Redacción – Unas 40 organizaciones se han sumado a la denuncia promovida por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Alianza por la Solidaridad Action-Aid, que hemos denunciado hoy que la última instrucción de la Junta de Andalucía, relativa a la matriculación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, «excluye de cualquier bonificación de pago a aquellas familias cuyo padre o madre se encuentran en situación administrativa irregular». Para estas entidades pro inmigración, «esto supone en la práctica, la expulsión de niños y niñas del sistema educativo» en lo que, denominan, una «práctica inadmisible de racismo institucional» por parte del Gobierno de la Comunidad autónoma de Andalucía. Sevilla (España), jueves 17 de diciembre de 2020.
Esta es la conclusión del Informe «Familias Invisibles: La Administración nos da la espalda. Barreras en el acceso al primer ciclo de escuelas infantiles. Análisis y demandas», un estudio en el que se han entrevistado a decenas de centros educativos, trabajadores y trabajadoras sociales, que incluye consultas a la Administración, y en el que las organizaciones hemos constatado que siguiendo las últimas instrucciones que recibieron las escuelas infantiles, a las personas que no cuentan con DNI o NIE -y de las que la Agencia Tributaria no tiene información- se les asigna directamente cero puntos, quedando excluidas de la bonificación.
Esta práctica significa su exclusión del sistema educativo y de los servicios asociados a los centros, como la atención educativa, el aula matinal o el comedor, denunciamos las organizaciones. «Además, sin darle opción como a otras personas, de presentar otro tipo de documentación, como podría ser la declaración jurada».
Una situación similar ya fue denunciada por APDHA en los en los años 2013 y 2014.
«La situación administrativa no puede operar como base para la exclusión de derechos reconocidos a la infancia», dice APDHA.
«Estamos ante un trato discriminatorio por la situación documental del padre o madre, que implica una vulneración a los derechos esenciales de la infancia y de las familias», subrayamos desde los colectivos.
Además, recordamos a la Administración andaluza que «esta bonificación se ha establecido como un mecanismo para garantizar la inclusión» y que «la educación infantil no puede ser un privilegio».
Aseguramos que, al mismo tiempo, hemos podido comprobar la existencia de plazas no cubiertas en los centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda para el fomento de la escolarización.
Del mismo modo, nos mostramos muy preocupadas por el impacto que esta situación tiene en las vidas de numerosas mujeres, madres y migrantes, porque «cuando fallan todos los mecanismos de protección y conciliación, el peso de los cuidados recae mayoritariamente sobre las mujeres y quedan expuestas a una mayor vulnerabilidad social, dado que se dificultan aún más las posibilidades de obtención de ingresos mínimos para sostenerse a ellas y a sus familias».
Queja ante Educación y el Defensor del Pueblo
Las organizaciones hemos presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) y un escrito ante la Consejería de Educación y Deporte y la Agencia Pública Andaluza de Educación con una serie de demandas.
Entre ellas, exigimos la revocación de esta última instrucción, la adopción de un protocolo que garantice procedimientos de acceso inclusivos, solicitando que se considere «la declaración jurada como el único mecanismo que puede garantizar el acceso sin barreras administrativas a los servicios de educación infantil», y la urgencia de «un nuevo plazo extraordinario de matriculación y bonificación de plazas, para que puedan acceder a la mayor brevedad los niños y niñas que quedaron excluidos».
Las organizaciones informamos a la Junta de Andalucía de que la instrucción del pasado mes de febrero, que ha dado origen a este desamparo institucional de niños y niñas, es contraria a otras normativas de rango superior como la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas infantiles, y el Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía.
Asimismo, «recordamos que la etapa educativa de la educación infantil, especialmente el primer ciclo (0-3 años), reviste una importancia fundamental» y que «cada una de las leyes estatales y autonómicas que la regulan afirman que debe tener un carácter compensador de las desigualdades, especialmente para la población con desventaja sociocultural».
Organizaciones que se adhieren a la campaña «Familias Invisibles: La Administración nos da la Espalda»:
A.C.C.S. Córdoba Solidaria
Accionenred Andalucía
África con voz propia
Alianza por la Solidaridad Action-Aid
Asamblea de Andalucía
Asamblea Feminista Unitaria Granada
Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. AFUS
Asociación Andaluza Africando
Asociación Claver- Servicio Jesuita a Migrantes
Asociación Cultural de Nacionales de Nigeria en Andalucía
Asociación DARAY Coki solidaridad
Asociación feminista Kódigo Malva
Asociación Nosotras por los cuidados y el empleo de hogar Granada
Asociación Portal Progresivo de Inmigrant Cultura Africana
Asociación socio cultural Adultos Cartuja
ASPA
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
ATA-Sylvia Rivera
Café Afrofeminista Sevilla
Cáritas Diocesana de Sevilla
CEI Nazaret
CEI Virgen del Pilar
Centro de Iniciativas para la Cooperación, Batá (C.I.C. BATÁ)
CESPYD. Centro de Investigación-Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla
Colectivo de Prostitutas de Sevilla
Colectivo Feminista Trebujena
Colectivo Sirirí: Mujeres Migrantes Creando
Coordinadora Colectivos feministas Provincia de Cádiz
Diapó con África
Entrepueblos /Entrepobos/Entrepobles/Herriarte
Escuela Infantil ‘San Jerónimo’
Federación de Asociaciones de Madres Solteras
Granada Acoge
Indigenous people of biafra
Iniciativa Cambio personal, Justicia global
Llano Acoge
MAD África
Marea Violeta Sanlúcar
Mujeres Feministas de Cádiz
Mujeres supervivientes
Plataforma Somos Migrantes