Redacción – La respuesta del Gobierno de coalición socialcomunista del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente segundo Pablo Iglesias a las preguntas que realizó la senadora de la tercera fuerza política en España, VOX, Yolanda Merelo, sobre el problema de la ocupación ilegal de los pisos y casas en España, conocida como Okupación cuyos autores se llaman okupas, —que afecta especialmente a la región catalana, que abarca cerca del 50% de las okupaciones en España—, ha sido especialmente escueta. Madrid (España), jueves 11 de marzo de 2021.
El Ejecutivo socialcomunista del PSOE y la ultraizquierda Podemos ha esquivado las preguntas alegando que «la regulación actual ofrece diferentes alternativas desde múltiples puntos de vista para asegurar la protección de la propiedad privada». Sin embargo, no ha especificado cuáles son esos puntos de vista. Además, tampoco responde a ninguno de los problemas reales sobre los que VOX pide explicaciones.
Modificación legislativa
En su respuesta, el Gobierno de los Diputados asegura que «toda norma puede ser adaptada a los cambios sociales que tienen lugar». Tampoco ha respondido a la pregunta que realizó Merelo sobre qué piensa de la actitud permisiva de la alcaldesa de ultraizquierda en Barcelona, Ada Colau, con respecto a la okupación de las viviendas.
La senadora de la formación verde, que preside Santiago Abascal Conde, se refería en sus preguntas a la modificación del Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, por la que sólo se podrá expulsar de la vivienda usurpara «cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando intimidación o violencia sobre las personas».
Merelo preguntaba al Ejecutivo socialcomunista de Sánchez e Iglesias ¿por qué había realizado esta modificación y si consideraba que entrar ilegalmente en una vivienda dando una patada a una puerta no es violencia?
Estas cuestiones han sido directamente obviadas por el Gobierno del PSOE y la extrema izquierda Podemos.
