Agencias – El Tribunal de Cuentas ha reaccionado ante las declaraciones del presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, este jueves en que encontraba «indecente» que abra un expediente para hacer pagar la factura del referéndum separatista del pasado 9 de noviembre de 2014 en Cataluña (9-N) los políticos inhabilitados: el ex presidente catalán Artur Mas Gavarró y sus consejeros: Francesc Homs, Joan Ortega e Irene Rigau. Barcelona (España), viernes 21 de julio de 2017. Fotografía: El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (i), junto al expresidente Artur Mas (d), durante el consejo nacional extraordinario para evaluar el primer año de la nueva formación heredera de CDC, en un momento de tensiones internas por la destitución del consejero Jordi Baiget por parte del presidente Carles Puigdemont y las diferentes visiones del proceso separatista. Archivo Efe.
«Llama la atención la gravedad de las descalificaciones realizadas por la máxima autoridad de una comunidad autónoma contra la Institución que se limita a cumplir con el mandato constitucional y aplicar la legislación vigente, sin que sea admisible cualquier mediatización en el ejercicio de la su función jurisdiccional «, ha denunciado en un comunicado el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, Felipe García.
El Tribunal de Cuentas recuerda que la institución «es el órgano competente para instruir y resolver a través de un procedimiento jurisdiccional los daños ocasionados a los fondos públicos».
García precisa que el tribunal actúa «a instancias de parte legitimada en todos los casos, no de oficio».
En el caso concreto del referéndum del 9-N, García recuerda que el tribunal ha intervenido a instancias de varios actores públicos, «sin perjuicio de la intervención posterior del Ministerio Fiscal y personación de la Abogacía del Estado».
El presidente de la Sección de Enjuiciamiento apunta que el procedimiento «sigue su curso habitual y trámite como todos los demás asuntos que ingresan en el Tribunal por daños a los fondos públicos».
Además recuerda que tras las diligencias preliminares finalizadas por el Departamento de Enjuiciamiento instruyen las actuaciones previas por parte de un delegado instructor, «quien podrá tomar medidas provisionales».
Posteriormente, el asunto volverá al Departamento para su trámite ya como procedimiento jurisdiccional, según indica García.
Por lo tanto, añade el presidente de la Sección de Enjuiciamiento, el tribunal «actúa de acuerdo con su competencia y mediante el procedimiento establecido» y puntualiza que hasta ahora no se ha adoptado ninguna medida que pueda afectar a los denunciados y, según dice, será el delegado instructor «quien a la vista de sus averiguaciones y de la documentación existente podrá declarar o no alguna providencia que pudiera incidir en los presuntos responsables».
