Redacción – Tres alumnos catalanes y un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el «Acuerdo del Consejo de Gobierno» de la (UAB) que habilita un mecanismo de «evaluación única para dar satisfacción a las peticiones de los estudiantes» separatistas que «han participado en las protestas, convocadas contra la sentencia del Procés [SENTENCIA 459_2019] del Tribunal Supremo que condenó a varios implicados en el intento de derogación de la Constitución en Cataluña el pasado año 2017. para los recurrente, el acuerdo de la (UAB) va contrala «falta de neutralidad» y además, denuncian ante el Tribunal se trata de una «instrumentalización partidista de la institución» que llega así a la «forma de evaluación», lo que, insisten la presidente de Se Ha Acabado, Julia Moreno, y el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, «también es contrario a Derecho». Barcelona (España), domingo 24 de noviembre de 2019.
El digital español Ñ Pueblo lasvocesdelpueblo ha mantenido hoy una conversación con fuentes de la Ejecutiva de una de las entidades recurrentes que se hace llamar ¡Se Ha Acabado! (S’Ha Acabat).
Para los estudiantes catalanes de la entidad «¡Se Ha Acabado!» (S’HA ACABAT!) y las entidades catalanas: «Universitarios por la Convivencia» y «Impulso Ciudadano», la «ejecución del mecanismo de «Evaluación Única»» del Consejo de Gobierno de la (UAB) «implica que se elaboren listados de alumnos que pueden facilitar la creación de perfiles ideológicos dentro del alumnado. Estos listados son creados al margen de cualquier habilitación legal y en contra de lo preceptuado en la normativa sobre protección de datos por lo que consideramos imprescindible que se ponga fin de inmediato a su creación y tratamiento».
Los profesores y estudiantes de otras universidades están valorando si interponer más recursos ante lo que ¡Se ha Acabado! y Universitarios por la Convivencia consideran «una nueva instrumentalización, manifiestamente ilegal, de las universidades públicas a favor de los postulados nacionalistas (separatistas), cediendo, además, ante tácticas de coacción absolutamente incompatibles con un entorno democrático».
LA UAB CAE EN MANO DEL SEPARATISMO
Los alumnos son Julia Moreno, estudiante del doble grado en Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente de la entidad de jóvenes catalanes que se hace llamar ¡Se ha Acabado! «S’ha Acabat» —»un grupo numeroso de gente joven que ante el deterioro democrático en Cataluña y la constante vulneración de los derechos de todos decidimos exclamar con determinación, fuerza y optimismo: «¡Se Ha Acabado!» (S’HA ACABAT!), afirman en sus estatutos— junto a dos estudiantes de ésta entidad: Alex Serra, el vicepresidente de ¡Se Ha Acabado! y estudiante del doble grado en ADE y Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona; y Paula Díaz, la responsable de Relaciones Institucionales de Se Ha Acabado y estudiante del doble grado de Física y Química en la Universidad Autónoma de Barcelona; y el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, miembro de la entidad «Universitarios por la Convivencia» (Universitaris per la Convivència) y vicepresidente de la entidad que lidera el activista vecino de Cataluña, José Domingo, que se hace llamar «Impulso Ciudadano».
Los recurrentes han explicado este viernes, 22 de noviembre de 2019, a los medios en la Ciudad de la Justicia de Barcelona que han interpuesto el «recurso al no tener otra alternativa ante una medida contraria a Derecho, que vulnera la normativa académica, supone un cambio del sistema de evaluación con el curso ya iniciado, implica el apoyo explícito de la Universidad a unas protestas de carácter partidista (contraviniendo así la institución su obligación de neutralidad) e implica, además, la creación de bases de datos sin cobertura legal que permitirían vincular a los alumnos con determinadas posiciones ideológicas», han explicado los estudiantes catalanes.
La presidente de ¡Se Ha Acabado!, Julia Moreno, y el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, han detallado los argumentos en que se basan para considerar contrario a Derecho el acuerdo impugnado:
«1.- Supone una excepción singular (para un caso concreto) a la normativa de la UAB en materia académica, lo que es contrario a lo previsto en el artículo 37.1 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
2.- La evaluación única introducida desconoce las exigencias derivadas de la normativa universitaria sobre correspondencia entre evaluación y resultados de aprendizaje. Choca, además, con la obligación de que los elementos esenciales del curso, incluida la forma de evaluación, sean conocidos con anterioridad al inicio del mismo.
No se pueden cambiar las reglas sobre evaluación una vez iniciado el curso. Todas estas irregularidades, además, pueden tener transcendencia en los procesos de verificación y acreditación de los títulos universitarios con las consecuencias que ello tendría para los estudiantes y para el conjunto de la comunidad universitaria.
3.- El cambio en el sistema de evaluación no solamente no responde a razones académicas, sino que se ha hecho explícito que su justificación es completamente extraacadémica. En concreto, la propia Rectora de la UAB afirmó que buscaba mantener la paz social; esto es, plegarse a las peticiones de los estudiantes que han participado en las protestas contra la Sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes secesionistas.
En este sentido, el acuerdo es colofón del manifiesto firmado por los rectores de las universidades públicas el 14 de octubre, y que ha sido declarado contrario a la obligación de neutralidad de las administraciones en período electoral por la Junta Electoral Central, y a los manifiestos aprobados una semana después por los claustros de las universidades.
Esta falta de neutralidad y la instrumentalización partidista de la institución llega así a la forma de evaluación, lo que también es contrario a Derecho.
4.- Finalmente, la ejecución del mecanismo de Evaluación Única implica que se elaboren listados de alumnos que pueden facilitar la creación de perfiles ideológicos dentro del alumnado. Estos listados son creados al margen de cualquier habilitación legal y en contra de lo preceptuado en la normativa sobre protección de datos por lo que consideramos imprescindible que se ponga fin de inmediato a su creación y tratamiento».
Así han denunciado ante el tribunal y a la prensa éste viernes.
«Medidas cautelares»
Dada la «gravedad de la situación y los perjuicios que se derivarían de un retraso en la resolución del recurso planteado», agregan a la prensa, en este primer escrito ante el Tribunal, los recurrente han solicitado la «adopción de la medida cautelar de suspensión de la ejecución del acuerdo impugnado».
De no adoptarse esa suspensión cautelar podría suceder que los estudiantes que se acogieran al mismo no pudieran ser finalmente evaluados, al haber dejado pasar la posibilidad de hacerlo a través del único mecanismo legal: «la evaluación continua, imposible de recuperar una vez concluido el curso. Los recurrentes han explicado a la prensa que esa suspensión es la que mejor garantiza los derechos de todos y evita las dificultades que se derivarían de que una vez concluido el curso se declarara la ilegalidad del mecanismo de evaluación única», han añadido.
Los profesores y estudiantes de otras universidades están valorando si interponer más recursos ante lo que ¡Se ha Acabado! y Universitarios por la Convivencia consideran «una nueva instrumentalización, manifiestamente ilegal, de las universidades públicas a favor de los postulados nacionalistas (separatistas), cediendo, además, ante tácticas de coacción absolutamente incompatibles con un entorno democrático».
