Lasvocesdelpueblo y Agencias – El Gobierno de la Generalidad de Cataluña del presidente Carles Puigdemont (PDECAT) y vicepresidente Oriol Junqueras Vies (ERC) ha recurrido hoy, lunes 18 de septiembre de 2017, ante el Tribunal Supremo para impedir que el Gobierno central del presidente Mariano Rajoy Brey (PP) intervenga cuentas públicas del Gobierno d ela Generalidad de Cataluña y se haga cargo así del pago de los servicios básicos en Cataluña, pero, al no haber solicitado medidas cautelarísimas, el Tribunal no se verá obligado a pronunciarse en los próximos días. Madrid (España), lunes 18 de septiembre de 2017. Fotografía: Imagen de archivo de la fachada del Tribunal Supremo. Efe.
El recurso presentado hoy por el Ejecutivo separatista catalán incluye una petición de suspensión de la aplicación de este acuerdo, es decir, de medidas cautelares.
Pero fuentes del tribunal han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada (la Abogacía del Estado), ese plazo es diez días.
Si el Ejecutivo de Carles Puigdemont hubiera solicitado una suspensión cautelarísima, el Supremo se habría visto obligado a resolver en un plazo de 48 horas, con lo que existiría la opción de frenar de inmediato el acuerdo del Ejecutivo central.
Dicho acuerdo implica que el Gobierno de España asuma el control de los gastos esenciales de Cataluña -educación, sanidad, servicios sociales y nóminas, principalmente- después de que el Ejecutivo catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al Ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum secesionista del próximo domingo uno de octubre en Cataluña, suspendido por la Justicia española.
Se publicó el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y, además de la intervención de las cuentas sobre los gastos esenciales, también supuso abrir un plazo de 48 horas para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, adoptara un acuerdo de no disponibilidad respecto a gastos no esenciales.
El Ejecutivo catalán ha recurrido ante el Tribunal Supremo porque entiende que el Gobierno central hace un uso «ilegal» de la ley de estabilidad financiera para aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución -el relacionado con la intervención de una comunidad- «por la puerta de atrás».
