Redacción.- Barcelona (España), jueves 30 de abril de 2020. El Colegio Oficial de Enfermería de Almería, como representante de cerca de 3.400 profesionales de toda la provincia, se ha adherido a la querella interpuesta por el Consejo General de Enfermería de España (CGE) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón Soria, así como a varios cargos de su departamento. Concretamente, a la directora general de Promoción de Salud Pública, Calidad e Innovación, a la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública y la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado de forma unánime hace unas semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería ante la falta de suficiente material de seguridad para los enfermeros en la asistencia de los pacientes con Covid-19, sumado a la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el fallecimiento de varios de ellos.
En el caso de Almería, tal y como dio a conocer en una carta Manuel Vida, gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, han sido 14 profesionales los contagiados por coronavirus.
La querella, que era presentada por parte del Consejo General de Enfermería en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, detalla un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, siendo el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad al menos desde finales de enero de la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones oportunas para dotar a todos los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios.
Además, el Colegio de Enfermería de Almería recuerda que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos, como mascarillas, o los test sin la fiabilidad suficiente.
«La escasez de materiales de protección y la sobrecarga asistencial están presentes en esta crisis sanitaria y, el gobierno está obligado a garantizar el suministro de material y equipo en términos de cantidad y calidad, y de no hacerlo está poniendo en riesgo la seguridad de casi 3.000 enfermeras y enfermeros alaveses», ha asegurado Hosanna Parra, presidenta del Colegio de Enfermería de Álava.
Otras acciones
Además de esta querella, el pasado 31 de marzo, el Pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Enfermería (CAE), entre los que se encuentra el Colegio Oficial de Enfermería de Almería, interpuso por unanimidad una denuncia por la vía penal contra la delegada del Gobierno en Andalucía, así como las máximas autoridades y responsables de la Junta de Andalucía, por un delito contra la seguridad en el trabajo y prevención de riesgos de los profesionales sanitarios andaluces, entre los que se ha alcanzado un 23% de contagiados por Covid-19 debido a la falta de material de seguridad y la descoordinación entre las administraciones públicas en la gestión de los servicios sanitarios.
En este sentido, María del Mar García, presidenta del COE Almería, expresa que «han dejado a los trabajadores que los integran en el más absoluto desamparo».
El Colegio de Enfermería de Almería ve esta situación como algo crítico que están sufriendo las enfermeras y enfermeros de la provincia en primera persona.
«Pedimos que para poder iniciar la desescalada sea imprescindible la realización de las pruebas diagnósticas, no solamente para el personal sanitario, sino a toda la población almeriense», añade María del Mar García.
