Washington (Estados unidos de América), jueves 22 de mayo de 2025 (Lasvocesdelpueblo).- El Subjefe de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de la 45ª y 47ª Administración de United States of America (USA), Stephen Miller, valoró con contundencia esta orden WOKE del juez WOKE de un distrito del Estado de Massachusetts, Brian E. Murphy, contra el Gobierno de los Estados Unidos de América del presidente Donald John Trump. «El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expulsó a ocho monstruos inmigrantes ilegales condenados por asesinatos en primer grado extremadamente violentos y violación infantil», dijo en su cuenta oficial en la red social X este jueves 22 de mayo.
Sobre el juez ultra
El pasado 20 de marzo de 2024, el expresidente Joe Biden anunció su intención de nominar al ultra y WOKE Brian E. Murphy para servir como juez de distrito de los Estados Unidos del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Brian E. Murphy fue recomendado a la Casa Blanca por los senadores Elizabeth Warren y Ed Markey. El 21 de marzo de 2024, su nominación fue enviada al Senado.
Asimismo, Biden nominó juez de extrema izquierda Brian E. Murphy para el puesto que dejaría vacante la jueza Patti B. Saris, quien anunció su intención de asumir el estatus «sénior» tras la confirmación de un sucesor.
El pasado 17 de abril de 2024, se celebró una audiencia sobre su nominación ante el Comité Judicial del Senado [VÍDEO comisión judicial Senado].
El pasado 9 de mayo de 2024, su nominación fue informada fuera del comité por una votación de 11 a 10 por líneas de partido. El pasado 20 de noviembre de 2024, el Senado de los Estados Unidos invocó la clausura de su nominación por una votación de 50 a 49.
El 2 de diciembre de 2024, su nominación fue confirmada por una votación de 47 a 45. Recibió su comisión judicial el 6 de diciembre de 2024.
Asesinos y violadores de menores
El Subjefe de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional señala que se trata de «asesinos y violadores de menores convictos con órdenes finales de expulsión» -añade- «un juez local de Boston detuvo su deportación y puso en peligro la vida de los agentes federales que los expulsaron al ordenarles pasar al menos 15 días juntos en Yibuti (África), sin personal ni recursos para evitar su deportación definitiva».
Para DHS, «este juez municipal» del Estado de Massachusetts, en referencia al WOKE Brian E. Murphy, «está poniendo en peligro nuestras relaciones diplomáticas con varios países, poniendo en peligro la vida de nuestro personal, dirigiendo los movimientos de aeronaves militares y de la Patria, y cometiendo, de otro modo, una falta de conducta judicial indignante e inconstitucional que es reprensible, ilegal y patológica».
Concretamente, en su orden, dice el juez WOKE Brian E. Murphy que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de América (EEUU) de la Administración Donald John Trump y James David Vance, presidente y vicepresidente de EEUU respectivamente, «violó» su orden con el vuelo de deportación con destino a Sudán del sur y ordenó que los extranjeros delincuentes a bordo -entre los que se incluyen cinco asesinos convictos- se sometan a una evaluación de temor creíble y tengan 15 días para reabrir sus casos de inmigración con acceso a teléfonos y abogados si se determina que tienen dicho temor. Cada extranjero delincuente debe recibir un aviso con al menos 72 horas de anticipación sobre la entrevista de temor creíble.
El juez Brian Murphy también ordenó que el DHS presente informes de situación sobre cada uno de los individuos cada siete días.
Afirma el juez ultra que el DHS puede decidir si los trae de regreso a Estados Unidos para este proceso o si puede hacerlo en el extranjero, siempre y cuando mantenga su custodia y les permita el acceso a los teléfonos, abogados, etc., que sean necesarios.
Al parecer, el avión aterrizó en una base estadounidense en Yibuti y ha permanecido allí.
Texto de la orden del juez de distrito Brian E. Murphy
Caso 1:25-cv-10676-BEM. Documento 119. Archivado el 21/05/2025. Página 1 de 2 y Página 2 de 2.
TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DISTRITO DE MASSACHUSETTS
DVD, et al., Demandantes, contra el Departamento de Asuntos Nacionales de los Estados Unidos. Demandados.
Acción Civil No. 25-10676-BEM
ORDEN SOBRE RECURSO POR VIOLACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PRELIMINAR
MURPHY, J.
Como se expuso en la audiencia de hoy y en el Dkt. 118, el Tribunal determinó que los Demandados violaron la Orden Preliminar del Tribunal. Tras considerar los argumentos de los abogados, el Tribunal ORDENA la siguiente reparación por las violaciones de la Orden Preliminar por parte de los Demandados:
Cada uno de los seis individuos debe ser entrevistado en privado por temor razonable, con la oportunidad de contar con un abogado de su elección presente durante la entrevista, ya sea en persona o de forma remota, a su elección.
Cada individuo debe tener acceso a un abogado equivalente al que habría recibido si estos procedimientos se hubieran realizado en Estados Unidos antes de su deportación, incluyendo acceso remoto cuando de otro modo hubiera sido posible el acceso en persona.
Cada individuo también debe tener acceso al nombre y número de teléfono del abogado del grupo, así como acceso a un teléfono, intérprete y tecnología para la transferencia confidencial de documentos equivalente al acceso que recibiría si estuviera bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Casa Blanca: El juez WOKE Brian E. Murphy «protege a los monstruos criminales inmigrantes ilegales»
Cada persona, junto con su abogado, debe recibir un aviso con al menos 72 horas de anticipación sobre la hora programada para cada entrevista de temor razonable. Si alguna persona manifiesta temor a la deportación a un tercer país que el DHS considera insuficiente para alcanzar el temor razonable, se le debe brindar una oportunidad significativa, y un mínimo de 15 días, para solicitar la reapertura de los procedimientos migratorios e impugnar la posible expulsión.
Durante ese período de 15 días, la persona debe permanecer bajo la custodia o control del DHS y se le debe brindar acceso a un abogado equivalente al que tendría si solicitara la reapertura desde dentro de las fronteras de Estados Unidos.
Los demandados deben presentar informes de situación cada siete días sobre los seis individuos. Si alguna persona solicita la reapertura, las partes también deben presentar de inmediato un informe de situación, y continuar presentando informes de situación cada siete días a partir de entonces, sobre el estado de la solicitud de reapertura.
El DHS, a su discreción, puede optar por proporcionar este proceso a las seis personas ya sea dentro de los Estados Unidos (si decide devolverlas a los Estados Unidos) o en el extranjero, si en todo momento relevante el DHS mantiene la custodia y el control sobre las personas en condiciones proporcionales a aquellas en las que estarían alojadas si todavía estuvieran bajo la custodia del DHS dentro de los Estados Unidos.
Esta Orden refleja una solución, a la luz de la constatación del Tribunal de una violación de su Orden Preliminar, que ha sido ajustada estrictamente de acuerdo con los principios de equidad.
El Tribunal advierte a los Demandados que esta solución no debe interpretarse como el establecimiento de una línea de conducta que constituya cumplimiento de la Orden Preliminar, y el Tribunal, al ordenar esta solución, no está realizando ninguna constatación ni conclusión de que el cumplimiento de estos procesos antes de la deportación hubiera satisfecho los requisitos de su Orden Preliminar en primera instancia.
Así ordenado.
/f/ Brian E. Murphy. Brian E. Murphy, Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
Fecha: 21 de mayo de 2025
La orden del juez de distrito en inglés
Case 1:25-cv-10676-BEM. Document 119. Filed 05/21/25. Page 1 of 2 and Page 2 of 2.
UNITED STATES DISTRICT COURT
DISTRICT OF MASSACHUSETTS
D.V.D., et al, Plaintiffs, v. U.S. DEPARTMENT OF HOMELAND. Defendants.
Civil Action No. 25-10676-BEM
ORDER ON REMEDY FOR VIOLATION OF PRELIMINARY INJUNCTION
MURPHY, J.
As set forth in today’s hearing and at Dkt. 118, the Court found that Defendants violated the Court’s Preliminary Injunction. Having considered the arguments of counsel, the Court ORDERS the following remedy for Defendants’ violations of the Preliminary Injunction:
Each of the six individuals must be given a reasonable fear interview in private, with the opportunity for the individual to have counsel of their choosing present during the interview, either in-person or remotely, at the individual’s choosing. Each individual must be afforded access to counsel that is commensurate with the access that they would have received had these procedures occurred within the United States prior to their deportation, including remote access where in-person access would otherwise be available. Each individual must also be afforded the name and telephone number of class counsel, as well as access to a phone, interpreter, and technology for the confidential transfer of documents that is commensurate with the access they would receive were they in Department of Homeland Security (DHS) of United States of America custody within United States borders.
Each individual, along with class counsel, must be given no fewer than 72-hours’ notice of the scheduled time for each reasonable fear interview. Should any individual raise a fear with respect to deportation to the third country that DHS determines falls short of «reasonable fear,» the individual must be provided meaningful opportunity, and a minimum of 15 days, to seek to move to reopen immigration proceedings to challenge the potential third-country removal. During that 15-day period, the individual must remain within the custody or control of DHS, and must be afforded access to counsel that is commensurate with the access they would be afforded if they were seeking to move to reopen from within the United States’ borders. Defendants must provide status reports every seven days as to all six individuals. Should any individual move to reopen, the parties must also immediately provide a status report, and continue providing status reports every seven days thereafter, on the status of the motion to reopen.
DHS, in its discretion, may elect to provide this process to the six individuals either within the United States—should it choose to return them to the United States—or abroad, if at all relevant times DHS retains custody and control over the individuals in conditions commensurate to those the individuals would be housed in were they still in DHS’s custody within the United States.
This Order reflects a remedy, in light of the Court’s finding of a violation of its Preliminary Injunction, that has been narrowly tailored in accordance with principles of equity. The Court cautions Defendants that this remedy should not be construed as setting forth a course of conduct that would constitute compliance with the Preliminary Injunction, and the Court is not—in ordering this remedy—making any findings or conclusions that compliance with these processes before deportation would have satisfied the requirements of its Preliminary Injunction in the first instance.
So Ordered.
/s/ Brian E. Murphy. Brian E. Murphy, Judge, United States District Court
Dated: May 21, 2025
