La Audiencia Nacional admite la querella contra Julio Iglesias pero cuestiona su encaje en España y descarta la trata

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FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25 DE FEBRERO DE 2026. FECHA RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN. El cantante español Julio José Iglesias de la Cueva (Julio Iglesias), en la imagen) ha presentado una demanda contra la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de coalición de España y exlíder de la coalición de ultraizquierda SUMAR, Yolanda Díaz Pérez, por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia. Efe
FOTOGRAFÍA. MADRID (ESPAÑA), 25 DE FEBRERO DE 2026. Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por injuria y calumnia. FECHA RELACIONADA CON LA INFORMACIÓN. El cantante español Julio José Iglesias de la Cueva (Julio Iglesias), (en la imagen) ha presentado una demanda contra la vicepresidente segunda y ministra de Trabajo del Gobierno de coalición de España y exlíder de la coalición de ultraizquierda SUMAR, Yolanda Díaz Pérez, por los comentarios de carácter «injurioso y calumnioso» que realizó en una red social y en un programa de televisión en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía por falta de competencia. Efe

Madrid, miércoles 18 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante —estos dos últimos acotados a hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, salvo que formen parte de una dinámica delictiva no prescrita—, pero ha rechazado de plano investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores. En el auto dictado este miércoles, el titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia cita a declarar de forma presencial a las querellantes el próximo 3 de febrero de 2027 y señala la «aparente discordancia» entre su relato y los mensajes de tono amistoso intercambiados con el artista hasta el año 2024.

La resolución judicial limita la incoación del procedimiento penal al testimonio de las querellantes —que el instructor califica como «un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal»— y a una fotografía aportada por la primera denunciante en la que se aprecia un hematoma en un brazo, compatible con haber sido agarrada con fuerza, y dos marcas en un muslo que podrían corresponderse con una mordedura. No obstante, el magistrado subraya expresamente que la admisión a trámite se acuerda «sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad» y advierte de que habrá que analizar la posible prescripción de las conductas que la legislación entonces vigente tipificaba como abuso sexual con penas inferiores a cinco años.

## El juez desmonta la «esclavitud» agitada por Yolanda Díaz y descarta la trata

Uno de los puntos más contundentes del auto reside en el rechazo frontal a investigar los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que sostenían la acusación. Tras examinar las condiciones de contratación de ambas mujeres en las mansiones que Julio Iglesias posee en República Dominicana y Bahamas, el juez Antonio Piña concluye que no medió engaño ni artificio alguno, ni aprecia la situación de vulnerabilidad extrema descrita en la querella. Asimismo, descarta el delito laboral al recordar que ni la legislación dominicana ni la de Bahamas tipifican una infracción penal equivalente.

Este pronunciamiento judicial desinfla la campaña política desplegada desde el inicio del caso en el entorno de la vicepresidenta segunda del Gobierno socialcomunista y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez. El procedimiento tuvo su origen el pasado 13 de enero de 2026, cuando la cabecera elDiario.es y la cadena estadounidense Univision Noticias difundieron tras casi tres años de preparación una serie de vídeos y entrevistas con testimonios de extrabajadoras del servicio doméstico del cantante, acompañados de una denuncia de la organización Women’s Link Worldwide ante la Fiscalía —que archivó inicialmente las diligencias el 23 de enero por falta de jurisdicción—.

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Apenas horas después de publicarse aquellos vídeos, y sin existir resolución judicial alguna, Yolanda Díaz escribió en la red social Bluesky que se trataba de «escalofriantes testimonios» sobre «abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente», afirmando al día siguiente en Televisión Española que el caso daba «terror» y «pánico». Aquellas manifestaciones llevaron a la defensa de Julio Iglesias a demandar a la dirigente comunista por injurias con publicidad y calumnias por vulnerar su presunción de inocencia y emitir «claros prejuicios de culpabilidad», causa que el Tribunal Supremo remitió en septiembre a los juzgados ordinarios de Madrid al considerar que Díaz actuó como dirigente política y no en ejercicio de su cargo ministerial.

## Mensajes «afectuosos» hasta 2024 y rechazo a blindarlas como testigos protegidos

En su auto, el magistrado dedica un apartado específico a examinar las conversaciones de WhatsApp intercambiadas entre las querellantes, Julio Iglesias y dos encargadas domésticas. Lejos de reflejar una ruptura o denuncia inmediata, el juez constata que la relación se prolongó durante tres años sin ningún reproche por los hechos ahora denunciados.

«Al contrario, nos encontramos con mensajes que vienen a perpetuar una relación fluida y afectuosa entre personas que denotan amistad. Ejemplo de ello son las reiteradas felicitaciones de año nuevo, o la persistencia en conocer cómo se encontraban», expone el instructor, precisando que ese trato cordial se mantuvo hasta 2024. «Los mensajes presentan una aparente discordancia con determinados extremos del relato, que deberá esclarecerse mediante la declaración de la querellante 1 y el examen íntegro y contextualizado de las comunicaciones», añade.

Por idéntica cautela procesal, Piña deniega tanto la concesión de la condición de testigos protegidos como la orden de alejamiento solicitadas por la acusación, al entender que no se aporta ningún elemento objetivo que acredite una situación especial de peligro y que la supuesta posición de dominio atribuida al artista no basta para presumir un riesgo real.

## Duda sobre la elección de la jurisdicción española frente a República Dominicana

Aunque el magistrado reconoce la competencia de la justicia española en virtud del principio de personalidad activa previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial —al tener Julio Iglesias nacionalidad española—, cuestiona abiertamente la estrategia procesal de las denunciantes al acudir a Madrid en lugar de hacerlo ante los tribunales de República Dominicana o Bahamas.

El auto señala que no consta circunstancia alguna que permita poner en duda la capacidad de las autoridades judiciales dominicanas y apunta que la interposición de la querella en España «parece responder a una elección fundada en razones de oportunidad procesal o conveniencia», provocando una fragmentación artificial de los hechos. En este sentido, el juez destaca que el propio relato de la querella atribuye actuaciones de posible relevancia penal a dos encargadas extranjeras contra las que, sin embargo, no se dirigió la acción penal en el juzgado porque la jurisdicción española no alcanza a ciudadanos extranjeros por hechos cometidos fuera de España.

«El principio de territorialidad ofrece, en el presente supuesto, un marco jurisdiccional potencialmente más adecuado para garantizar una investigación completa, coherente y unitaria de los hechos, al permitir extender el procedimiento a la totalidad de las personas presuntamente implicadas y evitar la fragmentación artificial de una realidad delictiva que, de confirmarse, debería ser objeto de una valoración conjunta», concluye el magistrado.