Ceuta, lunes 09 de noviembre de 2026 (Lasvocesdelpueblo y EFE).- Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional ha ejecutado a primeras horas de la mañana de este lunes 9 de noviembre de 2026, desde antes de las 06:00 horas, un segundo operativo de desalojo e intervención en el campamento temporal instalado en el Muelle de Poniente del puerto de Ceuta para proceder a su clausura definitiva. Agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) han procedido al desmantelamiento de las 50 carpas levantadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y al traslado en autobuses policiales de los indocumentados allí concentrados hacia el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal y otros recursos insostenibles, en medio de un absoluto y sospechoso hermetismo del Gobierno socialcomunista presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón sobre el destino final y las expulsiones reales de los extranjeros que asaltaron las fronteras españolas.
El despliegue policial en la zona portuaria de la Ciudad Autónoma responde a la imperiosa necesidad de desarticular unos asentamientos informales que han colapsado la operatividad e infraestructuras del municipio desde la entrada masiva sufrida en la frontera sur. Sin embargo, la gestión gubernamental vuelve a quedar señalada por el secretismo que envuelve la tramitación de expedientes de devolución y la reubicación territorial.
La Policía liquida el campamento del puerto bajo la opacidad del sanchismo
La intervención arrancó en la madrugada del domingo y ha continuado a primera hora de este lunes con un notable número de efectivos policiales acordonando los accesos al puerto ceutí. La Jefatura Superior de Policía ha confirmado que este segundo operativo persigue «trasladar a todos los migrantes tanto a otros asentamientos establecidos por el Gobierno como al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), en el caso de aquellas personas que todavía no hayan sido debidamente filiadas».
El plan del Ejecutivo consiste en clausurar progresivamente los siete recintos temporales de acogida habilitados en distintos puntos de la ciudad tras las avalanchas migratorias registradas a finales del pasado mes de julio, infraestructuras que llegaron a sumar un volumen de 7.000 plazas improvisadas y en las que constaban empadronados o censados de manera oficial «en torno a 5.800 personas». Pese al desmantelamiento de las carpas de la AECID en el Muelle de Poniente, el Ministerio del Interior no ha aportado datos precisos sobre el número de resoluciones de expulsión ejecutadas con éxito en coordinación con las autoridades marroquíes ni las cuotas reales de repatriación.
Reagrupamientos e incertidumbre ante la dispersión de ilegales
La maniobra de reagrupamiento emprendida por las fuerzas de seguridad conduce a los indocumentados en autobuses blindados hacia el recinto de El Tarajal para formalizar los trámites de filiación e incoación de expedientes de expulsión conforme a la Ley de Extranjería. No obstante, diversas fuentes de la investigación advierten del grave riesgo de que estos traslados masivos funcionen como una pasarela encubierta para la redistribución y reparto de inmigrantes ilegales por diversas regiones del territorio peninsular, saturando los servicios de atención pública de las comunidades autónomas.
La insostenibilidad de los campamentos provisionales y el impacto continuado sobre la seguridad en las zonas limítrofes desnudan las carencias del modelo de fronteras abiertas impulsado por el Gabinete de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. La falta de contención en el perímetro fronterizo y el uso reiterado de instalaciones de emergencia evidencian la ausencia de un plan riguroso de protección de la soberanía nacional, sustituido por parches asistenciales y maniobras de reagrupamiento que ocultan a la opinión pública la cifra real de extranjeros que permanecen en suelo español sin regularizar.
