Redacción – La formación política ‘verde’ española que lidera Santiago Abascal seguirá ejerciendo de ‘Acusación Popular’ en la Causa del ‘Procés’, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado su expulsión solicitada por uno de los ‘Jordis’ -Jordi Cuixart de Ómnium Cultural- porque lo permite marco jurídico vigente, alega el tribunal. Los magistrados recuerdan que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Sala no conceden el monopolio de la acusación penal a la Fiscalía en causas seguidas por delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o carácter metaindividual. Madrid (España), martes 6 de noviembre de 2018. fotografía: Madrid (España), 05.11.2018. La cúpula de VOX, junto a su presidente Santiago Abascal (C), hoy al Tribunal Supremo donde ha presentado oficialmente su escrito de acusación contra los líderes del procés en Cataluña. Un total de 700 años de prisión para todos los acusados del pulso independentista al Estado español en Cataluña. Ñ Pueblo Lasvocesdelpueblo
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de Jordi Cuixart para que se expulsase al partido político VOX en el ejercicio de la acción popular en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo por los hechos que culminaron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña, al entender que está haciendo un «uso fraudulento del mismo».
La Sala recuerda que ya ha llamado la atención en otros asuntos sobre la necesidad de abordar una regulación de esta materia que excluya el riesgo de trasladar al proceso penal la contienda política.
Y considera significativo que en los frustrados trabajos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se excluyera expresamente del ejercicio de la acción popular a los partidos políticos.
«Sin embargo -añade el auto-, el marco jurídico vigente autoriza la presencia del partido político VOX en el ejercicio de la acción popular, con todas las expectativas, cargas y derechos que son propios de su estatus como parte. Y a ese marco jurídico nos atenemos», dice el Tribunal.
El Tribunal Supremo: La presencia de una acción popular «no debe ser considerada como un obstáculo para la vigencia de los principios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional»
Los magistrados recuerdan que la doctrina constitucional y la jurisprudencia de la Sala no conceden el monopolio de la acusación penal a la Fiscalía en causas seguidas por delitos que afectan a bienes de titularidad colectiva, de naturaleza difusa o carácter metaindividual.
Añaden que en el caso de Cuixart los delitos por los que se decretó su procesamiento son de ese tipo, y por tanto en esos supuestos la presencia de una acción popular «no debe ser considerada como un obstáculo para la vigencia de los principios que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional».
Asimismo, la Sala recuerda que al acusador popular le incumbe el deber de actuar conforme a las exigencias de la buena fe, «pero no es un tercero imparcial».
Advierten al respecto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal concede a la Sala los instrumentos jurídicos precisos para impedir que la acusación popular, o cualquiera de las otras partes, «desborden el ámbito funcional que le es propio».
52 años de prisión para los «Jordis»
VOX presentó oficialmente este lunes su escrito de acusación contra los líderes del Procés ante el Tribunal Supremo.
Tal como defendieron los altos cargos de esta formación política, en declaraciones a los medios, VOX cree que tanto los «Jordis» como los exconsejeros del Gobierno cesado en 2017, tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña (DUI), cometieron dos delitos de rebelión, malversación, desobediencia y sedición.
Así, para los «Jordis», Jordi Sánchez de Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Cuixart de Ómnium Cultural, VOX pidió una condena de 52 años; la misma para la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell Lluís.
La Acusación Popular va más allá del Gobierno cesado y pide también prisión para los exconsejeros que días antes el pulso independnetista del 1-O y del 27-O -este último, la DUI- dimitieron o fueron cesados por el entonces gobierno sedicioso del huido Carles Puigdemont Casamajò.
En cuanto al Gobierno cesado, VOX pide hasta 74 años de prisión.
