Efe.- Barcelona (España), domingo 5 de febrero de 2023. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará desde el viernes a la presidenta suspendida del Parlament Laura Borràs, para quien la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente a dedo a un amigo 18 contratos menores en la Institució de les Lletres Catalanes.
El juicio por este caso, que acarreó la suspensión de Borràs como presidenta del Parlament, arrancará el próximo viernes en el alto tribunal catalán, con las cuestiones previas, y proseguirá el 20 de febrero, con el interrogatorio de los acusados, en sesiones de mañana y tarde, con la previsión de que quede visto para sentencia el próximo 1 de marzo.
La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 146.000 euros para Borràs, por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil, a la que acusa de fraccionar supuestamente un total de 18 contratos para poder adjudicárselos a su amigo Isaías H. sin concurso público, entre marzo de 2013 y febrero de 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC),
El ministerio público sostiene que Borràs se puso de acuerdo con Isaías H. -también acusado- para fraccionar de forma «ilegal» la contratación de la ILC para adjudicarle 18 contratos menores correspondientes a trabajos informáticos, por un valor total de 335.700 euros, mediante «presupuestos comparsa» elaborados «falazmente» por personas interpuestas para encubrir que su amigo era el adjudicatario.
LA FISCALÍA CREE QUE BORRÀS «ABUSÓ» DE SUS FUNCIONES
Según las fiscales del caso, entre marzo de 2013 y febrero de 2017 Borràs, «con abuso de sus funciones» como directora de la ILC, aprobó el gasto y acordó la adjudicación de estos 18 contratos menores «sin justificar que se tratara de la propuesta más ventajosa», ya que «era plenamente conocedora» de que detrás de ellos «se escondía» su amigo Isaías H.
Estos «presupuestos comparsa» los confeccionaban, según el ministerio público, la propia Borràs, Isaías H. y el también acusado Andreu P.M., «con el propósito de simular que la adjudicación se hacía al mejor licitador» y «enmascarar» así el fraccionamiento ilegal» de los contratos.
Todo ello, según la Fiscalía, «con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública» y «siendo perfectamente conscientes» de que con su manera de actuar «infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa» e impedían que la gestión del servicio «pudiera ser adjudicada a otra persona».
Con el fin de «ofrecer una apariencia fingida» de «respeto» por los principios de publicidad y pública concurrencia y de «ocultar su actuación ilícita», según la Fiscalía, Borràs e Isaías H. «pactaron» que en cada uno de los expedientes aportarían tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, dos de los cuales no eran «ofertas reales» sino «presupuestos comparsa» elaborados «falazmente».
Por el contrario, el ministerio público exculpa a Borràs de los delitos de fraude y malversación de fondos públicos por los que la procesó el TSJC, que podrían haber disparado las penas de prisión, al concluir que no se ha acreditado que los trabajos efectuados «tuvieran un coste inferior al realmente satisfecho» por la ILC.
La Fiscalía pide la misma pena de Borràs para Isaías H., a quien la presidenta de JxCAT conocía por su relación profesional previa en la Universidad de Barcelona y porque ambos formaban parte de un grupo de investigación en estudios literarios y tecnología digital, mientras que para Andreu P. solicita 3 años de cárcel, 10 de inhabilitación y 30.000 euros de multa.
