Barcelona (Reino de España), miércoles 16 de octubre de 2024 (Lasvocesdelpueblo y Agencias).- Un juzgado de lo penal de Barcelona ha amnistiado a la exvicepresidente del Govern la Generalitat de Catalunya, presidido por el condenado Artur Mas Gavarró, y actual concejala de Junts per Catalunya (JxCat) en el Ayuntamiento de Barcelona, Joana Ortega Alemany, en la causa por la que esperaba juicio por un delito de quebrantamiento de condena, acusada de haberse saltado supuestamente la inhabilitación que se le impuso por el golpe de Estado separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 (9N).
Así como recoge el digital El Punt Avui, en un auto que ya es firme, al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de lo Penal número 10 de Barcelona acuerda el archivo definitivo de la causa abierta contra Ortega al considerar que entra en los supuestos de la ley de olvido, en contra del criterio de la Fiscalía, que entendía que el caso no era amnistiable.
En la causa amnistiada, Joana Ortega Alemany –condenada por desobediencia por organizar la consulta del 9N en el 2014 con el expresidente Artur Mas y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau– estaba a la espera de juicio para ejercer como asesora del departamento de ‘Empresa mientras estaba inhabilitada, entre mayo y octubre del 2019. La Fiscalía pedía para la exvicepresidente del gobierno, ahora concejala del grupo de Junts en Barcelona, una multa de 30.000 euros por un delito de quebrantamiento de condena.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estudió aplicar la amnistía a los tres condenados por la consulta del 9N, pero concluyó que era inviable dado que ya han cumplido las penas de inhabilitación impuestas y también cancelado los antecedentes. Fue el propio TSJC el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que, con su contrato como asesora de la conselleria de Empresa, había «burlado» la pena de nueve meses de inhabilitación.
En su declaración ante la juez instructora que la investigaba, la exvicepresidenta alegó que en el cargo a la conselleria para el que fue contratada no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público.
Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del ejecutivo, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba en octubre de 2019, aunque la dio por cumplida en julio de 2020.
