencias administrativas del Gobierno, el propietario era castigado con la obligación de indemnizar económicamente al inquilino moroso o saliente.
La defensa de la libertad: El Partido Popular y Vox liquidan el plan comunista
Frente a las tesis colectivistas del sanchismo, el Partido Popular ha defendido en el hemiciclo que los parches coercitivos del Ejecutivo socialcomunista han provocado la mayor destrucción de la oferta inmobiliaria de la historia de la democracia. Los populares han denunciado que la inseguridad jurídica amparada por las leyes de la izquierda desincentiva a los propietarios, retira miles de inmuebles del mercado residencial y encarece las rentas de forma inasumible para los jóvenes y las clases medias. La bancada popular ha censurado el sectarismo ideológico de un Gobierno en minoría que se niega a incentivar fiscalmente la salida de viviendas al mercado y prefiere alentar el asedio de colectivos violentos contra las instituciones legítimas del Estado.
Moncloa en la UCI: Junts ratifica el ‘no’ al decreto de vivienda y aboca a España a las urnas
Por su parte, el Grupo Parlamentario de Vox ha protagonizado la impugnación más firme y doctrinal de los decretos de Sánchez, señalándolos como una «coartada fraudulenta» para privatizar las soluciones residenciales a costa de los ahorros de las familias españolas. El portavoz de la formación patriota, Carlos Hernández Quero, ha desmontado con lógica económica los argumentos totalitarios de Podemos y Sumar: «Si prohíbes desahuciar a vulnerables, nadie va a alquilar a vulnerables. Si incrementas los costes de salida, incrementas los costes de entrada».
Vox ha criticado que al sanchismo le «importa un comino» el acceso de los españoles a una casa en propiedad y que su único objetivo real al reactivar de urgencia estos decretazos es agitar el enfrentamiento civil, movilizar el voto extremista para prolongar la legislatura y tapar su alarmante debilidad parlamentaria.
Asimismo, la formación presidida por Santiago Abascal ha denunciado el silencio cómplice y la «ceguera selectiva» de Pedro Sánchez y sus socios al omitir en el texto legal la principal causa del colapso habitacional de España: el impacto demográfico de la inmigración masiva e ilegal.
Vox ha recordado en la tribuna de oradores que la llegada descontrolada de cinco millones de personas en cinco años ha desbordado por completo el parque de viviendas, generando el hacinamiento crónico de jóvenes y familias que se ven expulsados del mercado por las políticas globalistas de fronteras abiertas. Frente al rodillo comunista, el partido patriota ha exigido una reforma profunda de la Ley del Suelo para liberalizar terreno, erradicar la asfixia burocrática del urbanismo y devolver la seguridad y el orden a unos barrios catalanes y resto de España asolados por la delincuencia y la okupación ilegal.