La comisión permanente del Consejo de Estado de la nación la impugnación del referéndum de autodeterminación en cubierto del 9-N del presidente Artur Mas. El Consejo De Estado cree se parece al primero que fue suspendido por el Tribunal Constitucional. «la pregunta es la misma» ha declarado Miguel Rodríguez Piñero, hecho determinante que ha sido clave para la decisión por unanimidad de todos los miembros del Consejo de Estado de la Nación por coherencia a su pasado informe.
[Redacción – RTVE.es / AGENCIAS ] La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha aprobado este jueves por unanimidad un dictamen favorable a la impugnación de la consulta alternativa anunciada por el Govern para el próximo 9 de noviembre tras renunciar a su convocatoria original en los términos del decreto suspendido por el Tribunal Constitucional.
El Consejo de Estado considera que esta consulta «eleva, si cabe» la gravedad de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional porque «se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales».
El dictamen aprobado, al que ha tenido acceso Efe, afirma que el hecho de que Mas o el Gobierno catalán no hayan aprobado un decreto de convocatoria del «proceso de participación ciudadana» en modo alguno impide «apreciar la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado».
Asimismo, considera que el objeto y elementos esenciales de la nueva consulta son «sustancialmente idénticos» a los de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional.
Rajoy podrá firmar la impugnación en el Consejo de este viernes
El dictamen fue solicitado por el Gobierno el pasado lunes y permitirá autorizar al presidente, Mariano Rajoy, a firmar la impugnación en el Consejo de Ministros de este viernes.
El máximo órgano consultivo del Gobierno remitirá este mismo jueves al Ejecutivo el dictamen aprobado por la Comisión Permanente, que preside José Manuel Romay Beccaría, y que es preceptivo pero no vinculante para acudir al Tribunal Constitucional.
El dictamen ha sido redactado por la Sección Primera del Consejo de Estado, que preside Landelino Lavilla, encargada también del informe sobre los recursos que el Ejecutivo presentó contra la Ley de Consultas y el decreto de convocatoria del referéndum del 9N, firmado por el presidente catalán, Artur Mas.
En su informe favorable al recurso contra la consulta original del 9N, el propio Consejo de Estado ya dejó claro que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para «otro tipo de cosas», como recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
El Gobierno ve un «referéndum ilegal»
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado tras conocerse el dictamen, que el Gobierno debatirá este viernes la impugnación de la consulta alternativa del 9N en el Consejo de Ministros con el «único criterio» de garantizar el cumplimiento de la ley y que tomará la decisión que «convenga al interés general».
Rajoy ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa junto a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, tras la reunión que han mantenido.
El Ejecutivo solicitó el pasado lunes al Consejo de Estado que informara con carácter de urgencia sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las actuaciones de la Generalitat «relativas a la convocatoria a los catalanes, catalanas, y personas residentes en Cataluña para que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre, mediante un denominado proceso de participación ciudadana».
Según el Gobierno,»puede haber un cierto fraude de ley» en el nuevo proceso abierto por la Generalitat para el mismo 9 de noviembre, es decir, que «se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo», en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya que se habla, aseguran, de proceso participativo pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal.
Fuentes gubernamentales informaron a Europa Press de que esa impugnación del Gobierno se apoyará en dos argumentos principales: el mantenimiento de la pregunta planteada para la consulta soberanista original y la implicación de la administración catalana en el nuevo proceso.
El nuevo «proceso participativo» convocado para el 9 de noviembre plantea la pregunta:»¿Quiere que Cataluña sea un Estado? Y, en caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?», según la página web de la Generalitat y las instrucciones dadas a los funcionarios catalanes.
El Govern «sigue adelante»
Tras conocerse el dictamen favorable del Consejo de Estado a la impugnación, el presidente catalán, Artur Mas, ha afirmado que está «de todo menos sorprendido» y ha abogado por seguir adelante con la nueva consulta a la espera de que se materialice la impugnación del Gobierno y ver sus argumentos.
En los pasillos del Parlament y en una conversación informal con los periodistas, Mas ha admitido que está «de todo menos sorprendido» por la decisión del Consejo de Estado, pero, en todo caso, ha dicho que el proceso del 9N sigue «adelante» a la espera de analizar los argumentos que se usarán para la impugnación ante el Tribunal Constitucional y lo que decida el Alto Tribunal.
El gobierno del presidente Mas aseguró este martes que habría urnas el próximo 9 de noviembre y descartó que el Gobierno pudiera impugnar en su totalidad el «proceso participativo» al considerar que no se trata de un referéndum.
Los partidos soberanistas llaman a participar
Por su parte, el líder de CiU en el Parlamento de Cataluña, Jordi Turull, ha hecho un llamamiento a que los catalanes vayan a votar en el proceso participativo del 9 de noviembre, ya que ha asegurado que el dictamen del Consejo de Estado no cambia «nada de lo previsto» sobre ese día.
Los máximos dirigentes de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, Ramon Espadaler y Josep Maria Pelegrí, han firmado una carta enviada este jueves a los militantes democristianos en la que les pide que, «a las puertas del 9 de noviembre», tengan la «máxima implicación» y se logre una «participación masiva» en la nueva consulta.
El diputado de la CUP David Fernández ha llamado a «desobedecer» si Cataluña quiere ser «respetada» como pueblo y ha apuntado que se pondrán urnas el 9 de noviembre «diga lo que diga» el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y el Gobierno de Mariano Rajoy.
Mientras, el portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña, Maurici Lucena, ha instado al Estado a no impugnar la votación del 9N, y ha recordado que el dictamen que este jueves ha emitido el Consejo de Estado sobre el proceso participativo no es vinculante. El Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la primera consulta planteada por el gobierno del presidente Artur Mas.
