Lasvocesdelpueblo y Agencias.- El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la conocida Ley de Memoria Histórica, ahora bautizada por el Gobierno socialcomunista de España del presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón como «Ley de Memoria Democrática«, con el voto a favor de PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, PNV, PDeCAT y Más País y con la abstención de ERC, que reclamaba un texto más ambicioso. JxCat y CUP han votado en contra porque consideran la norma insuficiente. PP, Vox y Cs se han opuesto frontalmente a la ley. El texto declara la ilegalidad del régimen franquista y la nulidad de las resoluciones de sus tribunales, pero no modifica la ley de amnistía de 1977, una de las reivindicaciones de los partidos separatistas que reclamaban tocarla para investigar y juzgar en España los crímenes del franquismo. La norma ha obtenido 173 votos a favor, 159 en contra y 14 abstenciones.
La norma ha logrado así el apoyo parlamentario suficiente pero nace sin un consenso social y político amplio. La mayoría de las víctimas del franquismo y algunos partidos de izquierda como ERC la consideran insuficiente. La derecha y políticos como el expresidente socialista Felipe González critican el acuerdo entre el gobierno de Pedro Sánchez y EH Bildu para sacar adelante la norma tras la aprobación de varias enmiendas. El PP como Cs han acusado al ejecutivo socialcomunista de cuestionar la Transición Española.
Uno de los elementos más criticados por la derecha es que se haya incluido una enmienda que prevé la creación de una comisión técnica que estudie posibles vulneraciones de derechos humanos de personas que lucharon «por la consolidación de la democracia» hasta 1983.
Esta enmienda amplía en un año lo que ya habían pactado PSOE y Unidas Podemos, incluyendo así el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de Gobierno de Felipe González.
Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez remarcan que esto no implica extender la aplicación de la norma hasta ese año sino que se limita temporalmente hasta la aprobación de la Constitución de 1978. Lo que se extiende hasta 1983 es la posibilidad de estudiar violaciones de derechos humanos para que expertos puedan proponer el reconocimiento y reparación de las víctimas, pero las mismas fuentes precisan que esto no abre la puerta a investigaciones judiciales.
A raíz de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu y el PDeCAT el texto ha incorporado algunos elementos reivindicados, como la declaración explícita de la ilegalidad de los tribunales franquistas, el reconocimiento de las instituciones de autogobierno catalanas como objeto de reconocimiento y reparación, y la consideración de víctimas de las lenguas y culturas catalana, vasca y gallega.
Una reivindicación no atendida es el traspaso de la titularidad de las dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de la Vía Layetana de Barcelona a la Generalidad de Cataluña, para que pueda convertir en Museo (del separatismo y ultraizquierda) el edificio y convertirlo en un Centro de Memoria (odio a España).
Ir más allá de la Ley de memoria histórica
La Ley de Memoria Democrática busca mantener el recuerdo de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista a través de los principios de «verdad, justicia y reparación», así como fomentar el conocimiento de aquéllas figuras individuales y colectivas que hicieron posible la Transición.
El gobierno pretende superar con esta norma la ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que será derogada con la entrada en vigor del nuevo texto norma, previsiblemente en septiembre, después de su votación definitiva en el Senado y su publicación en el BOE.
La nueva ley establece de forma expresa que la búsqueda de las alrededor de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas.
Para ello, el Estado elaborará un mapa de localización de las personas desaparecidas y creará un banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura para poder comparar perfiles genéticos en la identificación de restos.
El texto declara ilegales tanto al régimen franquista como a sus tribunales, y en consecuencia, la nulidad de todas sus condenas.
Además, amplía la definición de víctimas al incluir a las personas LGTBIQ+, a los niños adoptados sin consentimiento de sus progenitores, ya las lenguas y cultura vasca, catalana y gallega, entre otros casos.
Otra medida prevista es la creación de un fiscal de Sala para la investigación de violaciones de derecho internacional y derechos humanos durante el golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
No modifica la ley de amnistía La ley de memoria democrática no modifica la ley de amnistía de 1977, tal y como reivindicaban los partidos independentistas, que reclamaban retocarla para poder investigar y juzgar en el Estado los crímenes del franquismo.
Sin embargo, la norma establece que todas las leyes españolas se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho Internacional, especialmente el Derecho Internacional Humanitario, «según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de ‘imprescriptibles y no amnistiables».
Por otra parte, la norma contempla la creación de un inventario estatal de sitios de memoria democrática. En esta lista, el Valle de los Caídos pasará a denominarse «Valle de Cuelgamuros» y tendrá un nuevo marco jurídico, puesto que se declarará extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de quien depende el monumento administrado temporalmente por Patrimonio Nacional. Además, los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, puesto que no podrán estar en un lugar preeminente como hasta ahora.
Otras medidas de carácter simbólico son la supresión de un total de 33 títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, entre ellos los de duque de Primo de Rivera, Calvo Sotelo y Mola.
Con el objetivo de realizar pedagogía entre las nuevas generaciones, la nueva ley de memoria establece la actualización de los contenidos curriculares de ESO, FP y Bachillerato para reflejar la “represión que se produjo durante la guerra y la dictadura”.
Por último, garantiza el derecho al acceso libre, gratuito y universal a los archivos públicos y privados sobre todos los hechos ocurridos entre el golpe de Estado de 1936 y la Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978.
