Lasvocesdelpueblo y agencias – El exjuez Baltasar Garzón y una treintena de juristas de izquierdas, entre ellos 3 magistrados eméritos del Supremo -José Luis Martín Pallín, Fernando Salinas y Jordi Agustí-, han suscrito un manifiesto de apoyo al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias tras el comunicado del Poder Judicial contra sus críticas a la sentencia que condena a la dirigente de Podemos Isa Serra. Barcelona (España), sábado 25 de abril de 2020.
Los firmantes consideran «grave, muy grave», que desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se efectúe «una «amonestación» a uno de nuestros más altos representantes en el Gobierno», reproche que ven como «una interferencia inadmisible en un Estado de derecho».
Este nuevo choque entre Iglesias y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el segundo en cien días de Gobierno de coalición, se produjo esta semana tras el comentario que publicó el vicepresidente en su perfil de Twitter criticando la condena a la diputada madrileña de Podemos Isa Serra por atentado a la autoridad y lesiones cuando trataba de impedir un desahucio.
Para esta treintena de juristas, «esa nota de la comisión permanente del CGPJ -con un voto en contra- supone una interferencia inadmisible en un Estado de derecho y confunde la independencia judicial», además de no respetar la libertad de expresión de Iglesias.
Acusan además al CGPJ de tergiversar las palabras de Iglesias en Twitter, donde señaló: «Mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso».
Según el manifiesto, afirmar que de ese comentario se deduce «una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje».
Iglesias «ha ejercido la libre crítica a las resoluciones judiciales, aunque al CGPJ le parezca inadmisible «cuestionar una actuación judicial»», defienden los firmantes, que destacan que no se respeta la independencia judicial eludiendo la crítica a las decisiones de los jueces.
Tras compartir la opinión de Iglesias acerca de la sentencia, que consideran que «incurre en graves errores de paradigma probatorio», insisten en que «cualquier ciudadano, incluso un vicepresidente del Gobierno, tiene derecho a opinar sobe ello, como por otra parte es una práctica común que se ha venido haciendo elogiosa o críticamente en otros asuntos judiciales sin que, razonablemente, el CGPJ haya juzgado conveniente alzar su voz».
Firman el manifiesto Joaquin Aparicio Tovar, Catedrático Emérito Derecho del trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha (Albacete); Maria José Fariñas Dulce, Catedrática de Filosofía del Derecho, Universidad Carlos III de Madrid; Nicolás García Rivas, Catedrático Penal, Director del departamento de Derecho Público y de la Empresa, UCLM; Juan López Gandía, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS, Universidad Politécnica de Valencia y Amparo Merino Segovia, Prof. Titular de Derecho del trabajo y SS, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, UCLM.
La lista sigue con Emma Rodriguez Rodríguez, Profesora Derecho del trabajo y SS, Universidad de Vigo; Francisco Trillo Párraga, Profesor Derecho del Trabajo y SS, Universidad Castilla La Mancha(Ciudad Real); Antonio Baylos Grau, Catedrático de Derecho del Trabajo y SS y Director del Centro europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social, instituto de investigación de la UCLM; Jaime Cabeza Pereiro, Catedrático de Derecho del trabajo y SS. Universidad de Vigo; Rosario de Vicente Martínez, Catedrática de Derecho Penal, Universidad Castilla La Mancha; y Francisco Serra Giménez, Profesor Titular Derecho constitucional, Universidad Complutense de Madrid.
La completan Xavier Pedrol Rovira, Profesor Agregado Filosofía de Derecho, Universidad de Barcelona; Héctor Claudio Silveira Gorki, Profesor Filosofía del Derecho, Universidad de Barcelona; Juan Mª Terradillos Basoco, Catedrático emérito de Derecho Penal, Universidad de Cádiz.; y Ana Yáñez Vega, Profesora de Derecho Administrativo, Vicedecana Facultad CC. Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid; Rosario Gallardo Moya, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y S. Social, Universidad Castilla La Mancha (Toledo); Francisco Alemán Páez, Catedrático de Derecho del trabajo y S.Social, Universidad de Córdoba; Guillermo Portilla Contreras catedrático Derecho Penal de la Universidad de Jaén; Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia; y Maria Jose Romero Rodenas, Catedrática de Derecho del Trabajo y Decana e la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Albacete (UCLM).
Finalmete, firman el manifiesto Hernán Hormazábal Malarée, Catedrático Jubilado de Derecho Penal, ex Presidente de la Asociación por los Derechos Humanos de España; Luis Collado García, abogado, editor de Bomarzo; Enrique Lillo Pérez, abogado de CC.OO.; Carmen Estévez González, Profesora Derecho del Trabajo Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Baltasar Garzón Real, Jurista, ex Magistrado; Elena Vázquez Núñez, Presidenta FAI-Red de Abogados Demócrata; Jordi Agustí Magistrado emérito del TS; José Antonio Martin Pallín Magistrado emérito del TS; Fabio Marcelli, director Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales del Consejo Nacional de investigaciones (Italia); Fernando Salinas, magistrado emérito del TS; José Luis Muga Muñoz, Secretario General de Abogados Demócratas Europeos (AED); Angeles Chinarro Pulido, presidenta de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA); y Enrique Olivas, profesor de Filosofía del Derecho de la UCM.
