El nuevo Tribunal de Cuentas renovado por el PP de Pablo Casado, Podemos y PSOE acepta el pago de las finanzas del «Procés» separatista con el dinero público

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25.06.2021. Vista de la fachada del Tribunal de Cuentas en la capital del Reino de España, Madrid, cuando se haya conocido este viernes, 25 de junio de 2021, el nuevo varapalo de este organismo sobre la malversación exterior por parte del separatismo en el Procés. Cuentas ha citado a cerca de excargos de la Generalidad de Cataluña, de 2011 a 2017, con los embargos de bienes o cifras millonarias sobre la Mesa por la propaganda separatista pagada con fundos públicos fuera de las fronteras del reino de España a través de la Consejería de Exteriores y del DIPLOCAT. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El nuevo Tribunal de Cuentas (TdC) —con cargos nombrados a dedo por el Partido Popular (PP) de Pablo Casado Blanco, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Podemos e Izquierda Unida (Unidas Podemos), tras un acuerdo entre estas formación para renovar los órganos institucionales del Reino de España, entre ellos el Tribunal Constitucional— ha aceptado este lunes, 28 de febrero de 2022, los avales del «Instituto Catalán de Finanzas» (ICF), órgano que depende directamente del Gobierno separatista del presidente Pere Aragonès García (ERC), para los ex altos cargos separatistas de la Generalidad de Cataluña implicados en la investigación por la malversación de caudales públicos en la promoción del golpe de estado separatista (Procés) en el extranjero, a través de la llama «acción exterior» del régimen secesionista amarillo entre el 2011 y 2017.

Entre los procesados, están el golpista político preso del Procés, indultado parcialmente, Oriol Junqueras Vies (ERC). Además, todos los consejeros de «Exteriores», de Economía, de Presidencia, y presidentes de la Generalidad de Cataluña. Por lo tanto, Artur Mas Gavarró y el golpista huido Carles Puigdemont Casamajò; el consejero golpista indultado parcialmente Raúl Romeva Roure; entre otros.

Hace unos meses el Tribunal de Cuentas rechazó la validez de los avales, de 5,4 millones de euros, al considerar que procedían de la propia administración afectada por el supuesto uso irregular de los fondos públicos.

Los afectados recorrieron, la abogacía del estado no se mojó sobre la validez.

Ahora, tras pactar el PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida la renovación del Tribunal de Cuentas, sus nuevos miembros dicen que es legal y han aceptado que el separatismo pague con dinero público los avales de su delirio amarillo para evitar los embargos de sus bienes.

Ha habido un voto particular en contra de esta decisión claramente política.