El juez suspende un acto del referéndum en Madrid por «indisoluble Unidad de Nación Española»

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Vista del acceso a una de las naves del Matadero de Madrid. Efe.

Agencias – El juzgado de lo Contencioso número 3 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar este martes la cesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de un local del centro cultural Matadero para la celebración de un acto a favor del referéndum separatista del uno de octubre de 2017 en Cataluña (1-O), como pidió el PP en un recurso. Madrid (España), miércoles 13 de septiembre de 2017. Fotografía: Vista del acceso a una de las naves del Matadero de Madrid. Efe.

Así lo ha indicado hoy en rueda de prensa el portavoz de los ‘populares’ madrileños, José Luis Martínez-Almeida, tras presentar ayer un recurso contencioso-administrativo contra este evento, organizado por la asociación Madrileños por el Derecho a Decidir.

Este acto, cuya solicitud tramitó en nombre de la asociación La Comuna el número 41 de la lista de Ahora Madrid, Pedro Casas, defiende que «se realicen consultas sobre los necesarios cambios políticos y sociales que hay que introducir en el régimen del 78, surgido de una transición tutelada».

Según ha asegurado el portavoz ‘popular’ el acto dictado este martes, 12 de septiembre de 2017, al que no cabe recurso aunque el Ayuntamiento tiene tres días de plazo para presentar alegaciones, es «contundente» y ha añadido que el evento en Matadero «lo único que pretendía era hacer una apología del referéndum ilegal y suspendido por el TC».

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, se indica que la cesión del local implica «favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional (…) y se dirige claramente contra lo dispuesto en la Constitución Española».

Martínez-Almeida ha destacado en rueda de prensa que este auto cita los dos primeros artículos de la Constitución Española, referidos a la soberanía nacional y a la «indisoluble unidad de la Nación Española», así como la ley orgánica 2/1980 que indica que la competencia de convocar referéndum es «exclusiva del Estado».

«Se trata por tanto de un referéndum ilegal, y en consecuencia, los actos de apoyo al mismo no pueden estar amparados por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular» (…) pues «tiene la obligación de cumplir las leyes vigentes», afirma el juez José Yusty.

En el interés general para el que sirven los espacios públicos, continúa el auto, no cabe «la pretensión de realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal, suspendido por el Tribunal Constitucional y que atenta directa y gravemente contra la Constitución de España», añade.

«Manuela Carmena lamentablemente ha tenido que ser corregida por un compañero de profesión», ha afirmado Martínez-Almeida ante los periodistas.

«Basta ya de Manuela Carmena, basta ya de poner una alfombra roja al separattismo en la ciudad de Madrid, basta de ponerse del lado de los que siempre desafían la ley, la Constitución Española y el Estado de derecho», ha exclamado el líder de los ‘populares’ madrileños.

El portavoz del PP en el Consistorio madrileño ha defendido que su grupo acudió a los juzgados al no tener otra salida, ya que pidieron a la alcaldesa Manuela Carmena que rectificase y ésta no lo hizo.

«Ha sido sostenella y no enmendalla», ha añadido Martínez-Almeida quien ha añadido que Carmena «mintió» al asegurar que Ahora Madrid no tenía «nada que ver» con la convocatoria de este acto.

«El grupo municipal popular aunque sea en solitario seguirá defendiendo la ley (…) primero por vías políticas y si no nos dejan más remedio a través de las líneas institucionales», ha añadido.

Martínez-Almeida ha defendido que se ha acabado el «tiempo del buenismo» en la capital española y ha exigido a Manuela Carmena que «acate el Estado de derecho», que no presente alegaciones a este auto y que «acuerde las medidas necesarias para que se pueda realizar cualquier acto en Madrid el próximo domingo».

Debido a las «circunstancias de especial urgencia» alegadas por el PP el juez ha tomado esta decisión, que no puede ser recurrida, sin oír a la parte contraria, el Ayuntamiento, según indica el propio auto.