Lasvocesdelpueblo y Agencias – El delincuente inhabilitado, expresidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra Pla, alias Quim Torra, ha invocado a la justicia belga y su decisión de no entregar a España al huido golpista exconsejero Lluís Puig, como es el caso de todos los prófugos golpistas del Procés en ese país, ante la juez de Barcelona que lo ha dejado a un paso de juicio por desobediencia en su segunda causa por negarse a retirar el lazo amarillo de la Generalidad de Cataluña. Barcelona (España), lunes 11 de enero de 2021.
Según ha informado a través de su oficina, el delincuente expresidente catalán Joaquim Torra Pla, que ya fue inhabilitado por desobediencia, ha presentado un recurso contra el auto en que la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona concluía que incurrió en una «contumaz rebeldía» por negarse a acatar la orden judicial para retirar los símbolos de apoyo a los golpistas presos del Palacio del Gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña.
La defensa de Torra blande en su recurso la decisión del Tribunal de Apelaciones de Bruselas, que la semana pasada rechazó la entrega del huido golpista exconsejero de Cultura Lluís Puig, una resolución que, asegura el escrito, «ha recordado a España la obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia».
Como ya hiciera en su primera causa por desobediencia, Torra sostiene ante la juez que su decisión de desoír la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que descolgara del Palacio del Gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña la pancarta partidista a favor de los golpistas presos del Procés «está amparada en su derecho a la libertad de expresión, de participación política y de ejercicio de cargo representativo» aunque sea en periodo electoral.
El recurso de Joaquim Torra Pla (Quim Torra) reprocha además a la juez que haya extraído conclusiones sobre los hechos investigados en un momento procesal en que no corresponde hacerlo, como cuando alude a la «contumaz rebeldía» de Quim Torra, lo que según la defensa del delincuente Quim Torra es una muestra de su «pérdida de imparcialidad».
Otro de los argumentos que esgrime su abogado del delincuente Torra, Gonzalo Boye, es que el TSJC ordenó retirar la pancarta partidista a favor de los golpistas presos del Procés antes de resolver los recursos que Torra presentó contra su ultimátum.
Por ese motivo, alega la defensa, la negativa del delincuente Torra no constituiría un delito, dado que el Código Penal establece que no incurren en desobediencia las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato que suponga una «infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley».
En su auto, la juez concluye que Torra incurrió presuntamente en un delito «menos grave» de desobediencia por su «falta de acatamiento» a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que le fue notificada personalmente el 23 de septiembre de 2019, para que retirara del balcón del Palau de la Generalidad la pancarta partidista que había colgado el 27 de mayo de ese año para pedir la libertad de los «presos políticos y exiliados», con un lazo amarillo separatista.
«Sin que ello implique hacer valoraciones anticipadas, la conducta del investigado demuestra indiciariamente una contumaz rebeldía frente a lo ordenado», advierte la juez, que subraya que la Oficina del Presidente de la Generalidad de Cataluña publicó un comunicado el 20 de septiembre de 2019, cuando ya había sido requerido personalmente para que acatara la orden judicial, manifestando expresamente que no retirarían la pancarta partidista de la fachada del Palacio del Gobierno autonómico de la Generalidad de Cataluña.
