Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 20 de enero de 2022. La Fiscalía pide una multa de 30.000 euros para la exvicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Joana Ortega, a la que acusa de haber burlado la condena de inhabilitación que se le impuso por organizar el golpe de estado separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 (9N) cuando ejerció como asesora del Departamento de Empresa, entre mayo y octubre de 2019.
En su escrito, el ministerio público acusa a golpista Ortega de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió el cargo de asesora en proyectos transversales del Departamento de Empresa y Conocimiento, entre el 17 de mayo y el 8 de octubre de 2019, «con evidente ánimo de incumplir la condena firme» que se le impuso por el golpe de estado del 9N.
Según la Fiscalía, la actividad que llevaba a cargo Ortega en su cargo de asesora, por el que cobró 32.110 euros brutos, estaba «directamente conectada» con el Gabinete del Departamento de Empresa, «cuya retribución estaba asimilada a la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A».
Para el ministerio público, de esa forma la exvicepresidente puchista evitó cumplir la condena de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones de gobierno en el ámbito autonómico, estatal o local que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, junto al expresidente golpista, Artur Mas Gavarró, y a la exconsejera de Educación, Irene Rigau, por un delito de desobediencia al organizar el golpe de estado.
Fue el propio TSJC el que denunció a Ortega en los juzgados, al entender que había «burlado» la pena de nueve meses de inhabilitación con su contrato de asesora del Departamento de Empresa.
En su declaración ante la juez instructora que la investigaba, la exvicepresidente puchista alegó que en el cargo de asesora del Departamento de Empresa para el que fue contratada no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraría dentro de los supuestos que veta la pena de inhabilitación para empleo y cargo público.
La investigada blandió ante la magistrada sendos informes jurídicos confeccionados por el Gabinete Jurídico y por el área de Función Pública de la Generalidad de Cataluña, que avalaban que su contratación como asesora no suponía un quebrantamiento de la condena de inhabilitación.
Además, adujo que su cargo de asesora era de dominio público y se había publicado oportunamente en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
Como consecuencia inmediata de su nombramiento como asesora del Gobierno separatista, el TSJC dejó sin efecto la liquidación de la condena de inhabilitación de Ortega, que expiraba en octubre de 2019, aunque la dio por cumplida en julio de 2020.
