El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara firme la sentencia y da 2 meses a Pere Aragonès García para cumplir y hacer cumplir el auto del 25 % de clase en español/castellano

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FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 20.12.2020. una mujer catalana reclama en una bandera una educación "También en Español" en España. Las calles del centro de Barcelona se levantan contra la prohibición del idioma español (castellano) en la Comunidad autónoma de Cataluña mediante la llamada Ley Celaá del régimen socioseparatista y socioetarra del presidente Pedro Sánchez y vicepresidente Pablo Iglesias. También, Tarragona se ha sumado a las marchas motorizadas, que, tanto en Barcelona como en la provincia tarraconense, ha tenido el apoyo de VOX, PP y Ciutadans. Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), viernes 21 de enero de 2022. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado este viernes 10 días a la Consejería de Educación del Gobierno separatista de Pere Aragonès García para empezar a aplicar, en un plazo de dos meses, la sentencia que obliga a dar un mínimo del 25% de clases en español/castellano -solo 6 horas de clase semanales- en las escuelas públicas de la Comunidad autónoma de Cataluña.

Sentencia ya firme sin posibilidad de recurrir

El TSJC ha dictado este decreto tras recibir testigo del Tribunal Supremo, que rechazó el Recurso de Casación que había presentado la Consejería de Educación del Gobierno separatista contra la sentencia emitida por el TSJC el 16 de diciembre de 2020. La letrada de la sala contenciosa del TSJC decreta la firmeza de la sentencia que ya no puede recurrirse.

La resolución del TSJC emplaza al Ejecutivo separatista de Aragonès a llevar a «puro y debido efecto» la resolución sobre el castellano en las aulas ya poner en práctica «lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en la sentencia».

Según se informa desde el TSJC, una vez la sentencia es firme y en cumplimiento del artículo 104 de la ley contencioso-administrativa, la Generalitat tiene dos meses para ejecutarla. «Pasado los dos meses, cualquiera de las partes y personas afectadas puede instar a la ejecución forzosa».

Además, pide al Gobierno separatista que, también en este plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán.

La sentencia, que ha provocado varias familias catalanas que exigen a sus centros educativos más clases en español/castellano, ordena al Gobierno separatista garantizar que este idioma oficial del Reino de España sea también vehicular en esta parte del territorio nacional de España, que wa Cataluña, en un 25% de las materias para todos los alumnos, tras constatar que su uso es «residual y sólo cumplen la ley el 2% de escuelas» hasta la fecha.

En su sentencia, dictada en diciembre del 2020, pero que el Supremo confirmó el pasado mes de noviembre, el TSJC estimaba parcialmente un recurso que el gobierno de Mariano Rajoy presentó en el 2015 por la «inactividad» del Gobierno separatista en su obligación de garantizar la enseñanza del español/castellano.

El TSJC llegó a esta conclusión a raíz de la información que el Departamento de Educación separatista le aportó en el marco de este proceso judicial que, según la sentencia, constata que la media de horas en castellano es del 18% en el educación primaria, del 19% en la secundaria y del 26% en el bachillerato.

El Ejecutivo separatista ha anunciado que «no admitirá cambios» en su apartheid lingüístico instaurado en la Comunidad autónoma de Cataluña desde los inicios del Procés, mediante la llamada «inmersión lingüística de Cataluña» y, es más- subraya- «incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumple el modelo educativo y se imparten en catalán todas las clases previstas».

También ha asegurado que el «Departamento de Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por sentencias que obliguen a asegurar el 25 por ciento del español/castellano, como es el caso de la escuela de Canet de Mar (Maresme) Barcelona», que hace unas semanas va ser el centro de una polémica lingísticapor las campañas de bullying y amenazas de muerte promovidas por el separatismo contra el niño y su familia.