Madrid, lunes 9 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado resolución este lunes 9 de noviembre de 2026 sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de cara a los comicios generales a las Cortes Generales del próximo 29 de noviembre de 2026 (29N). El Alto Tribunal ha rechazado las alegaciones presentadas por asociaciones oficialistas y colectivos afines al Ejecutivo socialcomunista que pretendían revertir el bloqueo, manteniendo plenamente vigente la suspensión cautelar del derecho a voto a 162.454 falsos españoles nacionalizados de forma acelerada bajo el paraguas de la controvertida Ley de Memoria Democrática. Únicamente aquellos electores que acrediten fehacientemente mediante certificación registral legal ser hijos directos de exiliados podrán emitir su papeleta.
El pronunciamiento de la Sala Tercera supone la consolidación de un freno judicial decisivo frente a las maniobras de ingeniería legislativa e instrumentalización del censo electoral exterior promovidas por el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Las instrucciones administrativas dictadas en el marco de la conocida popularmente como Ley de Nietos inflaron masivamente las listas del censo en el extranjero mediante la concesión indiscriminada de la nacionalidad, una anomalía que fue combatida in extremis por la acusación patriótica para preservar la veracidad del proceso democrático.
La ofensiva legal de Vox e Iustitia Europa contra el pucherazo electoral
La paralización de este intento de alteración censal es fruto directo del combate jurídico abanderado por el partido político Vox y la asociación Iustitia Europa. Ambas entidades articularon una estrategia procesal ante el Tribunal Supremo encaminada a desmantelar las inscripciones irregulares en el censo CERA, logrando en resoluciones previas dictadas durante los meses de septiembre y octubre de 2026 la suspensión cautelar de los 162.454 nacionalizados que carecían de verificación documental completa sobre el exilio de sus progenitores.
En su última solicitud de ampliación de medidas cautelares, la acusación patriótica exigió extender la suspensión a otros 189.678 electores, correspondientes a los hijos de los nacionalizados exprés. Los recurrentes sostuvieron que permitir el sufragio de este colectivo secundario manteniendo bloqueado el de sus padres constituía una contradicción insalvable que amenazaba con inyectar en las urnas del 29N miles de votos ilegítimos e irrecuperables, adulterando la voluntad popular.
La Sala del Tribunal Supremo ha desestimado la pretensión de extender la suspensión a esos 189.678 descendientes, pero no por respaldar la validez jurídica de sus inscripciones, sino por razones estrictamente procedimentales. Los magistrados han argumentado que, a tan solo dos semanas de la apertura del voto en urna en los consulados y habiéndose consumado más de la mitad del periodo electoral, adoptar una nueva suspensión masiva provocaría una «perturbación grave de los intereses generales» y una quiebra de la certidumbre en los plazos de la campaña.
Voto particular alerta sobre la invalidez de votos irrecuperables
Pese al criterio mayoritario de la Sala respecto a los plazos, la resolución ha evidenciado una severa discrepancia interna a través del voto particular discrepante formulado por el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero. El juzgador ha defendido con firmeza que el Supremo debía haber acordado la suspensión cautelar del voto de la totalidad de los descendientes para mantener la coherencia doctrinal frente al fraude del censo sanchista.
El magistrado Fonseca-Herrero ha advertido de que la protección de la integridad de las urnas debe situarse por encima de los imponderables de calendario, recalcando que «la seguridad jurídica electoral debe prevalecer» y alertando de que una eventual rectificación o anulación posterior del censo en el procedimiento principal «no permitiría recuperar los efectos de los votos ya contabilizados» una vez escrutadas las papeletas el 29N. Por su parte, la magistrada Ana Millán ha formulado un voto concurrente apoyando el sentido de la decisión respecto a los hijos, aunque discrepando de la fundamentación técnica de la mayoría.
El efecto llamada del sanchismo desborda Canarias con más de 19.000 llegadas de ilegales en 2026
Con este fallo, el escenario ante el 29N queda acotado en términos estrictos: el sanchismo ve definitivamente desbaratado su plan para computar los 162.454 sufragios irregulares de la masa de nacionalizados exprés, mientras que 189.678 descendientes indirectos podrán participar provisionalmente debido a la inminencia del calendario de depósito de voto consular.