Lasvocesdelpueblo y Agencias – Entre las diligencias solicitadas, el Tribunal catalán ha aceptado requerir al Parlamento de Cataluña el informe de los servicios jurídicos, el acta y el acuerdo de la Mesa de la cámara catalana del pasado 29 de marzo de 2016. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) requiere precedentes en que la mayoría separatista en la Mesa del Parlamento de Cataluña limitó las votaciones separatistas sobre las conclusiones del procesos constituyente de su hipotético estado secesionista para juzgar a la presunta delincuente actual presidenta del Parlamento catalán y diputada de Juntos Por El Sí (JxSí), Carme Forcadell Lluís. Barcelona (España), martes 27 de diciembre de 2016. Fotografía: la presidenta del parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, durante un acto de JxSí . lasvocesdelpueblo.
Con esos documentos, la Fiscalía pretendía «dejar constancia» de que la intención de introducir en el pleno la votación de las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente secesionista, que abría la puerta a una vía de referéndum de autodeterminación sin aval del Gobierno del presidente Mariano Rajoy Brey —Referéndum unilateral de Independencia (DUI—, «y promover con ello el quebranto de lo decidido por el Tribunal Constitucional (TC en su auto de 19 de julio resultaba claramente previsible».
El Tribunal investiga a Forcadell por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir que el pleno votara la hoja de ruta secesionista
La juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que investiga a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, ha requerido a la cámara catalana informes sobre precedentes en que la Mesa haya vetado o limitado la tramitación de iniciativas separatistas.
Según han informado fuentes judiciales, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret, que investiga a Forcadell por desobedecer al Tribunal Constitucional al permitir que el pleno votara la hoja de ruta secesionista de JxSí y la CUP, ha ordenado esas nuevas diligencias, a petición de la Fiscalía Superior de Cataluña.
Entre las diligencias solicitadas por la Fiscalía, el TSJC ha aceptado requerir al Parlamento de Cataluña el informe de los servicios jurídicos, el acta y el acuerdo de la Mesa de la cámara catalana que el pasado 29 de marzo admitió «con condiciones» una resolución separatista impulsada por la formación amarilla-violenta catalana (CUP) de Anna Gabriel.
En esa moción, que la Mesa del Parlamento de Cataluña aceptó tramitar «con condiciones» gracias a la mayoría de JxSí, la formación de la extrema izquierda-amarilla catalanista (CUP) proponía que el Parlamento catalán aprobara acelerar la ruptura con España.
El TSJC exige al Parlamento de Cataluña los informes jurídicos y parlamentarios relativos al acuerdo en el que la Mesa del Parlamento rechazó
El alto tribunal catalán ha pedido también a la cámara catalana el informe de los servicios jurídicos, el acta y el posterior acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que el 13 de julio de 2010 rechazó tramitar una iniciativa popular presentada por la formación separatista del ex-presidente de FC Barcelona, Joan Laporta, Solidaridad Por la Independencia (SÍ) para la celebración de un referéndum separatista en Cataluña.
También exige la magistrada al Parlamento de Cataluña los informes jurídicos y parlamentarios relativos al acuerdo en el que la Mesa rechazó, por considerarla «inconstitucional y antiestatutaria«, otra iniciativa popular presentada por un grupo de ciudadanos y de asociaciones para celebrar un referéndum de autodeterminación en Cataluña, según informaciones de prensa citadas por la Fiscalía.
TSJC: Forcadell con su desafía quería «promover el quebranto de lo decidido por el Tribunal Constitucional en su auto del 19 de julio de 2016»
Alegret ha rechazado, por el contrario, la petición de la Fiscalía para requerir a los periódicos La Vanguardia y El Periódico de Cataluña la información de los días previos y del mismo en que se celebró el pleno que votó la hoja de ruta separatista por la que Forcadell está siendo investigada.
Con esos documentos, la Fiscalía pretendía «dejar constancia» de que la intención de introducir en el pleno la votación de las conclusiones de la comisión de estudios del proceso constituyente secesionista, que abría la puerta a una vía de referéndum de autodeterminación sin aval del presidente de Gobierno del Reino de España, Mariano Rajoy Brey, —Referéndum unilateral de Independencia (DUI—, «y promover con ello el quebranto de lo decidido por el Tribunal Constitucional (TC) en su auto de 19 de julio resultaba claramente previsible».
