Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno de coalición socioseparatista del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y del vicepresidente Pablo Iglesias (Podemos) ha puesto en marcha un mecanismo contra la «desinformación», aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional y publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha provocado duras críticas por parte de Vox y el PP por entender que este Ejecutivo de cruzados progres —Ciudadanos Cs de Inés Arrimadas, los separatistas de ERC, el brazo político de la banda terrorista ETA (EH Bildu), Podemos, Izquierda Unida y PSOE— busca, con este procedimiento, el control de los medios o la censura. Madrid (España), jueves 5 de noviembre de 2020.
Curioso silencio del partido catalán Ciutadans Partit de la Ciudadanía Ciudadanos (Cs), que preside Inés Arrimadas García. La formación naranja ya ha dejado ser la muleta de Podemos y PSOE y ya ha entrado a formar parte de esta nueva «tiranía» socioseparatista que ocupa la Presidencia del Gobierno del Reino de España.
Desde Ciudadanos Cs de Arrimadas no se ha oído ninguna crítica a ese nuevo ataque contra las libertades fundamentales del pueblo español. De hecho, hoy, jueves 5 de noviembre de 2020, el partido de Arrimadas, los separatistas de ERC y los proetarras de Bildu han sido citados por sus jefes Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para negociar los primeros presupuestos del Ejecutivo proseparatismo y socialcomunista.
Una acusación que el Gobierno ha negado tajantemente y ha subrayado que el objetivo no pasa «en ningún caso» ni por limitar «el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones» ni por vigilar o censurar éstas.
Actuar contra la desinformación y «la difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos» que «persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios» es el objetivo de esta disposición, según rezaba el propio texto publicado hoy en el BOE.
La disposición se fundamenta en que el acceso a la información veraz es uno de los pilares que sustenta a las sociedades democráticas y en que «la libertad de expresión y el derecho a la información se consagran como derechos fundamentales», y para velar por ello crea un mecanismo de vigilancia compuesto esencialmente por departamentos del Gobierno.
El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para frenar esa desinformación detectada.
Para elaborar el proyecto, se toma como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los Estados miembros para atajar la desinformación. Así, el Ejecutivo crea un sistema nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y la respuesta a este fenómeno.
La estructura para la lucha contra la desinformación está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil.
Por parte del Consejo de Seguridad Nacional, según consta en el BOE, le corresponde asistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno.
La tiranía de Sánchez e Iglesias
El líder de la formación política verde de España, Voz de los Españoles (VOX),Santiago Abascal Conde, ha denunciado en las redes sociales que con esta disposición «el tirano Sánchez instaura la censura».
«El mentiroso compulsivo pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira. No podrán quitarnos la libertad para señalarles con el dedo por sus mentiras y responsabilidades criminales en las elecciones, la epidemia y la ruina», ha denunciado Abascal.
Las reacciones negativas contra esta disposición no se han hecho esperar, y el líder del PP, Pablo Casado Blanco, ha denunciado que el Gobierno ha aprobado una orden para «vigilar» a los medios y «perseguir» lo que el gabinete de Sánchez considere «desinformación».
Los populares han exigido la retirada «inmediata» de la orden ministerial que regula la puesta en marcha de este plan y han pedido en el Congreso dos comparecencias del Ejecutivo para que expliquen las razones de esta disposición.
Así, reclaman que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, acuda a la Comisión Constitucional del Congreso y que el director de Gabinete de Presidencia, Iván Redondo, lo haga ante la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales.
Tras estas críticas, la Moncloa ha subrayado en un comunicado que su plan contra la desinformación «en ningún caso vigilará, censurará o limitará el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones».
El Gobierno ha insistido en que este procedimiento es una respuesta directa a la petición de la Unión Europea de desarrollar planes nacionales coordinados contra la desinformación, y España creó el suyo en 2018.
El objetivo del plan nacional era y sigue siendo el de afrontar la desinformación y las campañas que puedan afectar a la seguridad ciudadana o a la estabilidad de las instituciones, en especial durante los procesos electorales.
Añade que el procedimiento publicado hoy busca «evitar la injerencia extranjera en procesos electorales, así como detectar campañas promovidas desde el exterior que puedan dañar los intereses nacionales de nuestro país».
Tras insistir en que el plan está en consonancia sobre el artículo 20 de la Constitución, que defiende el acceso de los ciudadanos a la información veraz y plural «como uno de los pilares esenciales de nuestras democracias, el Gobierno insiste en que este plan persigue precisamente «luchar contra las campañas de desinformación que atenten contra este principio».
Además, recuerda que se encuadra dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad, y, junto a los organismos que lo desarrollan, «los propios medios de comunicación y la sociedad civil están invitados a participar en la lucha contra los procesos de desinformación».
