Madrid (España), miércoles 30 de junio de 2021. El Tribunal de Cuentas ha mantenido en 5,4 millones de euros la petición de fianza a 34 ex cargos del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por la propaganda exterior del Procés (proceso separatista) entre los años 2011 y 2017. Ahora, la Delegada Instructora de esta Causa Especial, respecto a la malversación exterior del procés, les da 15 días hábiles para abonar de forma solidaria entre los afectados. Si los responsables de las presuntas gastos indebidos no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles bienes. La Delegada Instructora no ha hecho modificaciones sustanciales en el acta de liquidación tras escuchar las alegaciones de las defensas es martes, 30 de junio de 2021, en una sesión que se ha alargado hasta este miércoles. La cantidad fijada, que deberá confirmar más adelante en un juicio, es de 5.422.411,10 euros.
El acta de liquidación provisional que el Tribunal de Cuentas entregó ayer, martes, a los afectados cifraba los gastos supuestamente irregulares en 5.422.879,48 euros. Las únicas partidas que han sufrido ligeras variaciones a la baja han sido las atribuidas a las «Embajadas» de la república Catalana —Delegaciones de la Generalidad de Cataluña— en Dinamarca y Croacia.
En la sesión de este miércoles, 30 de junio de 2021, ha sido el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado (Ministerio de Justicia del Gobierno del Presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón) y las Acusaciones Particulares. Según explicó el abogado y ex consejero Francesc Homs en una atención a los medios a la salida, el Ministerio Público ha hecho una intervención «política» y la Abogacía del Estado (Gobierno de Sánchez) «no ha hecho ninguna argumentación».
La Delegada Instructora del Tribunal de Cuentas ha exonerado a ocho de encausados 42 ex cargos a quien había citado entre los cuales los ex consejeros de Presidencia Jordi Turull y Neus Munté. También exonera a Javier Acín, Francisco Cubo, Jordi Serra, Virginia Astigarraga, Pau Villòria y Juan Prat.
Pago de la fianza
Los 34 ex cargos del Gobierno de la Generalidad separatista de Cataluña, de 2011 a 2017, afectados deberán ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria.
El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las que los vincula.
Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 millones. Por lo tanto, no tendrán que abonar la cifra individualizada en su totalidad.
La Delegada Instructora vincula al ex presidente de la Generalidad separatista Artur Mas Gavarró y a su ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, con el gasto de 2,8 millones de euros, destruidos en la propaganda exterior del procés.
También, vincula al expresidente golpista fugado de la Justicia Carles Puigdemont Casamajò (JxCat) y al indultado político preso Oriol Junqueras Vies (ERC) con 1,9 millones de euros, que gastó fuera del Reino de España en publicidad del procés.
Además, el tribunal de Cuentas vincula al ex consejero de Acción Exterior del Gobierno golpista de Puigdemont, Raül Romeva, con un máximo de 2,1 millones de euros malversado en la propaganda del exterior del procés y, finalmente, vincula al ex consejero de Presidencia de Artur Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros, destruidos en la publicidad exterior del procés.
Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se les atribuye al ex secretario general del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat), Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como el ex-interventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones de euros.
La responsabilidad es «solidaria» y, por tanto, todos los ex cargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, «si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables».
De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De ahí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que deberán pagar «solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros».
Homs ha criticado que la fianza impuesta es un «despropósito» y no tiene «fundamentación jurídica razonable». «Búsqueda perseguir una ideología, un planteamiento político», dijo.
El ex consejero ha explicado que la Fiscalía ha hecho un «mitin» en el que «se ha quejado de que desde el independentismo se cuestione el Tribunal de Cuentas» mientras que la Abogacía del Estado ha dicho que «no diría nada».
Los afectados podrán recurrir el acta provisional definitiva ante el Tribunal de Cuentas y, una vez se hayan resuelto los recursos, las acusaciones podrán presentar demanda.
El Ministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, Juan Carlos Campo, avanzó ayer, martes 29 de junio de 2021, que la Abogacía del Estado (que depende del Ministerio de Justicia) «no presentaría un recurso» tal y como dijo que hacía siempre una vez presentada la liquidación provisional.
