El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena a la Generalidad separatista “a vacunar contra el Covid 19 a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil destinados en Cataluña”

.El tribunal da diez días al Departament de Salut para que iguale la proporción de vacunación de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con la del resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación

FOTOGRAFÍA. BARCELONA (ESPAÑA), 12.02.2021. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estados (JUPOL, JUCIL, JUSAPOL) protestan en Plaza San Jaime de Barcelona contra el abandona por parte del Gobierno de España del presidente Pedro Sánchez (PSOE) frente al acoso y campaña de odio de grupos separatistas y de ultraizquierda, promovidos desde los principales partidos políticos separatistas en Cataluña, principalmente el JxCAT y los cachorros de la CUP. Los agentes reclaman que el Gobierno de Sánchez declare a Cataluña como «Zona de Especial Singularidad». Lasvocesdelpueblo (Ñ Pueblo)

Redacción – La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado la medida cautelar solicitada por el sindicato JUPOL, asociación profesional de Policía Nacional y Asociación Profesional de Guardia Civil (JUCIL) y, por tanto, ordena a la Generalidad separatista, al Departamento de Salud, la “inmediata modificación del Plan de vacunación contra el Covid-19” para que queden incluidos como personal esencial los agentes de los citados cuerpos de Seguridad del Estado. Barcelona (España), martes 27 de abril de 2021.

El tribunal da diez días al Departamento de Salud para que iguale la proporción de vacunación de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional con la del resto de cuerpos en los que sí se ha aplicado el plan de vacunación, le exige un informe de cumplimiento dos días después de expirado dicho plazo de 10 días y le impone las costas procesales.

El sindicato y asociaciones de Policía y Guardia Civil presentaron inicialmente unas medidas cautelarísimas que fueron desestimadas.

El Tribunal dio traslado a la Generalidad separatista para que pudiera alegar, convirtiéndose así el trámite en medidas cauterales por posible vulneración de derechos fundamentales.

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