Agencias – El Instituto Nóos no era una ONG, según la Fiscalía Anticorrupción. Manos Limpias no se cree la versión de la Infanta Cristina. Calendario del juicio. También se sienten en banquillo: el ex-presidente de la Generalidad valenciana Francisco Camps; Jaime matas (PP), Rodrigo Rato, el exministro Alberto Ruiz Gallardón, el ex-secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetszky (PSOE). La Audiencia de Palma inicia este lunes 11 de enero 2016 el macrojuicio del llamado ‘caso Nóos’, con 18 acusados, que durará previsiblemente hasta finales del mes de junio. La infanta Cristina de Borbón se sentará en la primera jornada en el banquillo, sesión dedicada a las cuestiones previas, entre las que estará la petición de su defensa de archivar la causa contra la hermana del rey Felipe. El tribunal tendrá casi un mes para decidirlo, ya que en febrero se reanudará el juicio con la declaración de los acusados. Fotografía: Manifestantes con una foto del presunto delincuente marido de la infanta Cristina, Urdangarin, reclamando justicia. Foto/AFP.
La infanta Cristina está acusada de dos delitos fiscales y su marido, Iñaki Urdangarin, es considerado, junto con su exsocio Diego Torres, el cerebro de una trama que presuntamente malversó más de 6 millones de fondos públicos. Ahora, la Audiencia de Palma juzgará esta trama en la que se incluyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública y blanqueo de dinero, entre otros. La fiscalía pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 16 y medio para Torres.
En cambio, pide el archivo de la causa para Cristina de Borbón. La acusación popular, Manos Limpias, pide 26 años de cárcel para Urdangarin y ocho para su esposa. De hecho, este será uno de los principales puntos a tratar en los primeros días para los tres magistrados de la Audiencia que juzgarán el caso. La fiscalía y la defensa de la infanta Cristina quieren que se aplique la llamada ‘doctrina Botín’, en recuerdo del banquero de Santander, que establece que no se puede juzgar un acusado sólo por la acusación popular si el directamente afectado, en este caso del estado, renuncia. Pero no está claro que se pueda aplicar en este caso.
Además de la infanta Cristina y Urdangarin, entre los encausados también está el ex presidente de Baleares Jaume Matas y altos cargos de su Ejecutivo, como José Luis Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet, y también altos cargos del gobierno de la Generalitat durante el mandato de Francisco Camps, como Alfonso Grau, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. También existe la exconsejera delegada de la candidatura de Madrid 2016, Mercedes Coghen, y el asesor fiscal Salvador Trinxet.
Calendario
Este lunes y probablemente el martes se harán las denominadas cuestiones previas, que son las alegaciones que hacen las partes personadas sobre el desarrollo del juicio, como la declaración de testigos o pruebas a realizar. No será hasta el 9 de febrero 2016 cuando se reanudará el juicio con la declaración de los acusados. Antes se sabrá si la infanta acaba siendo juzgada o no. Si lo es, declarará la última de todos, probablemente el 26 de febrero. El primero en declarar será José Luis Ballester, ‘Pepote’, ex director general de Deportes de Baleares. Más tarde lo harán, entre otros y por este orden, Jaume Matas (PP), Marco Antonio Tejeiro, Ana María Tejeiro, Diego Torres, Urdangarin y Miguel Tejeiro.
Después, de marzo a mayo será el turno de decenas de testigos, entre los que destacan, aparte de los investigadores policiales y de la Agencia Tributaria, ex consejeros del Gobierno balear con Jaume Matas, ex-miembros de la Casa Real, el ex-ministre Rodrigo Rato (PP), la ex-alcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP), el ex consejero valenciano Esteban González Pons, el ex-presidente de la Generalidad valenciana Francisco Camps, el empresario valenciano Francisco Roig, la ex-consellera de Salud de la Generalidad de Cataluña Marina Geli (PSOE), el exalcalde de Madrid y ex-ministro Alberto Ruiz Gallardón (PP), y el ex-secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetszky (PSOE).
Finalmente, declararán varios peritos, sobre todo económicos, y en junio se terminará el juicio con las conclusiones e informes finales y el último turno de palabra para los acusados. El sumario del caso Nóos está formado por 100 volúmenes y 76.000 folios y su instrucción se inició como una pieza separada del caso Palma Arena en 2010.
Para el juicio se ha acreditado casi 600 profesionales de 84 medios de comunicación. Las sesiones no se celebrarán en la sede de la Audiencia de Palma, sino en el edificio de la Escuela Balear de Administración Pública, en las afueras de la capital mallorquina, por cuestiones de aforo y seguridad. Los medios podrán seguir la sesión en directo desde la sala de vistas y desde una sala donde recibirán la señal de vídeo y sonido, que podrán retransmitir en directo, algo muy poco habitual en los juicios al Estado.
El Instituto Nóos no era una ONG, según la Fiscalía Anticorrupción
Según el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, el Instituto Nóos era «humo», ya que quería aparentar ser una entidad sin ánimo de lucro, pero en realidad pretendía conseguir el máximo de fondos públicos posibles, sin concurso, para realizar actividades que se hubieran podido realizar por un precio inferior.
El fiscal asegura que la entidad falseó facturas de proveedores para presentar a las administraciones públicas y actos de los órganos de gobierno interno. Nóos estaba dirigido por Urdangarin y su socio, Diego Torres, hasta que en marzo de 2006 el ahora exduque de Palma simuló que dejaba el cargo y el traspasaba a la mujer de Torres, para hacer ver que obedecía la recomendación del rey Juan Carlos de desvincularse de la entidad.
Aún así, el marido de la infanta Cristina lideró «en la sombra» la entidad hasta mediados de 2008 utilizando «de forma decisiva su posición social y área de influencia». El primer caso investigado es el del patrocinio del antiguo equipo ciclista Banesto por parte del Gobierno balear. Urdangarin, gracias a su amigo José Luis Ballester, director general de Deportes de Baleares, se reunió en 2003 con Jaume Matas en el Palacio de Marivent, con partido de pádel incluido, y convenció al presidente balear para que patrocinara el equipo ciclista y, en parte, pagara 300.000 euros más a Nóos para que hiciera el asesoramiento y el seguimiento del impacto mediático del nuevo equipo.
Este segundo acuerdo se hizo sin ningún tipo de concurso público ni ningún informe jurídico previo, y se dividieron las partidas en contratos de menos de 12.000 euros para evitar las sospechas. Así, el fiscal concluye que el patrocinio de la equipo costó 18 millones de euros en tres años, de 2004 a 2006. El ministerio público recrimina que el Patronato de la fundación Illesport, a través de la cual se firmó el convenio de colaboración con Nóos, no se reunió nunca, y que era la comisión ejecutiva, directamente controlada por Matas la que tomaba todas las decisiones, incluso las que no le correspondían estatutariamente.
Además, asegura que se falsearon numerosas actas de reuniones de esta fundación para dar una apariencia de transparencia. También en Baleares se organizó un simposio de turismo y deporte, como el hecho en Valencia. El Islas Baleares Forum se celebró en los años 2005 y 2006 y Nóos aún tiene pendientes de justificar de 2005 más de 320.000 de euros de los 1,2 millones recibidos por parte de organismos públicos baleares, y el fiscal calcula que el importe total desviado supera los 736.000 euros. En el año 2006 las cifras fueron similares.
Acontecimientos en Valencia
Cronológicamente la segunda fuente de ingresos fueron tres ediciones del Valencia Summit, del 2004 al 2006, un encuentro empresarial internacional, que costaron a las arcas de la Generalitat unos 3,5 millones de euros, que fueron a parar a Nóos y de los que 2,6 millones aún están pendientes de justificar correctamente.
El sistema fue muy similar al de Baleares: contactos verbales, firma del convenio de colaboración sin concurso público y poca transparencia en las decisiones de los organismos públicos. Según el fiscal, faltan muchas facturas, algunas son inconcretas, incorrectas o falsas directamente, y otras están duplicadas con otros eventos organizados por Nóos o simplemente son gastos internos de la entidad que nunca debería haber pagado la Generalitat, como los servicios informático y de limpieza de la sede de Nóos en Barcelona o viajes privados de Urdangarin y otros miembros del instituto Nóos.
Los Juegos Europeos que debían celebrarse en Valencia, y que nunca se celebraron, costaron unos seis millones de euros en supuestos trabajos de asesoramiento y mediación por parte de Urdangarin y sus colaboradores, que teóricamente debían contactar con comités olímpicos europeos para conseguir realizar el evento deportivo. El fiscal cifra en 382.000 euros el dinero público que Nóos cobró y todavía no ha justificado adecuadamente.
Como en los otros dos casos, el fiscal reprocha que no haya ningún tipo de concurso público para adjudicar la prestación del servicio, que se empezara a trabajar y facturar antes de firmar el convenio formal o que incluso el vicepresidente valenciano, Víctor Campos, viajara a la sede de Nóos en Barcelona para conseguir el proyecto.
También se reprocha a Nóos que no descuentan de la subvención inicial el dinero recibido por empresas privadas en concepto de patrocino. Respecto a la Fundación Madrid 16, que había que buscar apoyos y promover la candidatura olímpica de la capital española a los juegos de 2016, la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, sucesora en la práctica del Instituto Nóos, recibió 120.000 euros.
El fiscal también explica el entramado de empresas propiedad directamente de Urdangarin y/o Torres para «drenar» los fondos públicos a sus bolsillos. En total, Nóos habría recibido unos 5,8 millones de euros de Baleares y Valencia, y esto es más o menos lo que se habrían embolsado los dos principales acusats.Blanqueig de capitalsMitjançant compañías patrimoniales o de supuesto asesoramiento, Diego Torres e Iñaki Urdangarin facturaban numerosos conceptos falsos al propio Instituto Nóos, que así podía presentar estas facturas a las administraciones públicas.
Manos Limpias no se cree la versión de la Infanta
En total se cruzaron facturas por valor de 8 millones de euros y entre los dos obtuvieron unos beneficios de 4,4 millones aproximadamente. Para acabar de defraudar, crearon sociedades en paraísos fiscales para ocultar parte de estos fondos a la Hacienda Pública española. También hicieron numerosas falsas contrataciones de personal, incluso doméstico, para tener determinados beneficios fiscales. En el caso de Aizoon, empresa de los duques de Palma, el fiscal considera que la infanta Cristina accedió a participar «dada la garantía y confianza que le ofrecían su cónyuge y el asesor fiscal, sin ser consciente» de que el que quería Urdangarin era que su esposa sirve «de impunidad operativa ante cualquier eventual incidencia ilícita».
El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias no se cree la versión de la Infanta, y cree que la hija del anterior rey sí conocía estas irregularidades fiscales. En este sentido, Aizoon facturaba servicios prestados por Urdangarin a empresas externas, aprovechando que el Impuesto de Sociedades es inferior al IRPF y desgravando a gastos personales como gastos de la empresa.
Así, el duque de Palma habría dejado de pagar unos 333.000 euros del IRPF de 2007 y 2008.Per todo ello, el fiscal pide dieciséis años y medio de cárcel para Diego Torres por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración, estafa, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Para Urdangarin, pide diecinueve años y medio por los mismos delitos. Ambos tendrán que pagar, si son condenados, multas e indemnizaciones millonarias.
