El Gobierno le canta las 40 a Ada Colau: Es España que «gestiona la inmigración» y no Barcelona

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. EFE

Lasvocesdelpueblo y Agencias – La Vicepresidenta del Gobierno de la patria ‘le canta las 40′ a la ex okupa extremista podemita alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. «Al Ayuntamiento de Barcelona le corresponden unas competencias en relación con la ordenación municipal de determinadas aperturas y mantenimiento de instalaciones, pero no le corresponde la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración en nuestro país. Cualquiera puede hacer la política de discursos que crea conveniente, la señora Colau puede salir y decir todo lo que quiera, pero no tiene más competencias que las que corresponden a un ayuntamiento». Madrid (Capital de España), viernes 8 de julio de 2016. Fotografía: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Archivo Efe.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones de España, Soraya Sáenz de Santamaría Antón, ha advertido hoy, viernes 8 de julio de 2016, a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de que «no puede decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración» porque el Ayuntamiento de Barcelona»tiene competencias en la ordenación municipal del mantenimiento de instalaciones «pero no sobre cuestiones que corresponden al Estado.

Soraya a la ex okupa Ada Colau: «El Estado tiene la obligación de llevar a cabo unos procedimientos de expulsión de ciudadanos en situación irregular que debe cumplir, por lo que debe haber centros»

«Colau puede hacer la política de discursos que crea y decir lo que quiera, pero no tiene más competencias que las que corresponden a un ayuntamiento», sentenció con contundencia la jefa política del Gobierno de la Nación.  Según Sáenz de Santamaría Antón, «mientras la legislación sea ésta el Estado tiene la obligación de llevar a cabo unos procedimientos de expulsión de ciudadanos en situación irregular que debe cumplir, por lo que debe haber centros -de Internamiento de Inmigrantes (CIE)-» en todo el territorio Nacional, allá donde estén necesarios.

Soraya ha hecho estas declaraciones hoy durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del gobierno Central de España tras la polémica reapertura del Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de la Zona Franca –también conocido como Polígono Industrial de la Zona Franca que es una zona industrial y logística que se encuentra en el área administrativa Zona Franca – Port del distrito de Sants-Montjuic–.

Por parte del Gobierno de la Nación, a pesar de que el Ayuntamiento había ordenado el cierre y amenazara con el precinto de la instalación argumentando que no dispone de licencia de actividad, ésta escusa de la alcaldesa no tenía ni pies ni cabeza.

La vicepresidenta en funciones ha evitado hacer ninguna referencia a que el CIE se ha abierto sin el permiso del Ayuntamiento y ha recordado que el modelo de los centros de internamiento en España se enmarca dentro del Derecho Comunitario y del Ordenamiento Jurídico Español.

Soraya: Ada Colau debe «respetar la normativa y el entorno en que se lleva a cabo una política de inmigración de acuerdo a los parámetros comunitarios»

Según Sáenz de Santamaría los internos que se encuentran están siempre bajo control judicial y supervisión del Ministerio Fiscal, por lo que la justicia «tutela» de manera constante los derechos de los immigrantes sin papeles que según los últimos datos del CIE de Zona Franca de Barcelona correspondiente al año 2015, de sus 738 internados, hasta 437 contaban con antecedentes penales. Pues, Ada Colau quiere que todos estos delincuentes estén en las calles del país además de contar de ningún recurso para vivir.

Por este motivo, según la vicepresidenta, Ada Colau debe «respetar la normativa y el entorno en que se lleva a cabo una política de inmigración de acuerdo a los parámetros comunitarios», porque en el Ayuntamiento de Barcelona «le corresponden unas competencias en relación a la ordenación municipal de mantenimiento de instalaciones, pero no tiene la competencia de decidir cómo se gestiona o no la política de inmigración de nuestro país», cerró la vicepresidenta del Gobierno de la patria.