El gobierno de la nación ha impugnado “la junta electoral’ catalana del referéndum separatista ante el TC

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La Abogacía del Estado ha impugnado este lunes ante el Tribunal Constitucional el decreto que firmó el presidente catalán, Artur Mas, la semana pasada para crear la ‘junta electoral’ que tiene que controlar la consulta soberanista. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya adelantó el pasado viernes que el Ejecutivo recurriría este decreto para nombrar a los miembros de la comisión de control de las consultas.

El tribunal deberá dar ahora traslado a las partes personadas en los recursos contra la Ley de Consultas y el decreto que convoca la consulta separatista para el 9 de noviembre, es decir, al parlamento y el gobierno de Artur Mas, para que informen sobre la petición del ejecutivo central.

El conflicto se plantea sobre si los nombramientos realizados por Artur Mas suponen un desarrollo de la ley de consultas, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) junto al decreto de convocatoria del referendo soberanista previsto para el 9 de noviembre.

Los magistrados del tribunal de garantías deberán ahora conocer el escrito y, después de escuchar a las partes, resolver sobre el asunto en reunión del pleno, por lo que la resolución no será en ningún caso inmediata, según fuentes del alto tribunal citadas por Efe.

No se han recibido aún las recusaciones

Por otra parte, el Constitucional no había recibido a última hora de este lunes por la mañana las recusaciones contra el presidente, Francisco Pérez de los Cobos, y el magistrado Pedro González-Trevijano, que ha anunciado el Parlamento catalán.

El decreto impugnado efectúa los nombramientos de los miembros de la comisión de control de las consultas populares no refrendarías en consonancia con el acuerdo de designación aprobado por el pleno de la Cámara, sin los votos de PPC, PSC y Ciutadans.

La comisión de control de las consultas es un órgano equivalente a una junta electoral pensado para supervisar este tipo de referendos que puedan ser convocados y no únicamente el del 9N, y la forman siete juristas y politólogos. [rTVE.es / EFE 06.10.2014]

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