Lasvocesdelpueblo y Agencias.- Barcelona (España), jueves 14 de julio de 2022. La procesada por corrupción, presidente del Parlamento de Cataluña y líder de JxCat, Laura Borràs Castanyer, ha denunciado la «desproporción» de las penas que le pide la Fiscalía en el escrito de acusación, donde le atribuye un delito continuado de prevaricación y uno de falsedad en documento público con el agravante de prevalecerse de su carácter público. En una rueda de prensa Borràs se ha reafirmado en su inocencia y ha asegurado que esta «desproporción» es lo que demuestra la «persecución política». Por su parte el secretario general de JxCat e indultado político preso del procés, Jordi Turull Negre, ha pedido reunirse con los demás partidos independentistas para hacer frente común. «O el independentismo se planta o pone alfombra roja a la represión», ha dicho.
En una rueda de prensa desde la sede de JxCat, Borràs ha dicho que «la desproporción» de las acusaciones de la fiscalía es precisamente «la evidencia» de la «persecución política».
Justamente por este motivo ha reclamado que se respete su presunción de inocencia. «Nunca he pedido que nadie me absuelva, sólo pido que no me condenen antes de ser juzgada; que no haya cómplices de mi condena política», ha dicho Borràs.
A lo largo de su intervención Borràs ha defendido su inocencia. «Hice mi trabajo y lo hice muy bien hecho; siempre desde el servicio a la literatura, los escritores y la Institución de las Letras Catalanas (ILC), y no al servicio de ningún otro propósito espurio como se dice en la base de las acusaciones. Son acusaciones infundadas y soy inocente de lo que me acusa porque nunca he cometido ningún delito», ha sentenciado.
Sin malversación ni fraude administrativo
En el escrito de acusación finalmente no se han incluido los delitos de malversación de fondos públicos ni fraude administrativo, como sí apuntaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), porque la fiscalía considera que no hay indicios suficientes.
Para Borràs que hayan caído estos dos delitos demuestra la «persecución» que ha sufrido hasta el momento, asociándola «injustamente» con «delitos gravísimos».
«Después de cuatro años de soportar la etiqueta de corrupta, ladra y malversadora ahora la fiscalía dice que no», ha relatado Borràs, quien ha remarcado que aunque no será juzgada por estos dos delitos «el mal ya está hecho».
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Añade: «Mucha gente me ha condenado sin ni siquiera necesitar juicio. ¿Quién me resarce? ¿Dónde está la reversibilidad?», ha preguntado. Precisamente por eso ha pedido «una reflexión» a quien «con demasiada ligereza y frivolidad» ha dado por buenas acusaciones «que ni la fiscalía considera consistentes».
«No voy a dimitir»
La actual presidenta del Parlamento de Cataluña ha insistido en que no dimitirá después de que desde varios sectores se lo haya reclamado, y ha insistido en que el objetivo es «apartarla» de la vida política.
En relación con el artículo del Reglamento –el artículo 25.4– que apunta que en los casos que exista una acusación a algún diputado por delitos vinculados a la corrupción y se les abra juicio oral hay que suspender «inmediatamente» sus derechos y deberes, Borràs ha insistido en que se trata de una «vulneración de los derechos fundamentales».
La procesada presidente de la cámara catalana ha remarcado que nunca ha pedido que «nadie se salte el Reglamento» pero ha subrayado que quien tendrá que decidir si se aplica este artículo finalmente, en caso de que se abra juicio oral, es la Mesa (donde ella, su partido y ERC y CUP tienen la mayoría absoluta).
«Los jueces deberían hacer de jueces, y en el Parlamento de Cataluña los diputados deben hacer de políticos y no de jueces. En la Mesa hay diputados, no jueces, y deben tomar decisiones políticas que tendrán consecuencias políticas», ha resumido.
En esta línea, ha dicho que será la Mesa del parlamento de Cataluña quien tomará la «decisión política» y ha confiado en que lo harán con «conciencia» para que se incumpla el Reglamento del parlamento en su artículo 25.4 y que ella pueda continuar en el puesto durante el proceso judicial.
Frente común del separatismo
Por su parte, el secretario general de la derecha separatista JxCat e indultado político preso golpista dle procés, Jordi Turull Negre, ha expresado el apoyo «total y granítico» del partido en Borràs y ha reclamado que el separatismo haga un frente común en su defensa.
«¿Qué más debe pasar y que más tenemos que ver y sufrir?», ha preguntado retóricamente, para añadir después que «no se puede caer en la trampa».
En este sentido, ha dicho que hablarán con todas las fuerzas separatistas para que «no hagan el juego por acción u omisión en las cloacas del Estado».
Según Turull se trata de un momento «de emergencia democrática y de represión absoluta».
El secretario general del partido ha rechazado comparar el 1-O, caso que le llevó a cumplir pena de prisión, con el caso de Borràs. Turull lo ha enmarcado en la represión del Estado al independentismo y ha dicho que «no se trata de una competición».
Escrito de la fiscalía
La fiscalía pide a Borràs seis años de cárcel, 21 años de inhabilitación para cargos públicos y unos 144.000 euros de multa por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público con el agravante de prevalecerse de ser carácter público.
En su escrito, el ministerio público acusa a la actual presidenta del Parlamento de haber adjudicado directamente y de forma irregular a un amigo suyo informático 18 contratos menores cuando ella estaba al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) por valor de más de 300.000 euros.
En cambio, no le acusa de malversación de fondos públicos porque no ve probado que se pagara un sobreprecio por los trabajos realizados.
