El separatismo y Podemos crean una comisión sobre la «violencia de España el 1-O»

FOTOGRAFÍA. TARRAGONA (ESPAÑA), 01.10.2017. Los héroes de la jornada del Golpe de estado racista de la genestapo de Carles Puigdemont (Convergencia-PDECAT-JxCAT) y vicepresidente d ela Generalidad Oriol Junqueras (ERC), entre otros neonazis, hoy en el IES Tarragona protegiendo la democracia española y las libertades fundamentales del pueblo español. Los fascistas ultra violentos intentan saltarse la ley, la sentencia de los tribunales y la Constitución y arrebatar a los españoles su España. Efe

Lasvocesdelpueblo y Agencias – Podemos y el separatismo dicen que «el objetivo es aclarar la violencia institucional de España ejercida aquel día (1-O de 2017) en Cataluña por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra los catalanes que querían votar». El pleno del Parlamento de Cataluña ha aprobado este jueves la creación de una comisión de investigación sobre «la violencia institucional» de España «durante la celebración del referéndum del 1 de octubre» (de 2017), con los votos favorables del separatismo JxCat, ERC y CUP; y la alianza del partido de Gobierno de España que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias, Podemos, en el parlamento de Cataluña: Cataluña en Común Podemos (los Comunes). Barcelona (España), sábado 8 de febrero de 2020.

La creación de esta nueva comisión de investigación en la cámara catalana no ha contado con los votos favorables de Ciudadanos (Cs), PSC y PP, pero los tres grupos independentistas y Cataluña en Común Podemos (Catalunya En Comú Podem) han unido sus votos para que fuese finalmente aprobada.

Desde la CUP, que es la formación que propuso en primer lugar dicha comisión, su diputado Vidal Aragonès ha indicado que el 1-O supuso, a su juicio, uno de los mayores ejercicios «de desobediencia democrática colectiva» del pueblo catalán.

Según Vidal Aragonès, «el objetivo es aclarar la violencia institucional ejercida aquel día por la Policía Nacional y la Guardia Civil contra los catalanes que querían votar».

Por parte de ERC, Ferran Civit ha avalado la comisión porque de lo que se trata, ha dicho, es de ver que «un referéndum va de democracia y justicia, y de averiguar por qué se confrontaron las porras contra las urnas».

Civit ha admitido que a lo largo del ‘procés’ el independentismo «ha cometido errores», pero entre ellos, ha puntualizado, «no está el de querer dar la voz a la ciudadanía para decidir en un referéndum el futuro político de Cataluña».

«El 1-O fue un día doloroso para Cataluña, pero triste para España», ha concluido este diputado republicano, que ha coincidido con Marc Perés, de los comunes, cuando ha pedido conocer los motivos por lo que no se quiso garantizar el derecho al voto a los catalanes.

Desde JxCat, Eduard Pujol ha pedido «poner nombres y apellidos a las víctimas de la represión» que se produjo el 1-O con la finalidad de «mantener viva la resistencia» y de «romper el silencio».

En sentido opuesto, Matías Alonso, de Ciudadanos (Cs), ha criticado a los grupos que apoyan la comisión, y especialmente a «JxCat, la heredera de la corrupta Convergencia» y a ERC, «que encabeza el ranking de golpismo desde los años treinta» del siglo XX, una frase que ha causado sorpresa en el hemiciclo.

La intervención de Matías Alonso ha dado pie a una petición del diputado de la CUP Carles Riera, a quien en aquel momento ejercía la presidencia del Parlament, el vicepresidente Josep Costa, para que llamara al orden al diputado de Cs, al haber dicho que Roger Español -un ciudadano que perdió un ojo en una carga policial- era «un alborotador callejero».

Costa no ha querido llamar al orden a Alonso y se ha limitado a señalar que la protesta de la CUP constará en el acta de la sesión como «una observación».

Desde el PSC, Oscar Ordeig ha dicho no entender el objetivo de la comisión, «porque todos nos hemos posicionado ya sobre el 1-O, y podrían cortar y pegar en las conclusiones todo lo que han dicho».

«No se entiende tampoco -ha añadido- que la quieran crear tres años más tarde, cuando el condenado Quim Torra haya anunciado unas elecciones, porque no dará tiempo a cumplir su cometido».

Alejandro Fernández, del PP, ha rechazado la comisión al entender que tiene una mera «finalidad propagandística» y que «en una democracia son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quienes tienen el monopolio de la fuerza».

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