Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El golpista separatista indultado parcialmente y presidente de ERC, Oriol Junqueras Vies, ha dicho ante el nuevo Tribunal Constitucional (TC) reformado por Podemos, PP y PSOE que sufre un «daño irreparable en sus derechos políticos» y pide a los magistrados nombrados por el PP, Podemos y PSOE que «suspendan la sentencia» del Procés que lo inhabilita para ejercer cargos públicos durante 13 años.
El puchista separatista ha presentado un escrito al nuevo Tribunal Constitucional en el que aporta argumentos recogidos en una resolución del vicepresidente del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con fecha de 26 de noviembre de 2021 relativa a los golpistas huidos del Procés, que el Parlamento Europeo suspendió su inmunidad parlamentario: Carles Puigdemont Casamajó, Antonio Comín Oliveres (Toni Comín) y Clara Ponsatí Obiol, todos miembros de la derecha separatista JxCat.
«Doctrina Junqueras»
Junqueras también recoge en su escrito ante el TC la denominada como «Doctrina Junqueras», que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2019 que concluye que él también tenía que haber gozado de inmunidad como eurodiputado, aunque dicho inmunidad en la actualidad estaría también suspendida.
La resolución del golpista separatista del TGUE indica que el procedimiento penal principal queda en suspenso hasta que dicho tribunal europeo decida sobre la cuestión prejudicial planteada, algo que conlleva que el Tribunal Supremo no pueda dictar ninguna condena durante la tramitación de la cuestión prejudicial.
En el escrito del puchista indultado por el Gobierno socialcomunista de España del PSOE, Podemos e Izquierda Unida -Unidas Podemos-, que preside Pedro Sánchez Pérez Castejón (PSOE), su defensa apunta que «el Tribunal Supremo no puede desconocer esto porque fue este mismo tribunal quien solicitó una cuestión prejudicial a través de un procedimiento acelerado» y recuerda también «la obligación de respetar el principio de cooperación leal».
El indultado político preso del Procés considera que la resolución del TGUE «tiene un efecto suspensivo sobre el procedimiento penal» y solicita que «la pena de inhabilitación quede suspendida hasta que no se resuelva el recurso de amparo pendiente en el Tribunal Constitucional».
