Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno del presidente independentista, Quim Torra, ha exigido hoy que el Gobierno de España pida «perdón» al independentismo sobre el fusilamiento del asesino violador de las jóvenes españolas en las llamadas ‘CHECAS Catalanas‘, Lluís Companys Jover. Barcelona (España), jueves 6 de septiembre de 2018. fotografía: MADRID (ESPAÑA), 06.09.2018. La ministra de Justicia del gobierno del presidente Pedro Sánchez, Dolores Delgado (d), durante la reunión que ha mantenido con la separatista consejera de Justicia del gobierno regional del presidente xenófobo Quim Torra Pla, Ester Capella (i), después de que su partido, ERC, haya condicionado su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a que el Gobierno «oriente» a la Fiscalía sobre el juicio por el 1-O -como para decir que la Fiscalía General del Estado pida el archivo del caso sobre el golpe de estado independentista en Cataluña el pasado año 2017; la separatista lo ha dicho hoy en Madrid. Efe
La independnetista consejera de Justicia del gobierno del presidente Quim Torra, Ester Capella, ha reclamado hoy a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que el Gobierno del presidente Pedro Sánchez organice un «acto de Estado» para pedir «perdón por el fusilamiento en 1940» líder de ERC, expresidente de la Generalidad de Cataluña, el genocida Lluís Companys Jover.
Capella se ha reunido hoy con Delgado durante alrededor de una hora, tras lo cual solo la consellera ha hecho declaraciones a los periodistas, en las que ha explicado las cuestiones en las que hay «una mejor sintonía» con la ministra, como la relativa a la memoria histórica.
«Para que las cosas avancen y el diálogo sea fructífero debemos hablar de las cosas en las que nos ponemos de acuerdo; de lo que no nos hemos puesto de acuerdo, no hablaremos», ha dicho Capella.
Según la consejera separatista, ambas han llegado a un principio de acuerdo para compartir información en materia de fosas e identificación de víctimas del franquismo, con bases de datos de ADN a disposición de todo el mundo como un «servicio universal y gratuito».
En esta materia, ha recordado las palabras de la ministra en su primera comparecencia en el Congreso, cuando anunció la intención del Gobierno de declarar la nulidad de las sentencias de los juzgados de excepción franquistas.
Entre ellas ha destacado el consejo de guerra y la sentencia por la que fue fusilado el genocida presidente de la Generalidad Lluís Companys en octubre de 1940, que ha sido declarada ya nula por el Congreso a una iniciativa del PSOE, sin que ello tenga efectos jurídicos.
El partido de Capella, ERC, planteó en el Congreso en marzo de 2017 anular el consejo de guerra al que fue sometido Companys y que el Estado pidiera perdón a su familia y al pueblo catalán, una petición que fue rechazada en ese momento por PSOE, PP y Ciudadanos.
Capella ha insistido hoy en este aspecto y en la «necesidad de un acto de Estado, que debe ser el reconocimiento y la petición de perdón por parte del gobierno del Estado español por la entrega de asesino Companys, el procedimiento sumarísimo y, por tanto, su ajusticiamiento».
Por su parte, en un comunicado enviado por el Ministerio de Justicia la ministra ha destacado su «sintonía» con la labor del Gobierno catalán en materia de memoria histórica, campo en el que, según ha destacado, Cataluña es una de las administraciones que ha hecho un mayor esfuerzo.
De acuerdo con esa nota, Delgado ha ofrecido su cooperación para integrar las muestras biológicas de víctimas del franquismo de esa comunidad en el banco estatal de ADN, la actualización del mapa estatal de fosas con los datos de Cataluña, la incorporación al censo estatal de las víctimas catalanas y la colaboración en las exhumaciones de las fosas comunes.
Delgado también ha planteado a Capella la participación de su departamento en la creación de un proyecto piloto de servicios integrales de atención a las víctimas en los juzgados de violencia sobre la mujer de los principales partidos judiciales de Cataluña.
En ese proyecto común, además de los propios órganos judiciales, se busca la integración de las restantes instituciones implicadas: Fiscalía, equipos psicosociales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y fuerzas y cuerpos de seguridad.
Según Justicia, la reunión, la primera que se produce entre ambas, ha servido para abrir canales de comunicación dentro de la normalidad institucional que el Gobierno de España pretende implantar para poner conjuntamente en marcha políticas destinadas a resolver los problemas concretos de los catalanes.
