Efe – Una vez pagada, Francisco Granados podrá salir de la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra actualmente y después deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes, los días 1 y 15. Madrid (España), miércoles 17 de mayo de 2017. Fotografía: El exconsejero madrileño Francisco Granados. Archivo Efe.
El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, que abandonará la instrucción en los próximos días por su inminente traslado a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, ha impuesto hoy una fianza de 400.000 euros en metálico al exconsejero madrileño y exdirigente del PP de Madrid Francisco Granados para poder eludir la prisión tras más de dos años y medio encarcelado.
Velasco ha decidido en un auto modificar la situación de prisión incondicional, en la que se encuentra Granados desde el 31 de octubre de 2014, a la vista de los últimos registros en relación con Arpegio-Prisma, que disminuyen el riesgo de destrucción y desaparición de pruebas, y teniendo en cuenta que ya se ha levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas.
Después de que la defensa de Granados pidiera su excarcelación en reiteradas ocasiones, Velasco ha acogido la última solicitud, del pasado 5 de mayo, al considerar que se ha rebajado el riesgo de fuga por el tiempo transcurrido en prisión.
Pese a todo ello, el juez de la Audiencia Nacional entiende que no han desaparecido por completo esos riesgos y por ello le impone el abono de 400.000 euros en metálico para poder salir de la cárcel, lo que le impide depositar bienes como pago de esa cantidad.
Una vez pagada, Granados podrá salir de la prisión de Estremera (Madrid) en la que se encuentra actualmente y después deberá comparecer en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio dos veces al mes, los días 1 y 15.
A estas medidas cautelares se añade la prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de facilitar número de teléfono y correo para estar localizado de forma permanente.
Hoy se ha conocido, además, que Velasco abandonará en los próximos días la instrucción de los casos Púnica y Lezo, entre otros, al dejar su puesto en el Juzgado de Instrucción número 6 para irse a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Velasco pidió su traslado, a pesar de estar en medio de esas y otras destacadas investigaciones, y el Consejo General del Poder Judicial se lo ha concedido.
A pesar del recurso presentado por cinco jueces de la Audiencia Nacional contra la adjudicación de las plazas a Velasco y al magistrado Enrique López, que acabará siendo revisado por el Tribunal Supremo, este no suspenderá, mientras resuelve el asunto, el traslado de Velasco.
Hasta que elijan a un nuevo titular del juzgado, será Carmen Lamela, la juez titular del Juzgado Central número 3 de la Audiencia, la que se ocupará de los sumarios del caso Lezo o Púnica.
En relación a este último caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha vuelto a defender su honorabilidad tras el informe conocido ayer de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se detectaban indicios de cohecho y prevaricación por su papel en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011 al grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.
No obstante, tanto el juez Velasco como la Fiscalía descartan actuar contra la presidenta al no hallar pruebas de su vinculación con la financiación ilegal del PP.
Con independencia de que no aprecie responsabilidad en el papel de Cifuentes, Velasco y las fiscales anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García avalaron en sendos escritos el pasado 6 de marzo, cinco días después de presentarse el informe de la UCO, que los contratos entre la Asamblea de Madrid y el grupo Cantoblanco, presentaban irregularidades.
En un segundo informe fechado el pasado 27 de marzo y conocido hoy, la UCO concluye que Cifuentes tuvo que ser partícipe «directa» y conocedora de que se hizo de forma irregular.
Este segundo informe recoge las declaraciones los pasados 8 y 9 de marzo de tres personas investigadas que participaron en la adjudicación en 2009 y 2011 supuestamente a dedo al Arturo Fernández del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid.
Esos tres imputados situaron a Cifuentes en dos reuniones en las que se habló de las diferentes ofertas para esos concursos, de los que la presidenta madrileña participó como presidenta de la mesa de adjudicación pero también como miembro del comité de expertos que evaluaba a los licitadores, dos cargos que la UCO cree incompatibles.
Cifuentes ha negado hoy que cuestione la labor de la Guardia Civil y a la UCO, pero ha matizado que «se pueden cometer errores».
Desde las asociaciones de guardias civiles han recordado a Cifuentes la «neutralidad», «buen hacer» y «profesionalidad» de la UCO, que nunca ha trabajado al servicio de ningún partido y ha gozado y goza de una gran credibilidad.
