Madrid, lunes 5 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC), institución controlada por una mayoría socialcomunista y presidida por el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, prevé zanjar esta semana su aval para amnistiar el delito de malversación de caudales públicos a los líderes separatistas responsables del golpe del «Procés» de 2017 en Cataluña. Mediante el establecimiento de lo que se perfila como «una doctrina clara y precisa», la corte de garantías enmendaría la plana a la judicatura española ordinaria y abriría las puertas al regreso definitivo del prófugo Carles Puigdemont Casamajó, líder de Junts per Catalunya (JxCat), cuyas órdenes de detención quedarían invalidadas en las próximas semanas en cuanto el Tribunal Supremo se vea abocado a aplicar el fallo político del TC.
Según recoge este lunes la Agencia EFE, el Tribunal Constitucional reactivará desde el próximo martes los recursos de amparo interpuestos por los exconsejeros golpistas Jordi Turull Negre (JxCat) y Dolors Bassa Coll (ERC). Ambos impugnaron la decisión del Tribunal Supremo de excluir la malversación de la Ley de Amnistía, una postura fundamentada en Derecho que ahora decaerá previsiblemente mediante sendas ponencias estimatorias redactadas por el magistrado José María Macías y el propio Conde-Pumpido. El resultado está completamente tasado tras el último pleno, en el que la mayoría oficialista del tribunal ya forzó la retirada del borrador inicial de Macías contrario al perdón penal. Salvo sorpresa mayúscula, la resolución definitiva saldrá adelante gracias a los siete votos del bloque sanchista frente a los cinco de la minoría de magistrados defensores del orden constitucional.
Las ponencias enmendarían la interpretación histórica del Alto Tribunal, que defendía de manera motivada que los golpistas obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial al sufragar el referéndum ilegal con dinero de los contribuyentes, incurriendo en la excepción explícita que recoge la norma de amnistía. Frente a esto, Macías sostendría en su nuevo texto adaptado a la mayoría que el dictamen del Supremo «no puede considerarse correctamente motivada y founded en Derecho». Por su parte, Conde-Pumpido se mostraría notablemente más beligerante en su ponencia para el caso de Bassa, tachando los criterios del Supremo de «manifiestamente contrarios al espíritu de la ley» y planteando ordenar al magistrado instructor del golpe, Pablo Llarena Conde, que dicte una nueva resolución absolutoria con carácter preferente y urgente.
Desde el Supremo asumen que la doctrina fijada para Turull y Bassa sería extrapolable de inmediato al resto de procesados en rebeldía, lo que precipitaría el archivo de las causas de Puigdemont, Antoni Comín Oliveres y Lluís Puig Gordi en cuanto las sentencias sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El colapso del plan de vivienda comunista de Pedro Sánchez
Esta ofensiva judicial del bloque socialcomunista coincide temporalmente con la mayor crisis parlamentaria del Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados, donde el pasado viernes 2 de octubre de 2026 decayó de forma fulminante la agenda intervencionista del sanchismo y sus terminales extremistas de Movimiento Sumar. La soberanía nacional derogó en bloque los dos polémicos decretos con los que el Gobierno pretendía abolir la libre explotación de la propiedad inmobiliaria, instaurar un acoso fiscal sin precedentes sobre los ahorradores y perpetuar la asfixia del sector del alquiler mediante la protección estructural de la delincuencia de okupas e inquiokupas.
El primero de los textos legales abolidos por el Congreso fue el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible. Esta norma pretendía blindar el denominado «escudo social» prohibiendo por real decreto los desahucios de colectivos autodenominados vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030. El paquete expropiatorio incluía la intervención de las transacciones privadas de las entidades de adquisición impidiendo compras inferiores al 70 % de la tasación oficial, un aumento masivo de la presión impositiva sobre los pisos turísticos y la restricción absoluta de las modalidades de arrendamiento por habitaciones y de temporada habituales.
El segundo pilar de la ofensiva comunista, el Real Decreto-ley 27/2026, de 29 de septiembre, por el que se establecen medidas urgentes para reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, consagraba el intervencionismo de precios fijando un tope coercitivo del 2 % en las actualizaciones de las rentas. El decreto, que estuvo en vigor apenas unas horas antes de ser tumbado, imponía prórrogas automáticas obligatorias de hasta cinco años en los contratos residenciales vencidos, ampliaba el preaviso de los propietarios a seis meses y obligaba confiscatoriamente al arrendador legítimo a indemnizar a su inquilino con 12 mensualidades en caso de querer recuperar su propio inmueble.
La defunción del plan regulador del sanchismo fue ejecutada con los votos en contra de Vox, el Partido Popular, UPN y Junts per Catalunya, quienes sumaron una mayoría de hasta 184 votos negativos para frenar la destrucción de la oferta de alquiler en España. El portazo de los secesionistas catalanes quebró el pacto oculto de investidura suscrito con Pedro Sánchez, abriendo un escenario de inestabilidad total que ha obligado al mandatario socialista a sumirse en un periodo de reflexión que podría concluir este mismo lunes con la firma del adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre de 2026.
Amnistía a cambio de nada: la humillación de las clases medias
En los sectores de la oposición y en la opinión pública española se interpreta que Pedro Sánchez podría instrumentalizar su mayoría absoluta en el Tribunal Constitucional para castigar la desobediencia parlamentaria de Junts y de su jefe de filas en Bruselas. Fuentes del espectro político coinciden en que, tras la severa derrota legislativa sufrida por el Consejo de Ministros el pasado viernes, la ratificación judicial de la amnistía a la malversación ya no respondería a un canje de estabilidad gubernamental, sino a una humillación unilateral tolerada por las terminales socialcomunistas de la corte de garantías.
El patriota Bolsonaro tumba los sondeos y arrastra a Lula a la segunda vuelta
Más de media España rechaza cualquier impunidad judicial para el prófugo Carles Puigdemont, defendiendo que los únicos beneficios de gracia debieron limitarse en todo caso a los encausados que se sometieron formalmente al Estado de derecho y cumplieron condena efectiva en prisión. Para las bases de la izquierda y el sector oficialista, amnistiar de urgencia el desvío de dinero público de los líderes catalanes sin contar a cambio con los votos de JxCat para sostener los presupuestos estatales vaciaría de contenido la estrategia de resistencia de La Moncloa, convirtiendo la futura doctrina de Conde-Pumpido en una rendición institucional estéril frente al golpismo separatista.