El Gobierno de PSOE, IU y Podemos pide al Tribunal rechazar el recurso y autorizar las repatriaciones de MENAS a Marruecos

.Por todo ello, insiste en que “ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que se invocan pueden predicarse de la comunicación de 10 de agosto” que es el objeto del proceso

FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25.06.2021. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (c), la vicepresidente cuarta y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra de Sanidad, Carolina Darias (d), comparecen ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, este viernes, 25 de junio de 2021 en la Moncloa (presidencia de España) sobre la bajada del IVA de la Luz (de 21 a 10 por ciento) y el fin de uso obligatorio de mascarilla en España en espacios aire libre. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), viernes 27 de agosto de 2021. El Ministerio de Interior del Gobierno de coalición de Podemos, Izquierda Unida y PSOE, que preside Pedro Sánchez (PSOE), ha reiterado a la Audiencia Nacional que no tiene competencia alguna en las repatriaciones de los inmigrantes ilegales Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) desde Ceuta (España) a su país (Marruecos) que llevan en Ceuta desde mayo de 2021 sino que es un asunto del Gobierno autónomo y la Delegación del Gobierno y que su intención fue informar del procedimiento a la Fiscalía.

La Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido el expediente de las repatriaciones, al que ha tenido acceso Efe este viernes, a la Audiencia Nacional, que se lo requirió hace una semana con “carácter urgente”.

Toda la documentación de la operación se incorporará a la pieza separada sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares a petición de la asociación pro inmigración Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, cuyo recurso el Ministerio de Interior ha pedido desestimar.

En el escrito, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, insiste en que el documento del 10 de agosto “no es una instrucción” y afirma que “la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno concertado y reagrupación familiar en su país de origen, no es competencia del Ministerio”.

Al respecto, recuerda que el Gobierno de Ceuta había venido solicitando la aplicación del acuerdo hispano-marroquí y que el reglamento de la Ley de Extranjería señala que “las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno serán los centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado”.

No obstante, añade que “en aras de la colaboración interadministrativa”, se emitió un escrito en el que “se rogaba se procediera a efectuar el retorno de los menores” a Marruecos, “respetando en todo momento sus intereses y derechos” con “el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”.

De hecho, explica que esta “comunicación” fue también enviada a la Fiscalía General del Estado, una vez se tuvo conocimiento de la reunión mantenida entre las Administraciones territoriales (Gobierno de Ceuta y Delegación del Gobierno en Ceuta) con las autoridades de Marruecos que iban a colaborar en el procedimiento.

Además, también se informó a la Fiscalía de los correos que intercambiaron con la Delegación del Gobierno, que, a su juicio, no pueden ser interpretados como una orden para impulsar los retornos, sino que, al contrario, informó de estos correos y de las actuaciones de aplicación y ejecución que fueron realizadas por las administraciones territoriales competentes “a fin de asegurar el debido conocimiento por parte del Ministerio Fiscal del inicio del procedimiento de retorno de menores no acompañados no vulnerables”.

Por todo ello, insiste en que “ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que se invocan pueden predicarse de la comunicación de 10 de agosto” que es el objeto del proceso.

Y agrega que las eventuales infracciones del ordenamiento jurídico o vulneraciones de derechos fundamentales derivadas de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno en Ceuta y por el Gobierno autónomo deberán resolverse en los juzgados de esta ciudad, que ya tiene abierto un procedimiento al respecto.

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