Efe – Se trata de la primera ocasión en que la cuestión de los observadores entra en escena en el juicio del «procés», un aspecto clave para las acusaciones a la hora de justificar la malversación que atribuye a todos los acusados del Govern de Carles Puigdemont ya que existen pagos acreditados a empresas en Londres y Bruselas. De esta forma ha contextualizado el pago de 40.591 euros al grupo de Catt, pero se ha desvinculado de unos pagos presuntamente realizados desde Bruselas al The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), de quien dependía el grupo de Everts. Pero ante de tratar de salvar esta cuestión, Royo ha desvinculado funcional y jerárquicamente a Diplocat de la Generalitat. «Nosotros no éramos ningún Ministerio de Exteriores ni nada» porque, además, «el presupuesto del Diplocat no lo decidía la Generalitat», si bien su aportación «oscilaba entre el 85 y el 90%» del total. Madrid (España), miércoles 13 de marzo de 2019.
El ex secretario general de Diplocat Albert Royo ha admitido que esta entidad pagó los gastos de «expertos» que se desplazaron voluntarios a Cataluña por el 1-O para «hacer un análisis académico», pero no como «observadores internacionales» para supervisarlo, pese a que la Generalitat los presentó así.
Se trata de la primera ocasión en que la cuestión de los observadores entra en escena en el juicio del «procés», un aspecto clave para las acusaciones a la hora de justificar la malversación que atribuye a todos los acusados del Govern de Carles Puigdemont ya que existen pagos acreditados a empresas en Londres y Bruselas.
Pero este miércoles el que fuera secretario general de Diplocat ha negado rotundamente que el equipo de parlamentarios europeos desplazados para el referéndum lo hiciera en calidad de «observadores electorales internacionales», sino que eran «expertos» a los que se les encargó meses antes del 1-O un «análisis académico» de la «realidad catalana».
Y, por tanto, ellos solicitaron su presencia en Cataluña en los días previos al referéndum para poder completar el diagnóstico que estaban realizando, pero no a instancias de la Generalitat.
Su estrategia ha girado así en torno a la denominación de este grupo como visitantes y no como observadores, pues lo que hacen estos es «comprobar si el voto ha sido justo y transparente» y eso «no tiene nada que ver» con lo que contrató Diplocat.
Ahora bien, aquel equipo no solo fue presentado por la Generalitat como la primera «misión internacional de observación electoral», sino que incluso la entonces presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras hizo una recepción para aproximadamente 200 «invitados de todo el mundo» que iban a actuar como «observadores internacionales» del referéndum.
Y de hecho aquellos días no hubo uno, sino dos equipos de expertos, el Election Expert Research Team encabezado por Helena Catt, directora ejecutiva de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda; y el de la International Limited Observation Mission (ILOM), liderado por el exembajador holandés Daan Everts.
Pero para Royo estos «visitantes» solo venían a «conocer de primera mano la realidad catalana», algo que era una «práctica habitual» dentro de la labor de Diplocat de realizar actividades de toda clase con parlamentarios extranjeros, vinculados con el día de Sant Jordi, la Guerra Civil y en este caso se dio la circunstancia de que también fueron invitados para el referéndum.
De esta forma ha contextualizado el pago de 40.591 euros al grupo de Catt, pero se ha desvinculado de unos pagos presuntamente realizados desde Bruselas al The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), de quien dependía el grupo de Everts.
Pero ante de tratar de salvar esta cuestión, Royo ha desvinculado funcional y jerárquicamente a Diplocat de la Generalitat. «Nosotros no éramos ningún Ministerio de Exteriores ni nada» porque, además, «el presupuesto del Diplocat no lo decidía la Generalitat», si bien su aportación «oscilaba entre el 85 y el 90%» del total.
Y aunque «Diplocat no organizó ningún referéndum ni estuvo relacionado ningún referéndum», sí que sondeó a varios organismos internacionales por orden de la Conselleria de Acción Exterior, presidida entonces por Raül Romeva (acusado de rebelión) para una posible observación internacional condicionada al caso de un referéndum pactado. Como esto no se produjo, no «siguió adelante».
Antes de que declarase, el Salón de Plenos del Supremo ha vivido ciertos momentos de tensión cuando el fiscal ha pedido deducir falso testimonio al responsable de Difusión de la Generalitat, Jaume Mestre.
Lo ha hecho previa advertencia del juez Manuel Marchena -que reflejará la decisión del tribunal en sentencia- de que este delito, que comporta penas de hasta dos años de prisión, se aplica no solo al que miente sino al que responde «con inexactitudes o respuestas evasivas».
Y es que la declaración de Mestre ha estado plegada de ‘no recuerdo’ en relación a varias campañas de publicidad relacionadas con el 1-O, como «Civisme», la de las famosas vías del tren.
Mestre ha dicho desconocer todas las facturas por las que le ha preguntado la Fiscalía, ni siquiera si esta campaña fue de pago, si se cobró o si se va a reclamar.
«Lo que sé es que el concurso de medios quedó desierto», ha sido la frase que ha repetido en varias ocasiones e incluso ha negado dos veces que contactase con la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Nuria Llorach, para que emitiese el anuncio, a diferencia de lo que ésta dijo en instrucción.
Este organismo emitió dos facturas de 93.000 euros y 180.000 euros a la Conselleria de Presidencia, que el exconseller Jordi Turull aseguró que no tenían que pagarse por estar dentro de un contrato marco, pese a que Llorach dijo que las reclamaría.
Lo que sí ha admitido Mestre es que la Generalitat no pagó a varias empresas de comunicación por «órdenes de arriba» porque su superior, el entonces director general de Difusión Ignasi Genovès, le dijo que estaban siendo investigadas.
