Agencias – El juez del Vendrell que instruye el ‘caso 3%’ ha citado a declarar este miércoles el ex tesorero de la antigua CDC Andreu Viloca, —formación del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, y ex presidentes de Cataluña, Artur Mas, Jordi Pujol— según indicaron a la agencia catalana de noticias ACN fuentes jurídicas. Barcelona (España), miércoles 15 de febrero de 2017. Fotografía: La Guardia Civil registra de nuevo la sede de CDC en Barcelona (España) día 21 octubre de 2015. La Guardia Civil ha detenido en Barcelona al tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca, en el marco de la Operación Petrum, en la que se investiga a este partido por el presunto cobro de comisiones del 3% a cambio de adjudicaciones de contratos. Los agentes han arrestado también al director general de la empresa de la Generalitat infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, a seis empresarios, y a otras dos personas vinculadas a Convergència, el secretario del patronato de la Fundación Catdem y exgerente de CDC, Carles del Pozo, y una administrativa. Archivo Lasvocesdelpueblo.
Para esta semana también han sido citados el ex-director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y los empresarios Sergi Lerma, José María Bassols, Xavier Tauler, Félix Pasquina.
Todos ellos fueron detenidos a principios de febrero en la llamada operación Pika por presunta financiación irregular de CDC a través de la adjudicación de obra pública, y quedaron en libertad por la Guardia Civil a la espera de comparecer en el juzgado.
También ha sido citado el empresario José Luis Romero, que fueron detenidos en fases anteriores del ‘caso 3%’.
En la operación Pika comienzos de mes hubo un total de 18 detenidos, de los cuales ocho fueron trasladados a la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, de donde quedaron libres un día después.
Entre los detenidos también estaba el ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives y el ex dirigente de CDC Francesc Sánchez, que el juez aún no ha citado a declarar.
Durante el operativo policial se hicieron 24 registros en empresas privadas de Barcelona , Girona y Lleida, y tres empresas públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Infraestructures.cat y Barcelona de Infraestructuras (BIMSA).
Algunas de las obras investigadas son los túneles de las Glòries o el dique este del Puerto de Barcelona.
