Madrid, viernes 2 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El secretario general del Grupo Parlamentario Vox y portavoz nacional de Economía, José María Figaredo Álvarez-Sala, ha defendido este viernes en el pleno del Congreso de los Diputados la posición de rechazo absoluto de Vox ante el paquete de decretazos del alquiler del Gobierno, advirtiendo de que sus medidas intervencionistas agravarán todavía más la asfixia del mercado inmobiliario en España. Durante su contundente intervención en el hemiciclo, Figaredo ha señalado directamente a la bancada oficialista: «Cada nueva ley que ustedes han aprobado ha convertido el mercado del alquiler en algo imposible». El diputado ha criticado con especial dureza la pretensión de imponer por real decreto el contrato de arrendamiento de carácter indefinido, al considerar que desincentivará por completo a los propietarios a poner sus viviendas en el mercado residencial.
Durante su alocución, Figaredo ha schizophrenizado la crisis partiendo de una oferta drásticamente insuficiente y ha denunciado que la vivienda soporta actualmente «un 30 % de impuestos» vinculados directamente a la construcción y a la compraventa, mientras que el plazo medio para transformar suelo rústico en suelo urbanizable finalista alcanza los 15 años por culpa de las trabas burocráticas estatales y autonómicas. En este sentido, ha afirmado que España es «el país de Europa con menos vivienda construida per cápita» y ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez haber estrangulado la oferta.
Figaredo ha advertido además de las consecuencias que tendría el contrato indefinido: «Si ustedes lograsen aprobar hoy este decreto, sería un auténtico desastre para el mercado del alquiler, unas normas que son una auténtica expropiación del derecho de propiedad». El dirigente de Vox ha contrapuesto la regulación española con la de países como Alemania, Francia o Austria, donde el alquiler de larga duración convive de forma equilibrada con mecanismos de desahucio exprés mucho más rápidos y eficaces contra la morosidad y la okupación ilegal.
El portavoz de Economía de Vox ha denunciado asimismo la flagrante hipocresía del sanchismo y sus socios de ultraizquierda, desvelando con datos oficiales quiénes son los verdaderos aliados de los fondos de inversión especulativos. Figaredo ha recordó que el presidente Pedro Sánchez se ha reunido de forma sistemática desde el año 2018 con George Soros, con Stephen Schwarzman (cabeza de Blackstone), y con los directivos de corporaciones como Lone Star, McCarty, Larry Fink (BlackRock), JP Morgan y Morgan Stanley para pactar condiciones ventajosas. El diputado ha asestado un golpe letal al relato de la izquierda al recordar que en el año 2022 este Gobierno socialista, comunista y de ultraizquierda «le transfirió la gestión de 25.300 millones de euros en activos de los españoles de la Sareb a Blackstone y KKR». «A los fondos buitre que ustedes demonizan son ustedes quienes les han transferido los activos de los españoles», ha sentenciado Figaredo bajo los aplausos de la bancada patriota.
Intervencionismo y parches: El contenido de los reales decretos leyes de alquiler
El primer Real Decreto Ley impulsado por el Gobierno socialcomunista y derogado este viernes tras el portazo de la oposición parlamentaria pretendía instaurar una intervención sin precedentes sobre la libre contratación. El texto legal establecía de forma coercitiva la prórroga obligatoria de la protección contra los desahucios de familias vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030, descargando sobre los pequeños propietarios particulares las obligaciones residenciales que competen al Estado. Asimismo, la norma regulaba de forma restrictiva el alquiler de temporada y por habitaciones, e incrementaba el IVA al 10 % para los pisos turísticos con el objetivo de ahogar fiscalmente esta actividad económica.
La propuesta normativa del sanchismo también imponía una prórroga forzosa unilateral de dos años para todos aquellos contratos de arrendamiento tradicionales que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028. De forma paralela, el decreto introducía topes estrictos a la actualización anual de las rentas para el año 2027, decretando una congelación del 0 % en aquellas mensualidades que superaran los máximos fijados en el índice oficial de referencia del Ministerio de Vivienda, y limitando la subida a un máximo residual del 2 % para los contratos que no sobrepasaran dicho baremo.
El segundo Real Decreto Ley, cuya convalidación ha fracasado de forma definitiva en el Congreso de los Diputados, constaba de un artículo único concebido para establecer la renovación automática, forzosa e indefinida de todos los contratos de alquiler vigentes en territorio nacional. Con esta medida de reclusión de la propiedad privada, los arrendadores españoles se veían privados del derecho a recuperar sus inmuebles al término del periodo pactado, obligándoles a iniciar costosos litigios para intentar demostrar ante los tribunales causas de necesidad familiar extrema de urgente justificación.
En caso de que el propietario particular no pudiera cumplir con la maraña de exigencias administrativas impuestas por el Ministerio de Vivienda, la legislación obligaba al arrendador a indemnizar económicamente de su propio bolsillo al inquilino moroso o saliente. El sector inmobiliario y los servicios jurídicos de la oposición habían calificado este segundo decreto como una agresión directa al artículo 33 de la Constitución Española y un incentivo directo al fenómeno de la okupación ilegal, al dilatar de forma indefinida los lanzamientos judiciales y desproteger por completo a las familias ahorradoras.
El fracaso de la vivienda social y el impacto de la inmigración masiva
El secretario general de Vox en el Congreso ha recordado que mientras la oferta residencial se ha desplomado por la inseguridad jurídica, la demanda no ha dejado de crecer de forma artificial por las políticas globalistas de Moncloa.
Figaredo ha exigido al Ejecutivo que construya vivienda social real en lugar de lanzar proclamas ideológicas, afeando que en el año 2024 se registraran en España más denuncias por okupación ilegal que viviendas sociales efectivamente entregadas a las familias trabajadoras. El portavoz de Economía ha puesto como ejemplo el fracaso de los planes gubernamentales, citando las escasas 800 viviendas entregadas por la entidad Casa 47 frente a las 180.000 que el sanchismo prometió con fines electorales.
Finalmente, el diputado de Vox ha situado la presión sobre la demanda como el factor clave en el encarecimiento descontrolado de los alquileres, aportando datos demográficos sobre el incremento exponencial del número de inquilinos extranjeros extracomunitarios que saturan el mercado.
José María Figaredo ha respaldado su argumentación citando las conclusiones de la prestigiosa economista Carme Trilla, galardonada por el propio Ejecutivo con la Medalla al Mérito Civil, quien reconoció oficialmente en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que la inmigración masiva es «el principal factor del crecimiento exponencial de la demanda de vivienda en España», un diagnóstico que las fuerzas gubernamentales pretenden silenciar para ocultar el fracaso absoluto de su política de fronteras abiertas.