
Madrid, miércoles 18 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- El Tribunal de Cuentas ha acordado abrir una investigación formal para determinar si existieron irregularidades contables y menoscabo de caudales públicos en las retribuciones percibidas por David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno socialcomunista y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, durante su etapa en la Diputación de Badajoz. La resolución tiene por objeto esclarecer si los pagos abonados con cargo al erario estuvieron realmente justificados o si procede exigirle el reintegro íntegro de unas cantidades que las acusaciones sitúan entre los 280.845 y los 416.798 euros.
En un auto dado a conocer este miércoles, la consejera de Cuentas Elena Hernáez estima parcialmente las denuncias impulsadas por las acusaciones populares ejercidas por Vox e Iustitia Europa —a las que se sumaron el Partido Popular, Hazte Oír y la Fundación Abogados Cristianos— y concluye que los escritos presentan «presuntos pagos carentes de justificación cuya sola posibilidad hacen necesaria la apertura de una investigación para el esclarecimiento de los hechos». En consecuencia, acuerda elevar las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador para que se designe un instructor encargado de investigar tanto los salarios abonados a David Sánchez como los percibidos por su estrecho colaborador Luis María Carrero, igualmente condenado en la vía penal.
La consejera precisa que este trámite procesal no supone «en absoluto prejuzgar ahora la existencia o inexistencia de responsabilidades contables», sino abrir la fase instructora en la que, con todas las garantías legales, se determinará si se produjo un alcance o perjuicio efectivo en las arcas públicas. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechaza de plano el archivo solicitado por la Diputación de Badajoz —gobernada por el PSOE—, que pretendía dar carpetazo al asunto alegando que las nóminas respondían a «servicios efectivamente prestados» y que la condena penal aún no es firme. La Fiscalía se pronunció también a favor de nombrar un instructor.
Un «traje a medida» condenado por prevaricación administrativa
Esta ofensiva en la jurisdicción contable se produce cuatro meses después de que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz dictase la Sentencia número 152/2026, de 14 de julio de 2026, por la que condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 404 del Código Penal. La misma pena recayó sobre el expresidente de la institución provincial y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo Miranda —condenado por dos delitos continuados de prevaricación—, y sobre Luis María Carrero, sentencia que se encuentra actualmente pendiente de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El fallo judicial desmontó punto por punto la coartada laboral del hermano del jefe del Ejecutivo. Los magistrados declararon probado que en octubre de 2016 se diseñó una plaza innecesaria y vacía de contenido —denominada inicialmente Coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música— «con el objetivo de que el mismo fuera ocupado» por David Sánchez «por su relación de parentesco» con Pedro Sánchez, un puesto conocido internamente entre los funcionarios como el del «hermanísimo».
Aunque la adjudicación inicial de 2017 resultó prescrita en el ámbito penal para David Sánchez, la Audiencia Provincial lo condenó por la maniobra perpetrada en octubre de 2022, cuando la Diputación transformó fraudulentamente su cargo en jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Según la literalidad de la sentencia, aquella recalificación constituyó «un traje a medida al beneficiario de la plaza» y «supuso una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo con el propósito de adaptarlas a sus apetencias personales, dotándole de cuantiosas partidas presupuestarias al efecto». El tribunal constató además que David Sánchez apenas acudía a su puesto de trabajo, carecía incluso de despacho fijo y que Luis María Carrero fue «enchufado» como jefe de sección de coordinación de centros y actividades transfronterizas por su mera condición de colaborador del hermano del presidente.
Las cifras bajo sospecha y las maniobras del «caso Leire» contra la juez Biedma
El procedimiento abierto ahora en el Tribunal de Cuentas deberá auditar euro a euro los desembolsos ejecutados por la Diputación pacense. Las cuantías reclamadas oscilan según las distintas partes personadas:
– Vox: Cifra en 280.845 euros las retribuciones cobradas por David Sánchez entre 2017 y 2024.
– Hazte Oír, Iustitia Europa y Fundación Abogados Cristianos: Elevan el perjuicio a 340.572 euros abonados entre 2017 y 2025, tomando como base documental la propia sentencia de la Audiencia Provincial.
– Partido Popular: A través del portavoz popular en la Diputación, Juan Antonio Barrios, plantea una estimación provisional y orientativa de 416.798 euros.
El avance de la investigación patrimonial coincide además con los últimos coletazos judiciales en la Audiencia Nacional del denominado «caso Leire», la trama vinculada a la exmilitante socialista Leire Díez y las cloacas de Ferraz que operó para hostigar y desacreditar a los investigadores de las causas que afectan al entorno familiar y político de Pedro Sánchez.
En este sumario figura como perjudicada la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, instructora que destapó la trama de la Diputación pacense y sentó en el banquillo a David Sánchez. La magistrada declaró ante la Audiencia Nacional la «angustia» y el seguimiento sufridos durante la instrucción, llegando a revelarse que un letrado vinculado a las maniobras reconoció haber visionado un vídeo suyo y de sus hijas. Precisamente este martes, el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, rechazó el último recurso del exmagistrado investigado Luis José Sáenz de Tejada para frenar la declaración prevista para el próximo 24 de noviembre de la testigo clave Cintia Carolina Rocho Leal, quien relató ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil una conversación en la que el investigado calificó a la juez Biedma como un «puto grano en el culo» y sostuvo que «había que eliminarla».
