El separatismo aprueba el cierre total de Cataluña: tierra, mar y aire por coronavirus

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 16.03.2020. Imagen facilitada por el gobierno de la Generalidad de Cataluña, del inhabilitado expresidente de la Generalitat expulsado del Parlamento de Cataluña al ser condenado por el Tribunal superior de Justicia de Cataluña, sentencia que obligó a la Junta Electoral Central (JEC) a ordenar la retirada su acta de diputado regional, Joaquim Torra Pla -alias Quim Torra-, Quim Torra, durante la reunión que ha mantenido por videoconferencia con los diferentes grupos parlamentarios para analizar la evolución del coronavirus. Torra ha dado hoy positivo por coronavirus y está aislado con tos y fiebre. Efe

Efe – Dicha resolución del régimen secesionista amarillo posterior al decreto del estado de alarma nacional, que solo tendría validez si la aprobara el Gobierno de coalición de pablo Iglesias y pedro Sánchez -al haber sido declarado el estado de alarma en todo el territorio nacional español-, establece «limitar la libre circulación de personas en Cataluña, a pie o en transporte privado o colectivo, y ordenar el confinamiento en hogares», con una serie de excepciones. Barcelona (España), lunes 16 de marzo de 2020. 

El Govern  de la Generalitat de Cataluña ha aprobado este lunes una resolución que pide el confinamiento total de la ciudadanía en Cataluña de forma obligatoria, salvo algunas excepciones, y ha pedido al Gobierno central que lo autorice, ya que es la autoridad competente, en pleno estado de alarma. 

«No es la hora de proclamas patrióticas, es la hora de tomar medidas reales y efectivas como ha hecho el Govern; que el Gobierno autorice esta resolución», ha resaltado el conseller del Interior, Miquel Buch, en una rueda de prensa telemática.

El inhabilitado expresidente de la Generalitat expulsado del Parlamento de Cataluña al ser condenado por el Tribunal superior de Justicia de Cataluña, sentencia que obligó a la Junta Electoral Central (JEC) a ordenar la retirada su acta de diputado regional, Joaquim Torra Pla -alias Quim Torra-, ya hizo este pasado domingo un llamamiento a los catalanes a «autoconfinarse», una petición que este lunes se ha plasmado en este decreto del Govern firmado por el conseller Miquel Buch y la titular de Salud, Alba Vergès.

«Proponemos un confinamiento para que nadie pueda salir de casa», ha remarcado Buch.

El titular de Interior ha explicado que esta resolución, en situaciones normales, sería tramitada al poder judicial para que lo autorizara, ya que afecta a derechos fundamentales, pero una situación de estado de alarma como la actual «obliga a que pase por el Gobierno de España».

En este sentido, Buch ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que haya optado por «subordinar, en lugar de colaborar» con las autonomías y ha argumentado que la propuesta de la Generalitat de confinamiento total no responde a una «ideología política», sino a «recomendaciones médicas y técnicas».

Dicha resolución, que solo tendría validez si la aprobara el Gobierno central, establece «limitar la libre circulación de personas en Cataluña, a pie o en transporte privado o colectivo, y ordenar el confinamiento en hogares», con una serie de excepciones, informa Efe.

Entre ellas destaca el suministro de productos sanitarios y alimentos en lugares de consumo y la producción de los mismos, así como el desplazamiento al lugar de trabajo de servicios de seguridad, emergencias, protección civil, salud pública, servicios penitenciarios o escuelas de justicia juvenil.

También se permitiría la movilidad de servicios sociales, residenciales, forenses, fúnebres, meteorológicos, de infraestructuras, transportes, suministros de agua, recogida de residuos, así como la radio y la televisión con perspectiva de servicio público.

La resolución solo autoriza los desplazamientos de forma individualizada, no en grupo, salvo casos de menores y dependientes con sus tutores.

El decreto también establece una reducción del transporte público a un 5 % de su servicio habitual.

El incumplimiento de las medidas comportaría las sanciones previstas y otras responsabilidades del ordenamiento jurídico vigente, ha dicho Buch.

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