El separatista Junqueras recibe 350 millones de los españoles y exige otros 1.090 millones más

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De (d) a (i), los candidatos de JxSí al 27-S 2015, Raúl Romeva; Artur Mas Gavarró, Oriol Junqueras, Carme Forcadell Lluís y Eduardo Reyes Pino. Foto archivo. lasvocesdelpueblo

Lasvocesdelpueblo y Agencias – El gobierno en funciones de España ha entregado este viernes al gobierno separatista catalán de Carles Puigdemont Casamajó 350 millones de euros de la hucha de los españoles para pagar las facturas y todos los gastos, incluso los más básicos: agua, luz, gas, limpieza, etc., del gobierno autonómico de la generalidad de Cataluña. Pero parece que para el vicepresidente del gobierno antiespañol de Cataluña, Oriol Junqueras Vies, eso ha sido insuficiente. El dirigente de Juntos Por El Sí (JxSí) exige que el presidente Mariano Rajoy Brey dé 1.090 millones de euros más. Madrid, 19 de marzo 2016. Fotografía: De (d) a (i), los candidatos de JxSí al 27-S 2015, Raúl Romeva; Artur Mas Gavarró, Oriol Junqueras, Carme Forcadell Lluís y Eduardo Reyes Pino. Foto archivo. lasvocesdelpueblo

El vicepresidente de la generalidad y consejero de Economía, Oriol Junqueras, ha cuantificado este viernes 18 de marzo en unos 1.090 millones de euros la cantidad que tendrá que abonar el Gobierno al gobierno regional de Cataluña en manos de separatistas excluyente por el “cálculo inadecuado” del sistema de financiación autonómica del año 2015. Un dinero que, según Junqueras, se suma a los 1.400 millones que recibirá la Generalitat catalana antes del verano a cuenta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2014, 350 de los cuales ya se le han transferido.

Tras reunirse durante mas de dos horas con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno en funciones de la patria, Cristóbal Montoro, Junqueras ha dicho que la preferencia del gobierno separatista de Cataluña es que el resto de esa cantidad llegue mes a mes a las arcas autonómicas, sin esperar a julio, cuando está previsto que lo reciban todas. Ha confirmado que anoche, 17 de marzo 2016, les llegaron los 350 millones de euros anunciados por el Ministerio de Hacienda como anticipo de los 1.400 millones que corresponden a Cataluña por la liquidación del ejercicio de 2014 y ha asegurado que no ha reclamado nuevos adelantos a Montoro.

Lo que sí desea es que ese dinero vaya llegando “de forma lo más regular posible”, porque que la administración catalana pueda ser rigurosa con sus proveedores “depende también del rigor con el que el ministerio cumple sus compromisos, pendientes desde el 2014”. “Todos debemos ser responsables de los compromisos que tenemos adquiridos“, ha subrayado el antiespañol vicepresidente del gobierno autonómico de Cataluña, en cuya opinión es mejor prorratear estas partidas mes a mes porque surgen “del cálculo inadecuado” que hizo el Gobierno en 2014.

Respecto a la exigencia del Gobierno de que el dinero transferido se dedique a servicios sociales y al pago de proveedores, ha recordado que Hacienda tiene “conocimiento detallado, semana tras semana, de todas las decisiones de gasto de todas las comunidades autónomas”. En una rueda de prensa celebrada en la sede de la delegación del gobierno regional de Cataluña en la capital de la Nación: Madrid, y no en el ministerio de Hacienda, Junqueras ha asegurado que hay “coincidencia” en que al menos algunos de los créditos a corto plazo de la del gobierno de Puigdemont pasen a largo plazo.

El gobierno separatista catalán -tanto de Artur Mas Gavarró como del actual presidente Puigdemont- reclama desde octubre al Gobierno del país autorización para convertir una parte de la deuda de los gobierno separatistas de Cataluña a corto plazo -unos 1.600 millones- en deuda a largo plazo para poder incluirla en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de todos los españoles.

A juicio de Junqueras, “a todo el mundo le conviene” que los créditos que son a corto plazo -tres meses-, se renueven a largo, a un año o más. No ha habido ningún acercamiento en cuanto al tipo de interés que se cobra a las comunidades adheridas al FLA, incluida Cataluña, que la semana pasada presentó el plan de ajuste que requiere el Ministerio para tener acceso a esos fondos.

Mientras la propuesta del gobierno de Puigdemont es que el tipo de interés de las partidas que reciben las comunidades sea 0, el mismo que cobra el BCE por prestar dinero, Hacienda insiste en mantener el 0,834 por ciento de interés. Junqueras, por otra parte, ha considerado “artificial” la calificación de la agencia Standard and Poor’s, que ha degradado un escalón más la calificación crediticia de Cataluña, teniendo en cuenta que esa comunidad carece apenas de capacidad para recaudar.

Y es que la reunión con Montoro ha coincidido con la decisión de la agencia de calificación Standard and Poor’s de degradar un escalón más la calificación crediticia de Cataluña, ya considerada bono basura. S&P ha pasado la deuda catalana de un BB- a un B+, cuatro escalones por debajo de lo que se considera una inversión satisfactoria.

Para Junqueras, la calificación de cualquier administración pública que no controla sus ingresos, porque un 95 por ciento lo recauda el Ministerio, “siempre es de carácter absolutamente artificial”, porque es imposible calcular el rating de una comunidad que es responsable del gasto social, el sanitario y el educativo, pero sólo recauda el 5 por ciento del esfuerzo fiscal.

Con todo, ha considerado que esta situación contribuye a que cada vez más catalanes estén convencidos de que “el único camino adecuado es ser responsables de su esfuerzo fiscal”. Además, Junqueras ha explicado que Montoro y él han coincido también en la responsabilidad que tienen todas las instituciones en el mantenimiento del crecimiento económico.

“Es evidente que el papel de la economía catalana es un elemento imprescindible en la capacidad de endeudamiento del Estado español”, ha dicho, convencido de que si España tiene acceso fácil ahora a los mercados se debe en gran medida a la mejoría económica, de la que Cataluña -ha señalado- está siendo motor, con un aumento del 3,4 por ciento el año pasado.

Del mismo modo, confía en que las dos partes compartan la premisa de que si el 95 por ciento de los impuestos de los catalanes los recauda el Ministerio de Hacienda, es el Gobierno central entonces el “último responsable” de garantizar la prestación de los servicios sociales básicos.

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