El Gobierno recurrirá la investidura de Puigdemont

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MADRID (ESPAÑA), 25.1.2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, poco antes de su comparecencia ante los medios hoy en el Palacio de La Moncloa. Efe.

Efe – Torrent se reunió ayer en Bruselas con Puigdemont, a quien el pasado lunes propuso como candidato a ser investido presidente de la Generalitat. La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión en invocación del artículo 161.2 de la Constitución. Madrid (España), jueves 25 de enero de 2018. Fotografía: MADRID (ESPAÑA), 25.1.2018. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, poco antes de su comparecencia ante los medios hoy en el Palacio de La Moncloa. Efe.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, de proponer a Carles Puigdemont como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha firmado esta mañana la decisión de solicitar un informe al Consejo de Estado con el fin de impugnar esa decisión de Torrent, ha explicado la vicepresidenta en rueda de prensa.

Sáenz de Santamaría ha comparecido en el Palacio de la Moncloa el mismo día en el que Torrent decide si el pleno de investidura se celebrará el 30 de enero, como era su idea, o bien el 31, como ha pedido esta mañana en solitario JxCat.

Torrent se reunió ayer en Bruselas con Puigdemont, a quien el pasado lunes propuso como candidato a ser investido presidente de la Generalitat.

La interposición de este recurso conllevaría la suspensión de esa decisión en invocación del artículo 161.2 de la Constitución.

«El señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont. Puede proponer a otro», ha aclarado la vicepresidenta, que ha subrayado que el estatus jurídico actual de Puigdemont es «incompatible» con su comparecencia personal en la Cámara ya que tiene una orden de detención que debe hacerse efectiva tan pronto como entre en territorio español.

Un argumento jurídico que se pone de manifiesto «fácticamente» en la circunstancia «insólita» de que ayer Torrent tuvo que evacuar consultas con Puigdemont «ni más ni menos que en Bruselas y no en el lugar donde se han efectuado ese tipo de reuniones y se ha convocado al resto de diputados o portavoces de grupos», la sede del Parlament, ha añadido la vicepresidenta.

«No planteamos este recurso por una posibilidad de futuro, sino por una circunstancia de presente, y es que Puigdemont tiene una orden de detención en España y la primera actuación que tiene que hacer si entra en territorio español es ponerse a disposición de la Justicia», ha insistido la vicepresidenta.

Y eso ha dicho que debería haber sido tenido en cuenta por Torrent ya que es imposible una investidura presencial de Puigdemont porque no tiene derecho a la «libertad deambulatoria».

Si el informe del Consejo de Estado es positivo el Gobierno podría «interponer inmediatamente ese escrito de impugnación», en concreto en la reunión que mañana mantendrá el Consejo de Ministros.

Además, el Gobierno ha decidido también realizar una consulta potestativa al Consejo de Estado para que informe sobre una serie de extremos.

En concreto dictaminar si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia, si el hecho de que eso lo admitiera la Mesa del Parlament podría impugnarse por este mismo procedimiento ante el TC, y pronunciarse sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional.

Una vez que tenga la opinión del Consejo de Estado sobre estos extremos, si se convirtieran en realidad el Gobierno podría ya recurrir posteriormente de nuevo al TC.

Con todas estas decisiones del Gobierno la vicepresidenta ha explicado que se pretende garantizar que la ley se cumple y ha confiado en que Torrent lo haga.

«Espero que sus comienzos sean acatar las decisiones de los tribunales, en este caso el TC, sea la que sea. Convendría darle ese espacio -ha añadido- para que se muestre o no respetuoso con la legalidad».

Preguntada por la posibilidad de que la Abogacía del Estado pueda advertir a los diputados catalanes en libertad condicional que si votan alguna decisión contraria a la ley se podría revisar su situación y volver a prisión, ha subrayado que esa sería una decisión judicial.

Pero ha precisado que todo el mundo debe ser adulto y tener presente las consecuencias de sus actos.