Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Madrid (España), martes 29 de junio de 2021. El Gobierno de coalición de España del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón ha exigido este martes al PP que ponga fin a su actitud «tremendamente antidemocrática» de «boicotear» la renovación de los órganos constitucionales y no ha descartado estudiar alguna reforma en relación con el Tribunal de Cuentas si no se eligen sus nuevos vocales.
«Vamos a esperar antes de anticiparnos a ninguna medida o actuación que pudiera corresponder», ha afirmado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de plantear algún cambio normativo sobre el órgano fiscalizador.
Según Montero, el plazo de los actuales vocales del Tribunal de Cuentas concluye el 23 de julio, por lo que ha considerado pertinente «esperar a ese momento» para ver si el PP se aviene a renovar a sus doce vocales, de los que seis corresponde al Congreso de los Diputados y seis al Senado.
Al igual que con otros órganos constitucionales, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la elección de los consejeros del Tribunal de Cuentas requiere mayoría reforzada, por lo que es preciso el pacto entre PSOE y PP o PSOE y VOX, esta última opción al ser imposible, al presidente Sánchez solo le quedaría el PP
El Gobierno de coalición de Sánchez ya puso sobre la mesa una reforma legal sobre el nombramiento de los vocales del CGPJ para evitar la mayoría reforzada, aunque finalmente la descartó.
La portavoz del Gobierno ha recordado que la composición del órgano fiscalizador responde a la mayoría absoluta que tenía el anterior Gobierno de Mariano Rajoy.
No obstante, ha puntualizado que su renovación «no va a alterar las investigaciones» que el tribunal tiene en curso, como la causa especial relativa a los dirigentes del Procés, a los que reclama 5,4 millones de euros por organizar el referéndum ilegal.
Montero ha subrayado que la renovación es necesaria para «el buen funcionamiento» de la institución ante las limitaciones que pasa a tener al expirar su mandato.
En su comparecencia, ha hecho hincapié en que el PP no puede erigirse como «autoridad única» para aceptar la renovación de los órganos institucionales.
«No es de recibo. Es una actitud tremendamente antidemocrática del PP por no cumplir el mandato constitucional. Un partido no puede ejercer el veto amparándose en excusas variopintas simplemente porque cree que le benefician las mayorías actuales», ha argumentado Montero.
Ha apuntado que la elección de nuevos vocales «no es voluntario, sino obligado», como dicta la Constitución.
La ministra de Hacienda ha manifestado que «el Gobierno no se pronuncia sobre la reclamación de los 5,4 millones de euros» que el Tribunal de Cuentas a los dirigentes independentistas como Artur Mas Gavarró, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras Vies, Raúl Romeva y así hasta cerca de 40 individuos separatistas excargos de la Generalidad de Cataluña durante los años del procés (de 2011 a 2017) por malversar fondos públicos fuera de las fronteras del Reino de España en la propaganda del Procés, a través de las Consejerías de Economía, las vicepresidencias, las Presidencias y las Consejerías de Exteriores de la Generalidad de Cataluña, además de entidades separatistas creadas por la propia Generalidad secesionista como el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña (DIPLOCAT).
«Es importante trasladar el respeto del Gobierno a todas esas investigaciones y el que el PP no puede sumar un órgano más a la no renovación», ha remarcado la portavoz del Ejecutivo.
