Lasvocesdelpueblo y rtve – El pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que sea el cliente, y no la banca, quien asuma el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), rectificando así la sentencia del pasado 18 de octubre que estableció que fueran las entidades quienes se hicieran cargo del mismo. Madrid (España), martes 6 de noviembre de 2018. Fotografía: ESPAÑA, AÑO 2015. Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo. Efe.
En una ajustada votación, por 15 votos a favor y 13 en contra, los 28 magistrados del alto tribunal han desestimado los tres recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas-Vaciamadrid contra resoluciones anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fallaron a favor de las entidades bancarias.
Se vuelve así a la jurisprudencia tradicional y al criterio expresado por el alto tribunal en febrero, cuando sentenció que era el cliente el que debía abonarlo. Sin embargo, la división ha sido patente durante las dos jornadas de deliberación y hasta prácticamente el último momento no se ha conseguido establecer una posición unitaria.
En las sentencias, que se conocerán en los próximos días, el Tribunal Supremo retrocede así al criterio vigente hasta el 16 de octubre, según el cual es el cliente quien se beneficia al inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar la tasa.
La reunión, emplazada en un principio para el lunes y prolongada hasta este martes por la falta de acuerdo, fue convocada por el presidente de la sala, Luis Díez Picazo, solo un día después del fallo conocido el pasado 18 de octubre, dado el «giro radical» en la jurisprudencia y la «enorme repercusión económica y social» provocados por la sentencia.
La noticia provocó un desplome de la cotización bursátil de los bancos cotizados, que en conjunto perdieron ese día más de 5.000 millones de euros; el sector se apresuró a recordar que jamás ha cobrado cantidad alguna en concepto de AJD y a reclamar a los poderes públicos «mayor seguridad jurídica y unas reglas claras y predecibles para el mercado hipotecario».
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este martes en 5.000 millones de euros el potencial impacto que las comunidades autónomas calculan sobre la devolución de dicho impuesto en caso de que el Tribunal Supremo hubiese decidido que debe pagarlo el banco con una retroactividad de cuatro años. Finalmente, no será así.
