Lasvocesdelpueblo y Agencias – Para esta nueva querella de la Fiscalía General del Estado, además del Carme Forcadell —quien probablemente será inhabilitada en la primera causa abierta en Tribunal—, el fiscal señala, sin excepción, a todos los diputados separatistas de la Mesa: Lluís Corominas (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet (coalición de Podemos en Cataluña) y Anna Barrufet (JxSí). La Fiscalía remite al Tribunal Constitucional un informe donde apunta la posibilidad de abrir una causa contra parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña. Madrid (España), jueves 12 de enero de 2017. Fotografía: Parlamento autonómico español en Cataluña, Carme Forcadell (JxSí) (2d), junto los secretaria de la Mesa, Anna Simó de JxSí (i), el vicepresidente primero, Lluís Corominas de JxSí (2i), y el vicepresidente segundo, José María Espejo-Saavedra de Ciutadans (d), durante la sesión constitutiva del nuevo Parlamento autonómico de Cataluña con mayoría absoluta separatista catalanista, surgido tras las elecciones autonómicas con el carácter plebiscitario del 27S 2015 catalán. Archivo Efe.
Segons el Fiscal, el Parlamento autonómico de Cataluña puede proponer una reforma de la Constitución Española pero no se puede erigir como fuente de legitimidad jurídica y política ni vulnerar el orden constitucional
La Fiscalía ha remitido este miércoles 11 de enero de 2017 al Tribunal Constitucional (TC) un informe que apunta a la posibilidad de que los magistrados ubiquen a la apertura de un nuevo proceso penal contra la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell Luis.
Además, contra los miembros de la Mesa del parlamento de Cataluña que dieron luz verde con su voto a la hoja de ruta separatista aprobado el pasado 6 de octubre de 2016, según han confirmado fuentes de la misma Fiscalía en declaraciones a la agencia catalana de noticias ‘ACN’.
Se trata de Lluís Corominas (JxSí), Anna Simó (JxSí), Joan Josep Nuet, el diputado autonómico de la marca de Podemos de Pablo Iglesias a las pasadas elecciones catalanas del 27 de septiembre de 2015 (27-S): (Cataluña Sí Que Se Puede); y Ramona Barrufet (JxSí), que aprobaron llevar al pleno la votación sobre el proceso separatista catalán de Juntos Por El Sí (JxSí) y la CUP y la celebración de un referéndum de autodeterminación (ilegal, según la Constitución Española) en Cataluña el próximo mes de septiembre de 2017.
Según fuentes de la Fiscalía, el informe forma parte de las alegaciones presentadas a la decisión del propio TC del pasado 15 de diciembre de suspender las resoluciones del debate de política general que prevén la celebración del referendum separatista de septiembre de 2017 en Cataluña.
Segons el Fiscal, el Parlamento catalán no se puede erigir como fuente de legitimidad jurídica ni vulnerar el orden constitucional
El documento, al que ha tenido acceso el diario ‘La Vanguardia’, señala que tanto la actual presidenta del Parlamento de Cataluña, investigada por el Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC) por intentar dinamitar España desde una Mesa de Parlamento autonómico, Carme Forcadell, como los demás miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña que avalaron que se pudiera votar la hoja de ruta separatista eran perfectamente conocedores de las resoluciones anteriores del TC que anulaban y suspendían las iniciativas a favor del proceso.
Según el informe, Forcadell, Corominas, Simón, Nuet y Barrufet disponían de las notificaciones anteriores del propio TC y fueron advertidos de la posible ilegalidad de su decisión por parte de los representantes del PP, C’s y PSC, que les pidió que reconsideraran la admisión de las resoluciones de Juntos por Sí y la CUP por la hoja de ruta.
De ahí que la Fiscalía emplaza al TC a «deducir testimonio de particulares» sobre Forcadell y los demás miembros de la Mesa señalados, es decir, a trasladar el caso a la propia Fiscalía General del Estado —tal como ya hizo con Forcadell anteriormente— para que investigue si se han cometido delitos y, si lo considera, abre un procedimiento penal por los delitos que considere que se han cometido.
Segons el Fiscal, el Parlamento autonómico de Cataluña puede proponer una reforma de la Constitución Española pero no se puede erigir como fuente de legitimidad jurídica y política ni vulnerar el orden constitucional.
En este sentido, apunta que las resoluciones aprobadas son «una ruptura clara y terminante con los principios constitucionales para la vinculación de las aspiraciones políticas de la mayoría parlamentaria».
