Agencias – La vista de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, tras la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarin y 8 años y 6 meses para Diego Torres en la sentencia del caso Nóos, ha finalizado en la Audiencia de Baleares en cuestión de media hora, a las 11.03 horas. Palma (España), jueves 23 de febrero de 2017. Fotografía: Iñaki Urdangarin, exsocio de Diego Torres, llega a la Audiencia de Palma donde se celebra hoy la vista para decidir sobre la petición de medidas cautelares contra ambos, después de que hayan sido condenados a 8 años y 6 meses y 6 años y 3 meses de cárcel, respectivamente, por delitos de corrupción y fiscales en el caso Nóos. Efe.
La vista de medidas cautelares solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, tras la condena de 6 años y 3 meses de cárcel para Iñaki Urdangarin y 8 años y 6 meses para Diego Torres en la sentencia del caso Nóos, ha comenzado en la Audiencia de Baleares a las 10.32 horas.
Finalmente, la sección primera de la audiencia provincial que dictó la sentencia el viernes pasado, celebra una única vista conjunta con ambos condenados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Además de los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Ana Lamas, y los dos afectados, Urdangarin y Torres, acompañados de sus respectivos abogados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, también asisten a la vista la abogada del Estado Dolores Ripoll en representación de Hacienda, y la abogada de la comunidad autónoma de Baleares María Ángeles Berrocal.
El tribunal provincial celebra la vista tras haber admitido la solicitud del fiscal Horrach y haberla convocado para hoy a puerta cerrada.
Ante la sede de la Audiencia de Palma, unos sesenta periodistas esperan a conocer la decisión de las juezas.
El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach concretará ante el tribunal las medidas cautelares que pide para Urdangarin y Torres. Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para condenas superiores a 5 años, el fiscal también podría pedir otras medidas como la prisión eludible con fianza, la retirada de pasaporte o comparecencias periódicas ante la autoridad judicial.
Las defensas de Urdangarin y Torres plantearán a su vez las alegaciones que consideren oportunas, antes de que las juezas decidan al respecto.
La sala resolverá sobre las medidas cautelares y no podrá imponer ninguna que sea más gravosa de la solicitada por las acusaciones. En el caso de que alguna acusación solicite la prisión provisional, el tribunal deberá estudiar si concurren los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Audiencia de Palma condenó el viernes pasado a Urdangarin a 6 años y 3 meses de cárcel por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.
Diego Torres fue condenado a 8 años y 6 meses por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación; fraude a la Administración, tráfico de influencias, delito contra Hacienda y blanqueo.
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Finalmente, la sección primera de la audiencia provincial que dictó la sentencia el viernes pasado, celebra una única vista conjunta con ambos condenados, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
Además de los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Ana Lamas, y los dos afectados, Urdangarin y Torres, acompañados de sus respectivos abogados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peeters, también asisten a la vista la abogada del Estado Dolores Ripoll en representación de Hacienda, y la abogada de la comunidad autónoma de Baleares María Ángeles Berrocal.
En esta vistilla, las partes podrán solicitar la adopción de medidas cautelares -prisión incondicional, prisión eludible con fianza, retirada de pasaporte o comparecencias periódicas- dado que la sentencia aún no es firme, sino que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.
Torres ha sido el primero en llegar, en taxi, acompañado de su abogado, Manuel González Peeters, más de una hora antes de lo que estaba citado. Se ha presentado en la Audiencia de Palma sobre las 9.20 horas.
Ya antes, entre las 7.20 y las 7.50 horas, han llegado las juezas del tribunal que condenó a Urdangarin y a su exsocio y que decidirán si les imponen medidas cautelares. El fiscal del caso, Pedro Horrach, ha llegado a las 9.43 horas en taxi, acompañado de la también fiscal Anticorrupción Ana Lamas, y no ha hecho declaraciones.
A las 10.15 horas llegaba a la Audiencia de Palma Iñaki Urdangarin en un vehículo oscuro con una mochila pequeña al hombro, y ha entrado en el edificio tras pasar por delante de los alrededor de sesenta periodistas que le esperaban tras las vallas situadas en la puerta y sin hacer declaraciones. Algunos curiosos presentes le han gritado improperios. Antes que él, a las 9.48 horas había llegado su abogado, Mario Pascual Vives.
Más de medio centenar de periodistas, fotógrafos y cámaras aguardan ya tras unas vallas de seguridad colocadas en el exterior de la Audiencia de Baleares, custodiada por la Policía Nacional, que ha desplegado por el área a al menos una treintena de efectivos apoyados por perros.
En las inmediaciones del edificio de la Audiencia, un antiguo palacete ubicado en el centro de la ciudad, hay estacionadas cinco furgonetas de la Policía Nacional y el mismo número de unidades móviles de canales de televisión y de radio.
El fiscal concretará las medidas cautelares
El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, concreta ante la sala de la sección primera de la Audiencia de Palma que juzgó el caso las medidas cautelares que pide para Urdangarin y Torres en dos vistas separadas, una para cada uno de los dos exsocios.
Si bien el criterio general del Ministerio Público es solicitar el ingreso inmediato en prisión para condenas superiores a 5 años, Horrach sopesa si pedir el ingreso en la cárcel, prisión eludible con fianza o algún otro tipo de medida cautelar, ya que acomodará su petición a las circunstancias concretas del caso.
Ya ha sugerido que se inclina por pedir prisión preventiva eludible con fianza para el ex duque de Palma y para el que fuera su socio, aunque esperará a escuchar las alegaciones de las partes y podría optar por pedir otra medida.
También han sido citadas para exponer su postura otras tres acusaciones: la Abogacía del Estado, en nombre de Hacienda, la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares y Manos Limpias.
La sala resolverá sobre las medidas cautelares que se planteen y no podrá imponer ninguna que sea más gravosa de la solicitada por las acusaciones.
En el caso de que alguna acusación solicite la prisión provisional, el tribunal deberá estudiar si concurren los requisitos exigidos en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La vista será a puerta cerrada y los medios de comunicación dispondrán de tres zonas acotadas para desarrollar su trabajo en el exterior de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).
Las defensas rechazan que deban entrar en la cárcel
Por otro lado, los abogados de ambos condenados, Mario Pascual Vives y Manuel González Peteers, han coincidido en rechazar que su defendidos deban ingresar en la cárcel.
En concreto, Vives ha señalado este miércoles, el día previo a la vistilla, que cree que su cliente no irá a la cárcel, pero ha recordado que esa es su opinión y que «los que deciden son sus señorías».
Ante los medios frente a la puerta de su despacho en Barcelona, el letrado ha reconocido que es «incapaz de saber lo que puede decir el ilustre representante del Ministerio Fiscal», aunque ha añadido que espera «lo mejor» para Urdangarin.
Por su lado, la abogada Virginia López Negrete, que ejerció la acusación popular en el caso Nóos en representación de Manos Limpias, ha presentado su renuncia ante la Audiencia Provincial de Madrid, por lo que la acusación popular no estará presente en la vistilla.
En un escrito, la abogada señala que renuncia por motivos «exclusivamente personales, habida cuenta de que hay intereses totalmente contrapuestos, una pérdida de confianza absoluta hacia el cliente así como a las desavenencias que entre ellos son insalvables, de confianza de este letrado hacia su cliente».
Torres llega a la vista de medidas cautelares tras la sentencia de Nóos
Audiencia de Palma acompañado de su abogado, donde está citado para una vista de medidas cautelares tras la sentencia dictada el viernes pasado en la que fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión por el caso Nóos.
Torres ha sido el primero en llegar, en taxi, acompañado de su abogado, Manuel González Peeters, más de una hora antes de lo que estaba citado, a las 10.30 horas.
El tribunal de la sección primera de la Audiencia de Baleares que los condenó ha citado a Torres y a Iñaki Urdangarin a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia de Palma condenó el pasado 17 de febrero a Torres por prevaricación continuada en concurso medial con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y un delito contra Hacienda y otro de blanqueo.
Además de la condena de prisión, también le impuso el pago de 2.272.055 euros entre una multa (de 1.723.843 euros) e indemnizaciones a la sociedad pública Illesport y la Agencia Tributaria por el fraude fiscal, según la sentencia, que no es firme ya que cabe recurso contra ella ante el Tribunal Supremo.
La Audiencia de Palma sentenció que el Instituto Nóos que fundaron Urdangarin y Torres fue contratado por el Govern balear por «decisión unilateral» del entonces presidente autonómico, Jaume Matas, sin los trámites legales y por «la influencia» y posición privilegiada del marido de la infanta Cristina.
La entidad de Urdangarin y Torres fue contratada primero para llevar la oficina del proyecto del equipo ciclista Illes Balears y después para organizar los eventos IB Fórum de 2005 y 2006, «prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable».
Respondió a una decisión unilateral de Matas y además Urdangarin se sirvió «de la íntima relación de amistad que le unía al recién nombrado director general de Deportes, José Luís «Pepote» Ballester y del privilegiado posicionamiento institucional que ocupaba en aquellas fechas», sostienen las magistradas.
Por otra parte, Torres y Urdangarin tributaron a través del Impuesto de Sociedades lo que, en realidad, eran rendimientos devengados como consecuencia de su actividad profesional, que debieron haber tributado a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y ambos se aplicaron deducciones a las que no tenían derecho.
El tribunal considera que Torres montó un «entramado societario internacional» para desviar dinero obtenido con el grupo Nóos a cuentas a su nombre y de su esposa, Ana María Tejeiro, radicadas en Luxemburgo «para ocultar tales fondos y favorecer su conversión retornándolos al tráfico legal, sustrayéndolos del control estatal, en beneficio exclusivo del matrimonio y para su disfrute».
