Madrid, lunes 5 de octubre de 2026 (Lasvocesdelpueblo).– El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado forzar de forma inmediata a la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón a desalojar la acampada ilegal de los grupos de la ultraizquierda instalada en la Puerta del Sol en defensa de la okupación e inquiokupación, como había solicitado con carácter cautelarísimo el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside la dirigente del Partido Popular (PP), Isabel Natividad Díaz Ayuso.
La verdad del caso Maricarmen y la manipulación de la izquierda
La realidad detrás del denominado «caso Maricarmen» desnuda la absoluta quiebra del escudo social del que presume el Ejecutivo de coalición y expone una cruda problemática de desprotección habitacional y burocrática que nada tiene que ver con las consignas ideológicas de la extrema izquierda. La afectada, lejos de ser el icono revolucionario que pretenden dibujar las terminales mediáticas afines a la Moncloa, representa la viva imagen de las víctimas del abandono institucional del sanchismo. Los colectivos antisistema y las plataformas afines al asalto de la propiedad privada han tergiversado de manera espuria su situación particular para camuflar como «causa social legítima» lo que no es más que una flagrante vulneración del ordenamiento jurídico y un atropello directo a los pequeños propietarios.
Esta burda instrumentalización ha sido asumida de manera directa y coordinada por los partidos oficialistas de la coalición gubernamental, el Partido Socialista (PSOE) y la ultraizquierda de Movimiento Sumar, quienes han salido en tropel a jalear y legitimar políticamente la acampada ilegal de la Puerta del Sol. Ambas formaciones, acorraladas por la creciente contestación social y sus propios escándalos, han visto en el sufrimiento de esta ciudadana un oportuno balón de oxígeno político para reactivar su agenda de hostilidad contra la propiedad privada y el libre mercado. Con un cinismo atroz, los portavoces de Sumar y los satélites mediáticos del PSOE utilizan este drama humano como un ariete ideológico para blanquear la «okupación» y la «inquiokupación», pretendiendo normalizar que el derecho a la vivienda se consiga mediante el delito y el asalto, en lugar de a través de políticas públicas eficaces de suelo y vivienda social.
Al amparar esta movilización ilegal frente a la Real Casa de Correos, el aparato socialcomunista no solo busca desestabilizar políticamente al Gobierno autonómico madrileño, sino también blindar judicialmente un modelo de impunidad que desprotege al ciudadano trabajador en favor del infractor. El silencio y la manifiesta inacción del delegado del Gobierno, el socialista Francisco Martín Aguirre, al calificar la okupación del espacio público como «respeto al ordenamiento jurídico», demuestra que el sanchismo ha decidido aliarse de forma abierta con el radicalismo callejero. Esta pinza entre el oficialismo del PSOE-Sumar y las huestes ultraizquierdistas en la calle confirma la estrategia de erosionar las instituciones del Estado y justificar el asalto patrimonial, convirtiendo la céntrica plaza madrileña en un laboratorio de agitación política promovida por la condescendencia ministerial.
Escuchar previamente a la Administración General del Estado
Según ha avanzado este lunes la Agencia EFE, la sección sexta de lo Contencioso-Administrativo del TSJM considera que concurren «circunstancias de especial urgencia», pero entiende que no puede adoptar una decisión «con las debidas garantías» sin escuchar previamente a la Administración General del Estado, según recoge el auto dictado este lunes. El tribunal no entra todavía en el fondo del recurso y tiene en cuenta tanto «la eventual afectación del derecho de reunión de las personas efectivamente acampadas» como «la irreversibilidad de las consecuencias» que tendría autorizar el desalojo solicitado por la Comunidad de Madrid.
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Los magistrados advierten además de la posibilidad de que el desalojo requiriese «medidas de compulsión física» por parte de las fuerzas de seguridad si los manifestantes se negasen a abandonar el lugar, una circunstancia que, a su juicio, hace necesario conocer el criterio, las alegaciones y los motivos de la Delegación del Gobierno. No obstante, el tribunal ha reducido hasta el próximo miércoles a las 9:00 horas el plazo para que la Administración General del Estado presente su escrito, dadas las concretas circunstancias del caso.
En su argumentación, los magistrados recuerdan igualmente la necesidad de que cualquier actuación de este tipo sea proporcionada y citan la legislación de seguridad ciudadana, que establece que las medidas de intervención destinadas a mantener o restablecer la seguridad en reuniones y manifestaciones deben ser graduales y proporcionadas a las circunstancias y que la disolución constituye el último recurso.
Ayuso alegó daños, perjuicios al turismo y falta de higiene
El Gobierno de Ayuso había solicitado el desalojo después de considerar que el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón se había negado a ordenar a la Policía Nacional que actuara ante lo que calificó como una ilegal ocupación del espacio público. La Comunidad de Madrid también acusó al Ejecutivo central de no haber actuado para proteger la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, ante posibles daños, ni la estatua del Oso y el Madroño.
Entre los argumentos para pedir el desalojo, el Gobierno madrileño había señalado asimismo los perjuicios que la acampada estaría provocando al turismo y al comercio, la falta de condiciones de higiene y la alteración de los actos programados con motivo de la celebración del 12 de octubre.
La Comunidad interpuso el recurso después de enviar un requerimiento al delegado del Gobierno en Madrid, el socialista Francisco Martín Aguirre, al que recriminó su inacción y dio un plazo de 48 horas para desalojar la plaza. Martín respondió que la Delegación estaba desarrollando las actuaciones que resultan procedentes y sostuvo que la acampada muestra pleno respeto al ordenamiento jurídico.