Agencias – Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional del Reino de España (TC) tienen previsto abordar en el pleno que tendrá lugar los días: miércoles 2 de noviembre de 2016 y jueves 3 de noviembre de 2016 los recursos que el gobierno secesionista de Juntos Por El Sí (JxSí) de Carles Puigdemont Casamajó (Cataluña) y del País Vasco presentaron contra la reforma de la ley orgánica del alto tribunal, que le permite multar y suspender cargos que no cumplan sus resoluciones. Madrid (España), lunes 31 de octubre de 2016. Fotografía: Fachada del Tribunal Constitucional de la patria española. Foto archivo Lasvocesdelpueblo.
Tal como recoge la agencia catalana de noticias ‘ACN’, según informan fuentes del TC, los magistrados han incluido la cuestión en el orden del día después de semanas de discusión que ha evitado hasta ahora emitir una resolución por unanimidad, como intenta en todas las decisiones el presidente de la institución, Francisco Pérez de los Cobos.
La falta de consenso podría hacer derivar la resolución hacia las tesis del sector conservador, mayoritario en el pleno, que se decanta por avalar la reforma en su conjunto.
La notificación por parte del TSJC llegó el martes de la semana pasada a manos de la presidenta de la cámara catalana. Un funcionario judicial entregó el texto a Forcadell, una notificación motivada de once páginas.
A partir de entonces la presidenta del Parlamento tenía tres días para presentar un recurso de súplica, más un día hábil posterior al plazo.
Los magistrados tenían intención de resolver esta cuestión antes de emitir una decisión sobre el caso Forcadell, pero la falta de consenso y la pugna entre el sector conservador -mayoritario- y progresista ha ido retrasando la respuesta.
Sobre la mesa dos posibilidades: que la búsqueda del consenso implique una rebaja en las capacidades sancionadoras del mismo tribunal, o que -como se ha publicado esta semana- la mayoría conservadora imponga y declare constitucional la reforma.
El diario ‘Lavanguardia’ publicó el domingo 30 de octubre de 2016 que la vicepresidenta del TC, Adela Asúa, renunció a redactar la ponencia tras constatar que no tiene suficientes apoyos para una sentencia que obligue a ponderar la reforma, y que una mayoría de los magistrados aprobarán, por tanto, un texto que avalará en conjunto la constitucionalidad se nuevas atribuciones del TC.
Si se confirma esta decisión, el Tribunal Constitucional avalará la pretensión del PP -que es quien impulsó la reforma como respuesta a incumplimiento de las decisiones del TC por parte de la Generalidad de Cataluña- de trasladarle la responsabilidad de hacer cumplir las sus sentencias mediante mecanismos «coercitivos».
Este mecanismos, según consta en la reforma de la ley, van desde una multa de 3.000 euros a 30.000 euros «a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan las resoluciones del TC» hasta la «suspensión de las funciones de las autoridades o empleados públicos de la administración responsable del incumplimiento durante el tiempo preciso para asegurar la observación de los pronunciamientos del Tribunal».
